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La mayor área recuperada se registró en Marcona, en la región Ica, con 2´430.885,13 m2 de terreno público. (Foto: SBS)
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) informó que, a través de la Procuraduría Pública, recuperó 2´640.876,90 metros cuadrados (m2) de terrenos del Estado ubicados en cuatro regiones, durante el primer trimestre del 2021.
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Los terrenos recuperados están distribuidos en siete predios, tres de ellos ubicados en el distrito de Marcona, en la provincia de Nazca, Ica, cuya área total es de 2´430.885,13 m2.
Asimismo, en el norte, en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara, Piura, la SBS recuperó un área de 4.390,70 m2. Mientras, en Chimbote, en la provincia del Santa, Áncash, recobró un predio de 774.06 m2 y en el distrito de Ancón, Lima, un área de 204 827.01 m2.
Durante las diligencias se hallaron módulos precarios de vivienda, palos, cercos de alambres y púas, los cuales fueron removidos del lugar. Con ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP), se recuperó los terrenos de manera pacífica sin mediar resistencia con los invasores, informó la SBN.
Marco legal
La SBN señaló que las recuperaciones extrajudiciales que realizó lo hizo en aplicación de los artículos 65 y 66 de la Ley 30230, la cual señala que el Estado puede ejecutar acciones legales inmediatas para cautelar el patrimonio nacional y así frenar las invasiones y la venta informal de terrenos.
El artículos 65 de la mencionada ley, por ejemplo, establece que las “entidades del gobierno nacional, regionales o locales (...) deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se realicen en los predios bajo su competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el Registro de Predios o en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales; y recuperar extrajudicialmente el predio cuando tengan conocimiento de dichas invasiones u ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad”
La SBN recordó que, según el Código Penal vigente, los delitos por usurpación y tráfico ilícito de terrenos estatales son sancionados con 5 a 12 años de pena privativa de la libertad.
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