Comisión Permanente agenda para el viernes informe sobre miembros del TC

La Comisión Permanente del Congreso agendó para este viernes el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó suspender a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda, y destituir e inhabilitar hasta por 10 años a Eloy Espinosa por una resolución judicial que firmaron sobre el caso El Frontón.

El pasado 11 de julio, también fue incluido en agenda, pero no se discutió. Cabe recordar que el 30 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) confirmó la orden de archivar las acusaciones, en el marco de las medidas provisionales que los magistrados solicitaron al tribunal el año pasado. Esto, a fin de que las víctimas del caso El Frontón obtengan un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial.

-Acusación Constitucional-
Los magistrados fueron acusados constitucionalmente por emitir una resolución de aclaración que corrigió un “error material” en el conteo de votos de un fallo del TC sobre el caso El Frontón.

A los cuatro magistrados se les acusa de infringir la Constitución por vulnerar la “cosa juzgada” y solo a uno, el magistrado Eloy Espinosa, de cometer el delito de prevaricato.

En declaraciones a este diario, el congresista de Alianza por el Progreso, Richard Acuña, integrante de la Mesa Directiva, señaló que es inoportuno poner el tema en agenda en estos momentos. “Sé que está pendiente el pronunciamiento del Congreso, pero no debería tocarse el día de mañana”, señaló. No precisó, sin embargo, si se colocará.

Consultado sobre la posibilidad de que pueda discutirse y aprobarse en otra oportunidad, confirmó que su bancada está en contra de las sanciones a los magistrados “atendiendo la independencia del ejercicio de la función”.

Por su parte, el congresista fujimorista César Segura, que sustentó el informe final, descartó una reunión de su bancada sobre el tema. Pero afirmó que hay posibilidades de que la acusación proceda, porque “tiene mucho sustento”.

El Estado peruano está obligado a acatar las decisiones del tribunal internacional desde que firma voluntariamente la Convención Americana pero, para Segura, la resolución jurisdiccional es “prevaricadora” y “atenta contra la soberanía del Perú”.

“En principio, los Estados deben cumplir nos guste o no las sentencias, pero eso no quiere decir que no se debe criticar las sentencias que extralimitan sus competencias, porque uno de los principios es la autodeterminación y los controles a través de pesos y contrapesos”, precisó.

La congresista fujimorista, Milagros Takayama, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo a este diario que la razón por la cual el informe final está en agenda es “tal vez porque se dará cuenta del estado”. Esto, debido a que el Congreso pidió a la Corte IDH una aclaración de la resolución. 

El parlamentario de Acción Popular, Víctor García Belaunde, por otro lado, dijo a este diario que desconocía que el tema estuviera en agenda. "No creo [que se debata]", señaló.

Medidas provisionales
El 12 de abril, el Estado peruano solicitó al tribunal “reconsiderar” la resolución de medidas provisionales que dictó el 8 de febrero de este año, donde ordena archivar las acusaciones contra los magistrados. El 30 mayo, la Corte IDH en respuesta, confirmó su decisión anterior.

“Este Tribunal considera que la medida ordenada al Estado es clara en cuanto se le requirió “archivar el procedimiento de acusación constitucional” seguido ante el Congreso de la República contra los referidos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por autos emitidos en los años 2016 y 2017, que tienen incidencia en el proceso penal actualmente en trámite por los hechos sucedidos en el establecimiento penal “El Frontón” en perjuicio de las víctimas Durand y Ugarte, así como en la posibilidad de iniciar nuevos procesos contra otros eventuales responsables”, se lee en el documento.

El abogado penalista que ejerció la defensa del magistrado Ramos Nuñez, Roberto Pereira, precisó a este diario que la “única decisión legal es el archivo en el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte-IDH”. Agregó que, de no hacerlo así, estarían desacatando la decisión del tribunal, “lo que significaría colocar al Estado una vez más en una situación de responsabilidad internacional”.

Las sanciones solo procederían si el informe es primero admitido por la Comisión Permanente, y luego, debatido y aprobado por el Pleno del Congreso.