Se rompe el empate

Las últimas semanas han mostrado un cambio de ‘momentum’ en la política peruana. Poco ha variado en la correlación de fuerzas desde la elección –Congreso entrampado, presidente impopular, Ejecutivo incapaz–, pero la llegada de la fiscalía y las seis investigaciones que ha abierto contra Pedro Castillo, que se ha traducido ya en una prisión preventiva de 30 meses contra su cuñada y la posibilidad de que la primera dama Lilia Paredes corra similar suerte, han provocado una respuesta del Gobierno que, creo yo, ha comenzado a romper el empate o el equilibrio precario entre los actores del sistema y llevado a Castillo a cruzar el Rubicón de la erosión democrática ante la pasividad del resto del elenco.

Comentaba antes que una variable para explicar la debilidad del presidente era su impopularidad. No se puede llegar a conclusiones definitivas con una muestra reducida, pero tampoco es difícil de suponer que el presidente establezca una relación causa-efecto entre su contraataque y el aumento reciente en su aprobación. La última encuesta del IEP publicada el domingo muestra que la opinión pública parece haber respondido favorablemente al cambio de estrategia, y el Gobierno vuelve a subir cinco puntos y retoma el casi 30% que tenía cuando el Ministerio Público no era un actor protagónico. Mucho se ha escrito y analizado para intentar explicar la fuente de ese rebote, que se produce cuando más complicado parece estar en términos judiciales, pero más preocupante es que esto puede envalentonar aún más a un presidente bastante cómodo en la ofensiva.

No soy adepto de la imagen de la pendiente resbaladiza, pero las últimas acciones de este gobierno no solo sugieren que hay un incremento en los ataques a los críticos u opositores a él, sino que los intentos por obstruir las investigaciones son cada vez más transparentes y burdos.

Hace unos meses, el presidente se deshizo del hoy exprocurador general del Estado. Como lo demostró claramente en su columna José Ugaz el domingo, la remoción arbitraria y sin causal de Daniel Soria (el defensor del Estado) a manos de aquellos a quienes empezaba a investigar (el Gobierno) es un hecho muy grave que, sin embargo, pasó relativamente desapercibido.

Ahora va por Harvey Colchado, lo que ha requerido de un nuevo cambio de dirección de la policía para posiblemente asegurar que se dé curso a la ‘vendetta’. Aunque el congresista Carlos Anderson sostenga que la salida de Colchado gatillaría una moción de vacancia, nada sugiere que los votos se muevan efectivamente.

De forma preocupante, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, continúa sus ataques contra la fiscalía (además de la prensa) y ahora acusa a un sector de “la administración de justicia que investiga a la familia del presidente” de estar tomado por el narcotráfico. No debería sorprender que la defensa del presidente se aproveche de los cuestionamientos (muy delicados, por cierto) que existen sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para desacreditar o desmantelar las investigaciones que lo sindican como cabecilla de una organización criminal establecida con el fin de saquear el Estado.

Y, como queda claro, el problema no es solo la legitimidad de la fiscalía. No hay capacidad de respuesta. El Congreso quemó sus chances con mociones de vacancia pueriles y ha demostrado ser incapaz de servir como contrapeso al Ejecutivo (la continuidad de Geiner Alvarado, hoy investigado, en el Gabinete es tan increíble como lo fue la de Juan Silva, hoy prófugo). Por eso, tan importante como el repunte del presidente es el absoluto desprestigio del Congreso. Difícil pensar que seguimos con el partido empatado con una ofensiva populista y confrontacional que no ha encontrado respuesta en la oposición. El equilibrio ya se rompió.