De cara al bicentenario, por Mario Ghibellini

El presidente Vizcarra no se rinde (bueno, aquí en Lima, porque en Arequipa, como hemos visto, capitula al primer carraspeo de quien lo está enfrentando). A pesar de que su afán por conseguir un adelanto de elecciones no parece estar encaminado al éxito, él insiste.

En un discurso ante las Fuerzas Armadas y Policiales pronunciado ayer en Chorrillos, por ejemplo, ha dicho: “Con miras al bicentenario de nuestra independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa. Los peruanos exigen un nuevo destino de progreso, desarrollo y bienestar para todos. Los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas, como corresponde en la democracia”. Una cháchara solemne en la que se presenta como intérprete espontáneo de las demandas del “Perú entero”, sin otra aparente herramienta que lo que indican las encuestas.

Para darle pompa de efeméride a su proclama, además, ha añadido aquello de “con miras al bicentenario”: una variante de la expresión que da título a esta columna y que tanto él como el primer ministro Del Solar han untado con generosidad sobre los anuncios de las conquistas que este gobierno supuestamente está a punto de redondear.

De cara al bicentenario, en efecto, se va a distribuir mejor el presupuesto, se va a avanzar denodadamente en la lucha contra la corrupción, se va a desterrar la violencia contra la mujer y, por qué no, se van a incrementar los vuelos al Cusco.

La verdad, no obstante, es que en el Congreso no son tan obedientes como en el Ejército, por lo que las posibilidades de que una mayoría de sus integrantes se resigne al plan de Vizcarra lucen remotas.

—Pintura y colmillos—

Los signos de que no existe en el recinto de la plaza Bolívar un ánimo favorable a complacer la última veleidad del jefe de Estado están a la vista. Por un lado, la designación de Rosa Bartra para repetir el plato en la presidencia de la Comisión de Constitución y la de Tamar Arimborgo para encabezar la de Educación son indicaciones inequívocas de que el fujimorismo está con la cara más embadurnada que nunca de pintura de guerra. Y por otro, el hecho de que un ramillete de parlamentarios que fueron ministros de este gobierno renuncie de pronto a la bancada oficialista constituye una exhibición de colmillos al mandatario que difícilmente se puede ignorar.

Los congresistas, como es obvio, no quieren irse a su casa. Pero, adicionalmente a ello, tienen argumentos válidos para resistir el adelanto del calendario electoral al que se los intenta empujar. Veamos cuáles.

La llegada de Vizcarra al poder no se acomoda ni por asomo a la figura del gobierno de transición de la que ahora quieren persuadirnos. Él se presentó como primer vicepresidente de una ‘plancha’ que ofrecía gobernar el país por cinco años. Es decir, al pedirle el voto a la ciudadanía estaba comprometiéndose con ella a que, si lo elegían junto a sus compañeros de fórmula y luego por alguna razón quien la presidía debía dejar el cargo, él culminaría el período presidencial tratando de sacar adelante el plan de gobierno que habían propuesto. En las buenas y en las malas.

¿A qué viene, entonces, este arrebato de querer liquidar todo a la ‘prepo’ cuando las cosas comienzan a adquirir para él un perfil ingrato? Si no tenía el estambre para lidiar con eventuales escenarios adversos, Vizcarra sencillamente no debería haberse presentado de vicepresidente. Pero lo hizo y ahora le tocaría apechugar con las consecuencias de su compromiso.

Si por una vez la representación nacional estuviese dispuesta a jugar la carta de la institucionalidad, tendría que dejar de lado las majaderías de la vacancia y forzar más bien al actual presidente a culminar su mandato, como establece la Constitución. Un acto que tendría de paso la virtud de ser el peor escarmiento para su vana pretensión de ser, siempre y a cualquier precio, popular.

—Muletilla reinterpretada—

Obligar al mandatario a mantenerse en el poder hasta el 2021 serviría primordialmente el propósito de dejar establecido que no se puede estar tratando de trastocar el ordenamiento constitucional cada vez que hay una crisis política y la gente está irritada con los ventajistas que eligió para el Congreso o el incapaz que pudo haber encumbrado en la presidencia. También los ciudadanos tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestras acciones.

Pero, como decíamos, en este caso supondría además colocar a Vizcarra ante la necesidad de enfrentar la factura de lo que ha hecho como jefe de Estado. Esto es, de haber conspirado para tirarse abajo la licencia concedida por su propio gobierno para un proyecto minero que iba a traer beneficios económicos para la región de Arequipa y para todo el país y de espantar con ello la inversión privada, no solo en ese sector sino en todos los demás, con las gravísimas consecuencias que eso traerá para el crecimiento económico (un rubro en el que ya las últimas y penúltimas noticias son malas).

De haber impulsado, asimismo, la indispensable reforma del sistema de justicia con tanta premura –a fin de capitalizar el efecto político de tocar con aparente energía un asunto tan sensible para la ciudadanía– que ahora se encuentra empantanada y sin dirección clara. Y de no haber sabido, en suma, qué hacer con la seguridad, el empleo, la salud y la educación. ¿O alguien ha notado cambios importantes en alguna de esas materias durante su administración?

En esta pequeña columna tenemos la impresión de que el actual mandatario quiere disfrazar de generosidad lo que en realidad es una huida de su inoperancia y de que, por las razones antes expuestas, no habría que permitírselo: que llegue al 2021 y le dé así todo un nuevo sentido a la muletilla aquella que nos ha venido machacando desde que se ciñó la banda presidencial.