Pedro Castillo: Estos son los cinco recursos con los que se pretende anular su prisión preventiva

Con ello suman cinco recursos constitucionales que se encuentran en trámite solo en la Corte Superior de Justicia de Lima y en los que se cuestionan la detención y prisión preventiva del exjefe de Estado.

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El 7 de diciembre de 2022, Castillo Terrones debía presentarse ante el Congreso de la República para afrontar una moción de vacancia. La tercera desde que asumió el cargo en julio del 2021. Sin embargo, minutos antes del mediodía de ese miércoles, el expresidente decidió -vía un mensaje a la Nación- dirigir un golpe de Estado vía la intervención y reorganización de otros poderes como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como de organismos constitucionalmente creados.

Sin embargo, Castillo se quedó solo. Ni las Fuerzas Armadas ni alguna institución apoyó ir en contra del Estado constitucional de derecho. El expresidente, decidió salir de Palacio de Gobierno rumbo la Embajada de México (San Isidro) que días previos había anunciado su intención de asilarlo junto a su familia.

Mientras ello ocurría, el Congreso de la República -que siguió en funciones- vacó a Castillo del cargo presidencial

Sin embargo, al haber perpetrado el quiebre del orden constitucional, Castillo Terrones fue detenido en flagrancia y viene siendo procesado por el presunto delito de rebelión bajo prisión preventiva.

Tanto el juez supremo de primera instancia Juan Carlos Checkley como el tribunal supremo presidido por el juez supremo César San Martín, en la segunda instancia, han confirmado la prisión preventiva del exmandatario.

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Tras su detención, Castillo Terrones no solo llegó a tener 12 abogados; sino que también han recurrido a la vía judicial con diversos recursos que tratan de cuestionar los procedimientos de su detención, el procesamiento por rebelión hasta pedir la reposición de Castillo en el cargo, entre otras aspectos.

¿Cuáles son estos recursos constitucionales y quiénes lo han interpuesto?

Recientemente, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite un recurso de habeas corpus promovido por el abogado Gregorio Fernando Parco Alarcón, a favor de José Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez por supuesto atentado contra su libertad individual – derecho al debido proceso y motivacion de resoluciones judiciales.

El recurso fue planteado en contra el juez Juan Carlos Checkley Soria, los jueces supremos penales de la Corte Suprema del Perú César San Martín Castro, Manuel Luján Tupez, Carmen Paloma Altabas Kajatt, Erasmo Armando Coaguila Chávez y Norma Beatriz Carbajal Chávez que dictaron y confirmaron la prisión preventiva contra el expresidente.

En su recurso, Parco Alarcón solicita declarar nula la resolución que dictó los 18 meses de prisión preventiva y la resolución que confirmó dicha decisión, así como disponer la inmediata libertad.

Además, solicita al juez constitucional que se restituya a Castillo Terrones en su condición de presidente constitucional de la República del Perú y se anulen todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas y leyes que se opongan a su condición de Presidente Constitucional y se ratifique la disolución del Congreso de la República del Perú.

El amplio requerimiento judicial está en manos de la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño que ha dispuesto correr traslado a la Procuraduría Pública del Poder Judicial, a fin de que emita el descargo pertinente, debiendo sustentar sus descargos en la documentación que considere pertinente.

Nulidades y nuevos pronunciamientos

Otros dos recursos de hábeas corpus, interpuestos por el abogado Carlos Huerta Escate y el ciudadano Javier Francisco Huayhua Salas, también buscan favorecer a Castillo y se encuentran en el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima a cargo del juez Juan Ricardo Macedo Cuenca.

La demanda de Huerta ha sido admitida a trámite en contra de la Policía Nacional, el Procurador del Ministerio del Interior, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, el juez Checkley, los jueces de la sala suprema presidida por San Martín, el Congreso de la República, entre otros actores.

Como consecuencia de su demanda, solicita Huerta, se libere a Castillo, se anule las órdenes de detención y prisión preventiva, así como declarar nula la resolución que declara la vacancia dictada por el Congreso de la República.

Se ha solicitado los descargos de los Procuradores Públicos del Poder Judicial, Ministerio Publico, Ministerio del Interior y del Congreso de la República

Mientras que el recurso de Huayhua Salas, que aún está en calificación, coincide en solicitar que se ordene la libertad del exmandatario por detención arbitraria y orienta su demanda en contra del juez Checkley.

Cabe precisar que un anterior recurso de hábeas corpus presentado por Huayhua, cuestionando la vulneración de los derechos constitucionales a la libertad personal y debido proceso de Castillo, ya fue declarado “improcedente”.

El 4 de enero último, la Tercera Sala Constitucional de Lima anuló una resolución del Sexto Juzgado Constitucional de Lima que en diciembre había rechazado admitir a trámite un recurso de hábeas corpus presentado por Fernando Barrionuevo Blas a favor de Castillo, por haberse determinado que existía un recurso similar presentado por el mismo demandante.

En su resolución, el tribunal superior, recordó que para rechazar un recurso bajo el argumento de semejanza con otra demanda igual, esta debia ser adecuadamente fundamentada “donde se concluya que se ha verificado la existencia de identidad de partes, la existencia de identidad de petitorios y, la existencia de la identidad de títulos” del recurso.

Por ello, dispuso que un nuevo juez analice el recurso presentado a favor de Castillo Terrones y emita un nuevo pronunciamiento sobre la demanda de Barrionuevo.

Finalmente, está el recurso de hábeas corpus presentado por el abogado Raúl Noblecilla, quien fue uno de los abogados de Castillo tras el golpe de Estado.

Como se recuerda, esta demanda constitucional fue admitida en diciembre del 2022, y se orientaba a cuestionar al Congreso de la República del Perú “por la supuesta vulneración a su derecho constitucional a la libertad personal y derechos conexos, como consecuencia de la vulneración a la garantía del debido proceso” debido a la vacancia de Castillo Terrones.

En su petitorio, el abogado requirió que se ordene la libertad del expresidente “por haber sido detenido ilegal e inconstitucionalmente” a consecuencia de su vacancia, a la que calificó de “ilegal”, se declare la nulidad del procedimiento de vacancia llevado a cabo el día 7 de diciembre que fue plasmado en la Resolución del Congreso N° 001-2022-2023- GR; así como, la nulidad del procedimiento de levantamiento de la Prerrogativa de Antejuicio Político, plasmado y declarado mediante Resolución del Congreso N° 002-2022-2023-CR.

Este recurso viene siendo procesado por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima a cargo del juez Rosario Llanos Campos.

Hasta el momento, ninguno de los cinco recursos descritos tiene fecha de audiencia a fin de resolver el fondo de los requerimientos a favor de Castillo.

Este Diario trató de recoger la versión de Sandro Balvín, uno de sus abogados acreditados, para conocer si habían interpuesto algún recurso, pero solo se limitó a indicar que “estoy en eso”.

En la Corte Suprema

Cabe recordar que aún se encuentra pendiente el pronunciamiento judicial del juez supremo Juan Carlos Checkley respecto al recurso de “cuestión previa” que presentó el abogado Eduardo Pachas a favor de Pedro Castillo.

En dicho recurso, evaluado hace más de una semana, Pachas busca anular el procedimiento por el que Castillo es procesado por el delito de presunta rebelión debido al golpe de Estado de diciembre del 2022, cuestionando que el Congreso no realizó un debido proceso para levantar las prerrogativas constitucionales que protegían a Castillo como Presidente de la República.

Además, existe un recurso de casación interpuesto por el abogado Wilfredo Robles contra la prisión preventiva que también se encuentra en proceso de calificación ante la Corte Suprema.