Por qué las ciudades ricas se rebelan, por Jeffrey D. Sachs

Tres de las ciudades más prósperas del mundo han estallado en reclamos y disturbios este año. París ha enfrentado protestas desde noviembre del 2018, poco después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, aumentara los impuestos al combustible. Hong Kong ha estado convulsionada desde marzo, después de que su jefa ejecutiva, Carrie Lam, propusiera una ley que permite la extradición a China continental. Y Santiago estalló este mes después de que el presidente Sebastián Piñera ordenara un incremento en los precios de los pasajes del metro. Cada protesta tiene sus factores locales distintivos, pero, en conjunto, cuentan una historia más amplia de lo que puede suceder cuando una sensación de injusticia se combina con una percepción generalizada de baja movilidad social.

Según la métrica tradicional del PBI per cápita, las tres ciudades son ejemplos de éxito económico. El ingreso per cápita ronda los US$40.000 en Hong Kong, supera los US$60.000 en París y gira en torno a los US$18.000 en Santiago. En el Informe Global de Competitividad 2019 publicado por el Foro Económico Mundial, Hong Kong ocupa el puesto número 3, Francia el 15 y Chile el 33 (el mejor en América Latina por un amplio margen).

Sin embargo, si bien estos países son bastante ricos y competitivos, sus poblaciones están disconformes con aspectos esenciales de sus vidas. Según el Informe sobre la Felicidad Mundial 2019, los ciudadanos de Hong Kong, Francia y Chile sienten que sus vidas están considerablemente estancadas.

Cada año, la encuesta Gallup les pregunta a personas en todo el mundo: “¿Está satisfecho o insatisfecho con su libertad para elegir lo que quiere hacer con su vida?”. Mientras que Hong Kong se ubica en el noveno lugar a nivel global en PBI per cápita, ocupa un puesto muy inferior, el número 66, en términos de percepción pública de la libertad personal para elegir un camino en la vida. La misma discrepancia es evidente en Francia (puesto número 25 en PBI per cápita, pero 69 en libertad de elección) y Chile (48 y 98, respectivamente).

Irónicamente, tanto la Heritage Foundation como la Simon Fraser University sostienen que Hong Kong goza de la mayor libertad económica en todo el mundo, pero los residentes de Hong Kong están desanimados frente a su libertad para elegir. En los tres países, los jóvenes de las urbes que no nacieron en un contexto próspero están desesperanzados ante las opciones que se les presentan para encontrar una vivienda asequible y un trabajo decente. En Hong Kong, los precios de la propiedad en relación a los salarios promedio están entre los más altos del mundo. Chile tiene la mayor desigualdad de ingresos en la OCDE. En Francia, los hijos de las familias de élite tienen amplias ventajas en el curso de su vida.

Debido a los precios muy elevados de la vivienda, la mayoría de la gente se ve obligada a vivir lejos de los distritos comerciales centrales y, por lo general, dependen de vehículos personales o transporte público para llegar al trabajo. Gran parte de la población, por ende, puede ser especialmente sensible a los cambios en los precios del transporte, como quedó demostrado en la explosión de las protestas en París y Santiago.

Hong Kong, Francia y Chile no son los únicos que enfrentan una crisis de movilidad social y reclamos por la desigualdad. Estados Unidos está experimentando tasas de suicidio en alza y otras señales de tensión social, como los asesinatos masivos, en un momento de desigualdad sin precedentes y de un colapso de la confianza pública en el gobierno. Estados Unidos, sin duda, verá más explosiones sociales en el futuro si continúa sin cambios en materia política y económica.

Si pretendemos prevenir este desenlace, debemos aprender algunas lecciones de los tres casos recientes. Las protestas tomaron por sorpresa a los tres gobiernos que, al haber perdido el contacto con el sentimiento popular, no lograron anticipar que una acción política aparentemente modesta desataría una explosión social masiva.

Quizá más importante, y menos sorprendente, sea el hecho de que las mediciones económicas de bienestar tradicionales son totalmente insuficientes para conocer los verdaderos sentimientos de la población. El PBI per cápita mide el ingreso promedio de una economía, pero no dice nada sobre su distribución, las percepciones de justicia o injusticia de la gente, la sensación de vulnerabilidad financiera de la población u otras condiciones (como la confianza en el gobierno) que pesan mucho en la calidad de vida general. Por otra parte, los ránkings como el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation y la medición de Libertad Económica del Mundo de la Simon Fraser University tampoco capturan demasiado sobre la sensación subjetiva de justicia de la población.

Para aprender sobre estos sentimientos, es necesario preguntarle a la población directamente sobre su satisfacción en la vida, su sensación de libertad personal, su confianza en el gobierno y sus compatriotas, y sobre otras dimensiones que pesan profundamente en la calidad de vida y, así, en las perspectivas de agitación social. Esa es la estrategia adoptada por las encuestas anuales de Gallup sobre bienestar, que junto con mis colegas reportamos cada año en el Informe sobre la Felicidad Mundial.

La idea de desarrollo sostenible, reflejada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por los gobiernos del mundo en el 2015, es avanzar más allá de los indicadores tradicionales, hacia un conjunto de objetivos mucho más rico, que incluya la justicia social, la confianza y la sustentabilidad ambiental. Los ODS, por ejemplo, llaman especialmente la atención no solo sobre la desigualdad de ingresos, sino también sobre mediciones más amplias del bienestar.

A toda sociedad le conviene tomar el pulso de su población y prestarles mucha atención a las causas de infelicidad y desconfianza social. El crecimiento económico sin justicia y sustentabilidad ambiental es una receta para el desorden. Necesitaremos una provisión mucho mayor de servicios públicos, una mayor redistribución y una mayor inversión pública para alcanzar la sustentabilidad ambiental. Aun políticas aparentemente sensatas como poner fin a los subsidios al combustible o aumentar los precios del metro para cubrir los costos conducirán a disturbios masivos si se llevan a cabo en condiciones de baja confianza social, alta desigualdad y una sensación generalizada de injusticia.

–Glosado, editado y traducido–