Caso Árbitros de Odebrecht: PJ dicta 4 años de prisión contra el Juan de Dios Zorrilla

El Poder Judicial impuso una condena de cuatro años de prisión contra Juan de Dios Zorrilla, por el denominado caso ‘Árbitros’, vinculado con la empresa Odebrecht.

El Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, consiguió la sentencia de terminación anticipada.

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Además, el imputado debe cumplir la pena de multa de 60 días y el pago de reparación civil de S/ 380 000 a favor del Estado.

Esto significa la onceava sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato, cuyo coordinador es el fiscal superior Rafael Vela Barba. Además, se suma a las 61 sentencias condenatorias obtenidas por el proceso de colaboración eficaz.

Las investigaciones involucran cinco proyectos viales como la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), tramos 2 y 3, la Interoceánica Norte (IIRSA Norte), la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

Vale precisar que el caso “Árbitros de Odebrecht” se refiere a la investigación judicial en el Perú contra un grupo de abogados que actuaron como árbitros en controversias entre el Estado peruano y la constructora brasileña. Precisamente, entre ellos, se halla Juan de Dios Zorrilla.

Según el Ministerio Público, estos profesionales recibieron sobornos millonarios de la empresa a cambio de laudos favorables, lo que permitió que Odebrecht obtuviera compensaciones económicas que perjudicaron al Estado.

Las pesquisas revelaron que, mediante este mecanismo, Odebrecht consiguió ganar la mayoría de los arbitrajes en los que estaba involucrada. A cambio, la compañía habría entregado dinero en efectivo y transferencias encubiertas a los árbitros, disfrazadas como pagos de honorarios o servicios legales. Se estima que los perjuicios económicos para el Perú alcanzaron cientos de millones de dólares.

Entre los implicados se encuentran reconocidos abogados y árbitros nacionales, quienes enfrentan procesos por delitos de lavado de activos y cohecho. Este caso es considerado uno de los capítulos más graves del entramado de corrupción del Lava Jato en el Perú, pues expuso cómo se manipuló un sistema supuestamente neutral —el arbitraje— para favorecer intereses privados en perjuicio de los recursos públicos.