Intérpretes de facto

Los integrantes del actual Consejo de Ministros entienden poco. Eso está claro. Pero es también una circunstancia con la que, mal que bien, los peruanos habíamos aprendido a vivir desde que los vimos jurar el cargo. Que de pronto quieran ellos hacer de ese escaso entendimiento un arma política, sin embargo, constituye ya una temeridad inaceptable.

La reflexión viene a cuento por algo que el premier Aníbal Torres dijo en su presentación de este jueves ante el pleno del Congreso. Después de enunciar el asunto sobre el que pretendía formular cuestión de confianza –y en alusión a quienes debían responder ante ello– el jefe del Gabinete demandó: “No optemos por términos oscuros, términos ambiguos, por decir que no es admisible, que es improcedente”. La Constitución, recordó, habla de una confianza “rehusada” como requisito para la caída del equipo ministerial que la presenta. Y luego añadió: “El rehusamiento puede ser por cualquiera de esos mecanismos: declarar la inadmisiblidad, la improcedencia o cualquier otro; y eso, por supuesto, lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza”. Una sentencia en la que se postuló como intérprete ‘de facto’ de lo que ‘de jure’ no le corresponde interpretar.

–Una cosa es una cosa–

“Entender” como sinónimos de rehusamiento las voces que a ellos les parezca es, en efecto, no solo un abuso del derecho por parte del presidente del Consejo de Ministros y sus minions, sino también un atropello a la lengua. Por un lado, porque, como señalábamos al principio, el verbo resulta excesivo en asociación con los miembros del actual Gabinete. Y, por otro, porque ‘rehusar’ significa, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, “no querer o no aceptar algo”. ‘Rehusamiento’ (una forma sustantivada de ese verbo que el diccionario no registra, pero que el sistema admite) sería, en consecuencia, la no aceptación de algo. La ‘improcedencia’, en cambio, es definida como la “falta de oportunidad, de fundamento, o de derecho” de algo. Es decir, como el establecimiento de la ausencia de las características que ese mismo algo requeriría para poder ser aceptado o rehusado. Y como repiten los discípulos locales de Parménides, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

En lo que concierne a la dimensión legal del problema, por otra parte, sucede que, para acabar con el cuento aquel de la confianza “fácticamente denegada”, la ley 31355, promulgada por el Congreso en octubre del año pasado y plenamente vigente, precisó que la confianza en estos casos “es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación”. Agrega el texto de la norma que el resultado de esa votación es “comunicado expresamente” al Ejecutivo mediante un oficio y que el Parlamento es el único que “puede interpretar el sentido de su decisión”.

En otras palabras, a los ministros, del primero al último, no les toca interpretar nada. Pero, claro, en su afán de atarantar a los abundantes incautos que circulan por el hemiciclo, algunos de ellos se han hecho eco de la luminosa idea del premier Torres sobre su pretendida condición de exégetas de la ley (y hasta de los silencios del Parlamento). Y así, la posibilidad de que el Gobierno asuma una eventual declaración de improcedencia como equivalente a un rehusamiento se daría, según el titular de Justicia Félix Chero, “en estricto cumplimiento de lo que dicen los artículos 133 y 134 de la Constitución”. Para no ser menos, el responsable de la cartera de Trabajo, Alejandro Salas, se ha precipitado también sobre los micros de la prensa para proclamar que “es una facultad exclusiva y excluyente del Ejecutivo interpretar lo que vaya a responder el Congreso”.

Como se ve, todo vale en aras de la consecución de lo que esta administración se propone. Y lo que se ha propuesto ahora es tan obvio, que el ministro Torres se ha apresurado a negarlo. “No vengo a presentar el proyecto de ley para cerrar el Congreso”, afirmó el jueves frente a la representación nacional. Y como es lógico, no le creyeron ni los Elvis y Darwins. De hecho, es probable que, después de la amenaza implícita en su discurso, los infantes abiertos y ocultos del Legislativo hayan comenzado a mirar al Gobierno con otros ojos. Para volver a Parménides, una cosa es un presidente que te ayuda con tus mañas y otra, uno que se carga para siempre tu posibilidad de ensayarlas.

–Generales de ley–

Sea como fuere, la suerte del número de ilusionismo semántico y legal que el presidente del Consejo de Ministros tiene entre manos no se definirá solamente en el Parlamento o en el Tribunal Constitucional (si este decidiera tomar cartas en el asunto). Dependerá en gran medida de que las Fuerzas Armadas respeten la condición de “no deliberantes” que les asigna la Constitución. Esto es, de que ellas estén hoy comandadas por literales generales de ley.

De no ser así, el Gobierno podría sostenerse a pesar de su atentado contra el estado de derecho… Pero sería un gobierno tan ‘de facto’ como los intérpretes a los que hoy les dedicamos esta pequeña columna: una circunstancia que, tarde o temprano, acaba con alguien tras las rejas. Y eso lo entienden hasta los integrantes de este Gabinete.