La mayoría de casos están relacionados con delitos contra la libertad sexual: 815 personas separadas. (Foto: Andina)
La mayoría de casos están relacionados con delitos contra la libertad sexual: 815 personas separadas. (Foto: Andina)

El (Minedu) informó que entre el 1 de abril de 2024 y el 29 de mayo de 2025 ha separado a un total de 972 personas –831 docentes y 141 trabajadores administrativos (por contar con condenas o procesos judiciales por delitos graves, como violación de la libertad sexual, terrorismo, homicidio doloso, feminicidio y parricidio, entre otros). Estas personas trabajaban en 844 instituciones educativas públicas y 128 privadas.

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De los 972 separados, 162 fueron retirados de forma definitiva al tener sentencias condenatorias emitidas por el . Además, 810 docentes y administrativos que se encuentran actualmente procesados judicialmente han sido separados de manera preventiva, en resguardo de la comunidad educativa.

El mayor número de casos corresponde a delitos contra la libertad sexual, con 815 personas implicadas (703 docentes y 112 administrativos). También figuran 75 personas vinculadas a terrorismo o apología del terrorismo, 22 por tráfico ilícito de drogas, 20 por homicidio doloso, y 11 por proposiciones sexuales a menores a través de medios tecnológicos.

En los casos más graves, se identificó que dos docentes están siendo procesados por feminicidio, y un trabajador administrativo fue separado definitivamente por tener una sentencia por parricidio.

El ministro de Educación, , remarcó que esta labor es parte del compromiso del sector para garantizar entornos escolares seguros:

Estamos trabajando permanentemente para detectar y retirar del sistema educativo a cualquier persona que represente un riesgo para nuestros estudiantes”, afirmó.

La medida se ampara en la Ley 29988, que regula acciones extraordinarias para remover del sistema educativo a quienes enfrenten denuncias o condenas por delitos como terrorismo, violación sexual y tráfico de drogas.

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Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados a 2,086 docentes, denunciados por faltas muy graves –entre ellas violación sexual y terrorismo– quienes están impedidos de ser contratados o nombrados en colegios públicos y privados del país.

Estas acciones buscan reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, y consolidar espacios escolares seguros y libres de violencia.

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