Economía: ¿se debilita la confianza?

Diversas razones explican el bajón de la economía peruana, que ha llevado a que el Banco Central de Reserva (BCR) reajuste su proyección de crecimiento del producto bruto interno (PBI) para este año: del 2,2% al 0,9%. Además, según el reporte de inflación de setiembre del mismo banco, la inflación ha subido ligeramente por encima de lo previsto en junio, del 3,3% al 3,8%, sobre todo por el impacto de los factores climáticos en los precios y la producción de alimentos.

Un informe de El Comercio (16/9/2023) recoge declaraciones del presidente del BCR, Julio Velarde, quien considera que las razones de la reducción del PBI son la sequía que afecta al sur, El Niño que perturba en el norte tanto la producción agropecuaria como la pesca y los conflictos sociales habidos a comienzos de año. Paola Herrera, del Instituto Peruano de Economía (IPE), y Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico, completan el cuadro en el mismo informe: el impacto climático afecta, sobre todo, los sectores primarios, mientras que los sectores relacionados con la construcción y la manufactura se han visto perjudicados “por la inestabilidad política y la poca confianza de los empresarios locales y extranjeros”. Coincidentemente, el mencionado reporte de inflación del BCR reconoce que la contracción de la economía, en especial en la inversión y el consumo privados, tiene relación con el hecho de que la confianza empresarial “no se ha recuperado de acuerdo con lo esperado”.

¿Cuál es el origen de esta “poca confianza” de los empresarios? ¿Es que los gobernantes se han convertido en un factor que desestabiliza decisiones de inversión en áreas sensibles para la creación de empleo, como construcción y manufactura? Todo indica que la torva política nacional es un factor de descenso de la inversión. Iniciativas como el intento de desaforar, bajo una modalidad sumaria, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el criticable predictamen de recorte de la libertad de expresión no hacen sino abonar a este indeseable clima de inestabilidad y reducción de confianza.

Como evidencia de la inestabilidad, cabe recordar los pobres porcentajes de aprobación de los gobernantes arrojados por la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (agosto, 2023): solo el 7% de Lima Metropolitana aprueba al Congreso, mismo porcentaje que lo apoya en el sector A/B a escala nacional; y, desde la fecha de inicio de la gestión del Legislativo (agosto del 2021) hasta la actualidad, la aprobación general al Congreso ha descendido del 32% al 6%. Por su parte, la aprobación a la presidenta Dina Boluarte es del 16% en Lima Metropolitana, con una aprobación general que ha descendido casi nueve puntos desde inicios de este mismo año: 19,3% en enero a 10,5% en agosto.

No obstante, el Congreso y el Ejecutivo son inmunes a lo que estime la población, quizá porque la saben sin el poder suficiente para modificar su cómoda situación actual. Existe además, en paralelo, un sector minoritario pero influyente de actores políticos y económicos que desde el inicio de este nuevo gobierno considera que bien les vale la pena sostenerlo, a pesar de sus evidentes carencias, porque prefiere apostar por un experimento conocido, aunque infortunado, que por una opción futura sin ganador previsible. ¿Será inamovible este punto de vista, a sabiendas de los riesgos de una recesión alentada por la incertidumbre?