Me vale el saber, por Mario Ghibellini

–La escasez y los escasos–

Según enseña la historia, por otra parte, en el año 301 de nuestra era, el emperador romano Diocleciano dictó un famoso “edicto sobre precios máximos”. La norma fijaba precios para 1.300 productos y servicios (que cubrían rubros tan distintos como los de alimentos, vestimenta o transporte) y establecía al mismo tiempo la pena de muerte contra los “especuladores”, a los que culpaba de la carestía y equiparaba a los bárbaros que amenazaban ya en aquel entonces al imperio. ¿El resultado? Escasez, mercado negro y, desde luego, un derramamiento de sangre que habría hecho feliz a Daenerys Targaryen.

Las razones por las que esto fue así, y lo será siempre, han sido ya bien explicadas en estas mismas páginas por los economistas Iván Alonso o Diego Macera, lo que nos exime de ensayar aquí una exposición menos docta al respecto. Permítasenos agregar como detalle pintoresco, sin embargo, que el historiador británico Edward Gibbon, cuya obra más importante fue la “Historia de la decadencia y caída del Imperio romano”, incluyó entre las causas de esto último al infausto edicto.

Se pueden mencionar, por cierto, otros ejemplos que se remontan a la época de la Revolución Francesa o al primer gobierno de Alan García y confirman la veracidad de la relación causa-efecto entre el control de precios y las calamidades ya mencionadas, pero el de Diocleciano es el caso paradigmático y el que por más tiempo ha estado en las páginas de los libros… aunque inútilmente, al parecer. Por lo menos en lo que a los políticos hambrientos de aplausos concierne.

¿De qué otra manera entender, si no, el necio empeño de distintos congresistas y ministros por establecer sanciones contra la “especulación y el acaparamiento”? Aunque rehúyan la expresión “control de precios” y prefieran dorar la píldora con eufemismos del tipo “regulación” o “supervisión”, lo que está de por medio es evidentemente la fijación de un precio máximo –homenaje al edicto de Diocleciano– de un determinado bien y la “regulación” o “supervisión” de ese precio para que no sea burlado por los protervos comerciantes que quieren lucrar con la necesidad ajena en una emergencia como la actual. Por el momento, además, los ímpetus de control se concentran en los medicamentos, ¿pero cuánto tardarán en extenderse –como en la antigua Roma– a los alimentos, la vivienda o la vestimenta? ¿No son acaso esos asuntos tan de primera necesidad como las medicinas?

En la biblioteca del Congreso, habrá sin duda volúmenes que abordan los episodios históricos que aquí recordamos. ¿Pero a quién le importan los conocimientos cuando está poseído por la sed de decirle a la gente lo que quiere escuchar? Porque, claro, al común de las personas le puede parecer que ponerles topes a los precios es la solución a que estos anden subiendo, a pesar de que eso sea como tapar la olla para no enterarnos de que el agua esté hirviendo. Y aclamarán al que puso la tapa… hasta que el agua se rebalse y los sancoche. Sobre eso también la historia ha impartido lecciones.

Escasos en su propia ley, los representantes del Ejecutivo o el Legislativo que están detrás de esta enésima imposición de un control de precios en el devenir de la especie parecen creer que, por una curiosa alineación planetaria, esta vez las cosas sucederán de una manera distinta.

Quiera la Providencia evitarles la amarga constatación de lo contrario. Es decir, ojalá que sus afanes no prosperen y se conviertan en ley.

–Omittamus studia–

“Dejemos los estudios, es dulce la desidia”, aconsejaban los cantos goliardos de los siglos XII y XIII reunidos en el códice conocido como “Carmina Burana”, que mucho tiempo después Carl Orff aprovechó para la composición de la cantata del mismo nombre. Pero, vamos, aquello estaba dirigido a los jóvenes que tenían apremios hormonales difíciles de postergar para aprenderse las declinaciones del latín.

Entre nosotros, no obstante, personas más bien maduras (nos referimos estrictamente a una cuestión de edad) y con responsabilidades de conducción en la llamada “nave del Estado” darían la impresión de haber escuchado también la alegre invocación y haber echado la geografía, la historia, la economía y las recomendaciones sobre el uso adecuado del lenguaje por la borda, para inscribirse en un concurso que bien podría llamarse “Me vale el saber” o “Las palmas magisteriales no existen” (solo las populacheras).