Comisión especial para elegir magistrados al TC pierde respaldo en el Congreso

Cuatro de las nueve bancadas que conforman la comisión especial encargada de la selección de los candidatos para el Tribunal Constitucional (TC) anunciaron el retiro de sus representantes. Luego, Acción Popular, que preside el grupo de trabajo, pidió su desactivación. Con ello, la comisión pierde el respaldo de la mayoría del pleno.

El sábado por la tarde, la bancada de AP, que presidía el grupo a través de Rolando Ruiz, circuló un pronunciamiento solicitando al pleno “la paralización del proceso” y “la desactivación de la comisión especial”. Esto, aseguraron, “por no existir las condiciones que generen una amplitud de consensos”.

Ruiz se había mostrado en contra de que el proceso se paralice, pese a las protestas. “En ese caso [de suspender la elección del TC] tendríamos que desactivar todo el aparato del Estado [...] no podemos esperar que se tranquilice la cosa para que el Perú siga caminando”, refirió el jueves.

Tres bancadas se habían pronunciado antes exigiendo que el proceso se suspenda hasta el siguiente Congreso. El viernes por la noche, Alianza para el Progreso (APP) informó que retiraba a su congresista Tania Rodas, quien tenía el cargo de secretaria de la comisión.

A través de un comunicado, la bancada exhortó a que el resto de grupos parlamentarios hagan lo mismo “y de esta forma lograr dejar sin efecto la actual comisión”, a fin de “permitir que sea el próximo Congreso el que se encargue de la elección de los nuevos magistrados del TC”.

El sábado anunciaron el retiro de sus integrantes el Partido Morado, que tenía al legislador Gino Costa; el Frente Amplio, cuya representante era Rocío Silva Santisteban; y Somos Perú, que había designado a Jorge Pérez.

“Hemos tomado dos decisiones. En primer lugar, enviarle un oficio de la bancada al presidente de la comisión, Rolando Ruiz, sugiriendo que se postergue todo, debido a las circunstancias políticas del país. No es el mejor momento para atravesar una situación de elección de un TC, que es muy sensible al tema de lo político. Lo segundo es retirarme de la comisión”, explicó Silva Santisteban a El Comercio.

Proceso sin respaldo

La comisión especial se instaló en agosto y, de acuerdo con su cronograma, para enero del 2021 el pleno del Congreso tendría que someter a votación las propuestas alcanzadas por la comisión.

Cada postulante requeriría de un mínimo de 87 votos del pleno para ser electo como magistrado del TC dentro de las seis plazas abiertas. Esto quiere decir que, de existir hasta 44 parlamentarios en contra de elegirlos, no habría ninguna designación.

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Silva Santisteban aseguró a este Diario que, si el procedimiento continuara hasta el Pleno, su bancada -de ocho miembros- votaría en contra de cualquier candidato.

También consultamos con Francisco Sagasti. El vocero de la bancada morada, que tiene nueve integrantes, prefirió no adelantarse, aunque sostuvo que su agrupación está evaluando las posibilidades legales para la suspensión completa de la elección.

“Nuestra posición es que el proceso se detenga. Los asesores de la bancada están revisando cuál sería exactamente el procedimiento que seguiríamos. Pero, por el momento, si más miembros renuncian, y ya hay tres que lo han hecho, este proceso ya quedaría prácticamente viciado”, respondió Sagasti.

La legisladora Tania Rodas, de APP, señaló que su bancada, de 21 miembros, tampoco se ha colocado en el supuesto de llegar a la votación.

“No se ha conversado. No podría decir si es que vamos a retirar los votos. Lo único que sé es que la bancada a mí me ha retirado”, dijo Rodas.

Tratamos de comunicarnos con Fernando Meléndez, vocero de APP, pero no respondió a nuestros mensajes ni llamadas. También intentamos con María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, para conocer la posición de su bancada, pero no nos atendió.

Proceso debilitado

Especialistas coinciden en que el proceso de selección de candidatos al TC continuaría, en tanto se mantenga el quórum de al menos cinco representantes. “La comisión sobrevive, mientras que el número de integrantes permita que se pueda tomar decisiones. Si son nueve integrantes y han renunciado tres [o cuatro, ahora], con seis [o cinco] puede seguir funcionando porque es más de la mitad del número legal y los acuerdos tendrían que tomarse, al menos, por mayoría simple”, explicó el experto en Derecho Parlamentario, César Delgado-Guembes.

José Elice señala que el escenario ya se anuncia políticamente debilitado: “Pueden continuar. No hay impedimento legal. El problema está en que los grupos parlamentarios [que se han retirado] no van a poner reemplazos y, entonces, la comisión pierde fuerza, pierde legitimidad. No solo es un tema de números, sino también de la forma en que se están pronunciando para salir. El debate puede empeorar y la crisis de consensos se puede agudizar”.

Delgado-Guembes advierte que el perder integrantes debilita los fines propios de la formación de ese grupo. Ya no habría pluralidad: “El criterio de composición de la comisión especial es de pluralidad y, por lo tanto, de la búsqueda de censos. Aún cuando se hubieran retirado solo tres, ese propósito no se lograría, porque esos tres no prestarían su consenso para llegar a decisiones sobre la composición del TC. Y eso se reflejaría posteriormente en el pleno. Entonces, también desde el punto de vista procesal existen fines que no quedarían cumplidos en vista del objetivo que se tuvo de crear esta Comisión”.

Estatus de la selección

Hasta el 10 de noviembre, eran 30 los candidatos en carrera, pero la relación quedó en 29 luego de que Guillermo Boza se retirara del proceso, en rechazo a la vacancia presidencial.

La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) pidió el jueves a la comisión especial que suspenda el proceso hasta que el TC resuelva la demanda competencial que, en setiembre, inició el Ejecutivo contra el Congreso por el primer intento de destitución contra Vizcarra.

El congresista Diethell Columbus (Fuerza Popular), quien integra el grupo de trabajo, indicó a este Diario que la petición de Lizárraga no tiene sustento legal y que contraviene la normativa del Congreso.

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“Ninguna comisión tiene la potestad de dejar sin efecto una resolución legislativa. No existe competencia dentro de la comisión para dejar sin efecto un concurso público que ha sido aprobado por el pleno del Congreso”, señaló. Columbus dijo, además, que —si se pretendiera tal suspensión— la vía regular es que se presente una moción ante el Pleno.

De momento, el proceso se encuentra en etapa de tachas hasta el 24 de noviembre. Los postulantes que superen esta etapa deberán presentar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas ante la Contraloría General de la República.

En paralelo, la comisión continuaría con la evaluación curricular. Luego, para el 11 de enero de 2021, convocaría a entrevistas. El cuadro de méritos de los aspirantes se publicaría el 15 de enero en el diario El Peruano. Finalmente, ese mismo mes, las candidaturas aptas serían sometidas a votación en el pleno del Congreso.

El antecedente

Seis magistrados del Tribunal Constitucional tienen el mandato vencido desde el 3 de junio de 2019. El 14 de noviembre de 2018, con una anticipación de casi siete meses, el tribuno Ernesto Blume, quien por entonces presidía el pleno del TC, notificó al Congreso para que iniciara un proceso de selección de sucesores.

Como se recuerda, el Parlamento anterior había emprendido el procedimiento y llegó a proponer un listado de once candidatos. El Gobierno de Martín Vizcarra cuestionó la idoneidad de esos aspirantes. El 30 de setiembre, el entonces premier Salvador del Solar sometió a cuestión de confianza un cambio a las reglas de selección antes de que el pleno lo someta al voto, pero el pedido no se consideró.

La consecuente disolución del Congreso dejó el proceso trunco. Ya en mayo de este año, el nuevo Parlamento anuló la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, quien había obtenido los votos en medio del conflicto de aquel día.

El 24 de agosto último, se recompuso la comisión especial para una nueva selección; esta vez, bajo concurso público de méritos y con un reglamento modificado.

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