El hospital Victor Larco Herrera tiene 138 pacientes de larga estancia. (Foto: GEC)
El hospital Victor Larco Herrera tiene 138 pacientes de larga estancia. (Foto: GEC)
Cristina Fernández

En el 2018, el Ministerio de Salud (Minsa) estimó que 4’514.781 peruanos padecían de algún problema de y solo el 20% de ellos recibía tratamiento. Pese a que el Minsa también advirtió del crecimiento de esta población, el presupuesto asignado para la atención de personas con estos diagnósticos sigue representando el 0,1% del presupuesto nacional.

“El Perú está cambiando el modelo de atención de la salud mental e incorporando el modelo de atención comunitario [que brindan atención especializada e integral de promoción, prevención y tratamiento de la salud mental]. Hace unos meses se aprobó la nueva Ley de Salud Mental, pero aún está pendiente su reglamentación. Hay algunos avances, pero se necesita una política integral para la atención de esta problemática”, señala Malena Pineda, jefa del Programa de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Ayer se presentó el Balance Nacional de la Política de la Salud Mental que elaboró esta institución para evidenciar la situación actual.

Según este balance [ver infografía], el país ha decidido abordar el problema de la salud mental bajo un enfoque comunitario y, con ello, eliminar el internamiento en centros psiquiátricos, pero no ha delimitado una única estrategia para lograrlo. Hasta la fecha no cuenta con un plan nacional multisectorial de salud mental comunitario.

“El Perú está llegando un poco tarde a la reforma de la atención de salud mental. Los médicos psiquiatras estamos preocupados, pero creemos que estamos a tiempo para analizar e implementar un plan nacional de atención multisectorial que también conlleve la mejora de las condiciones laborales para todo el personal que atiende la salud mental. Necesitamos decisión política”, indica el vicepresidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, Francisco Bravo.

—Bajo presupuesto—

El año pasado la defensoría advirtió, con la presentación de su informe N°180, del bajo presupuesto para el tratamiento de la salud mental. Una muestra de ello es que son pocos los hospitales generales del interior del país que cuentan con unidades de hospitalización y atención de salud mental y adicciones. Además, es lenta la creación de centros de salud mental comunitarios y de hogares protegidos para la desinstitucionalización y vida en comunidad de personas con problemas de salud mental en situación de abandono, en hospitales y calles.

El asesor del Ministerio de Salud, Humberto Castillo, precisa que, si bien el presupuesto sigue siendo insuficiente para atender la problemática, se ha ido incrementado con el paso de los años. “En el año 2000 el presupuesto fue de S/47 millones, en el 2015 subimos a S/87 millones. Este año iniciamos con S/287 millones y hemos logrado un incremento de S/24 millones más para cerrar el año”, explica.

El próximo año el presupuesto para la atención de la salud mental se incrementará en S/70 millones, y si es ejecutado con eficiencia y prontitud podría ser ampliado.

—Reglamentación—

La nueva Ley de la Salud Mental fue promulgada en mayo último. Según el Minsa, se viene trabajando en la elaboración del reglamento que sería publicado antes de terminar el año. “La reglamentación requiere la participación de diversos actores, ya la propuesta está próxima a publicarse para que la población en general dé sus aportes”, afirma Castillo.

Pineda, de la Defensoría del Pueblo, advierte que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 la depresión será la segunda causa de morbilidad en todo el mundo. “Es urgente que la prevención de los suicidios y de otros problemas de salud mental sean trabajados con acciones, indicadores y metas claras que involucren a diversos sectores”, agrega.

¿Qué estable la nueva Ley de Salud Mental?

-El objetivo es garantizar el acceso a los servicios, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

-Tiene en cuenta el modelo de atención comunitaria, así como el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona.

-Considera prioritario el cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables (primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores).