Congreso y corrupción: ¿Son viables las sanciones que proponen los legisladores? | ANÁLISIS

Quizás las iniciativas más radicales provienen de UPP, la bancada que representa a Antauro Humala, preso por el ‘andahuaylazo’. Este grupo ha presentado dos iniciativas que buscan modificar los artículos 41, 137 y 140 de la Constitución. La primera, que tiene como autor al congresista Jim Ali Mamani Barriga, propone establecer la pena de muerte.

La otra iniciativa, del parlamentario Rubén Ramos Zapata, indica que “cualquier delito cometido en agravio del Estado durante” una situación de emergencia debe ser considerado"traición a la patria”, además de la tipificación “general”.

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Óscar Urviola: “Estos proyectos representan un retroceso”

Para el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola, estos proyectos representan “un retroceso”, sobre todo el de Mamani Barriga, porque este implica que el Perú tenga que retirarse del pacto de San José, que prohíbe la pena capital, lo cual agregó es “un avance en toda sociedad moderna”.

“La Constitución de 1993 permite la pena de muerte por traición a la patria en guerras exteriores y por terrorismo, pero en este segundo punto no se puede aplicar, porque [fue incluida en la Carta Magna] de manera posterior a la suscripción de los acuerdos internacionales. Es decir, solo aplica para traición en guerra exterior”, explicó Urviola en comunicación con El Comercio.

Urviola también indicó que diferentes estudios en derecho penal han determinado que la pena de muerte “no es una solución” para acabar con la corrupción.

“Esta es una de las tantas iniciativas que desde el punto de vista constitucional no tiene asidero. Y sí, es populista, lamento que en estas circunstancias con un Parlamento nuevo surjan iniciativas de este tipo cuando hay otras situaciones urgentes que se tienen que legislar”, remarcó.

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De cadenas e inhabilitaciones perpetuas

La bancada de Somos Perú, a través de la congresista Felicita Tocto Guerrero, presentó el 22 de abril, luego de que se hicieran públicos los malos manejos en las municipalidades para la entrega de canastas, el proyecto de ley N°5051/2020 CR, en el que plantea cadena perpetua para los funcionarios que cometan ilícitos penales durante un estado de emergencia, pandemias, fenómenos o desastres naturales.

Tocto Guerrero, en su iniciativa, indica que la colusión simple y agravada, cometida durante un estado de emergencia, debe ser castigada con una pena mínima de 15 años de prisión hasta la cadena perpetua, cuando este ilícito, en una coyuntura normal, tiene una pena no menor de tres, ni mayor de seis años.

Los congresistas Fernando Bazán Villanueva y Leni Checco Chauca, integrantes de Frente Amplio, también presentaron un proyecto, a fin de incorporar en el Código Penal la inhabilitación perpetua” así como el incremento de penas ante delitos de corrupción durante emergencias sanitarias o ambientales.

Antonio Maldonado: “Son las clásicas medidas demagógicas”

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que las iniciativas de Somos Perú y Frente Amplio “son las clásicas medidas demagógicas” de los políticos que buscan recurrir al derecho penal “como un instrumento simbólico” de solución de problemas. Sin embargo, afirmó que el derecho penal moderno “es contrario a aplicar la cadena perpetua”.

“La exacerbación de las penas no resuelve el problema de fondo, nuestro Código Penal tiene limitada la imposición de esta pena, la cadena perpetua es excepcional, prácticamente va a desaparecer. Recurrir a ella es contraproducente, se aleja de cualquier criterio de política criminal racional y, desde mi punto de vista, es una medida demagógica, que no traerá ningún efecto en la lucha contra la corrupción”, subrayó el abogado penalista a El Comercio.

Maldonado también se mostró en contra de la inhabilitación perpetua, al sostener que es una decisión que no corresponde al derecho penal del siglo XXI.

Añadió que la lucha contra la gran corrupción tiene que darse desde diversos sectores, como la lucha contra la pobreza y la educación.

“No es la principal medida para enfrentar a la corrupción a largo plazo, si eso fuese así el derecho penal sería una suerte de varita mágica que, aplicada con mayor dureza, resolvería los problemas de esta naturaleza”, remarcó Maldonado.

Al ser consultado sobre la viabilidad de estas propuestas, dijo que lamentablemente en nuestro país esta no se define por la racionalidad jurídica, sino que “se reduce al número de votos que logran los congresistas”.

“Ya vemos que este Congreso está haciendo méritos para parecerse o ser peor que el anterior”, acotó.

Romy Chang: “Son proyectos sin un respaldo técnico”

La bancada de Podemos Perú, que es liderada por el exministro del Interior Daniel Urresti, presentó el último viernes el proyecto de ley N°5226/2020 CR. Esta iniciativa, de la parlamentaria Martina Gallardo Becerra, plantea aumentar las penas que quienes comentan los delitos de hurto agravado, robo agravado y estafa agravada si los cometen durante un estado de emergencia nacional.

Por ejemplo, en el caso de robo agravado, Gallardo propone que la pena mínima sea de 20 años y la máxima de 30 años.

El proyecto también incorpora el numeral 5 en el artículo 11 de la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096), en el sentido de que faculta a los jueces a aumentar hasta en un tercio la condena por este ilícito si “el agente lo comete durante el estado de emergencia nacional”.

La abogada penalista Romy Chang consideró que las bancadas del Congreso desconocen o no toman en cuenta que “el incremento de penas jamás ha servido como un mecanismo eficaz” para reducir la tasa de delitos. “Y eso lo tenemos claro en el caso del feminicidio u homicidios, que son bienes, valores para la sociedad más importantes que el tema patrimonial”, añadió.

En comunicación con El Comercio, Chang explicó que desde el punto de vista político criminal, medidas, como la propuesta por Podemos Perú y otras bancadas, son ineficientes.

Agregó que, desde el lado académico, también encuentra problemas con los proyectos descritos líneas arriba, porque fijan “sanciones desproporcionadas” si las comparas con otros delitos más graves, como el homicidio. “No puede ser que en el Perú robar a alguien [en un estado de emergencia] sea más grave que matar”, remarcó.

Chang indicó que estos proyectos de ley “no tienen un respaldo técnico”, sino que buscan apelar al populismo.

“El Congreso le quiere hacer creer a la población de que está trabajando en buscar mecanismos para reducir los delitos, pero [los parlamentarios] y todos sabemos que no van a ser eficientes”, acotó.

Los datos

El congresista Otto Guibovich, portavoz de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley, el último 6 de mayo, que plantea que los altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente de la República, congresistas, gobernadores, entre otros, sean sancionados con cadena perpetua y muerte civil si cometen actos de corrupción.

La iniciativa no hace una diferencia sobre si el acto es o no en un estado de emergencia, como las otras bancadas descritas líneas arriba.

La bancada del Frepap presentó el proyecto de ley N°5179, que modifica los artículos 38 y 69 del Código Penal, a fin de establecer la inhabilitación perpetua.

El contralor Nelson Shack afirmó, en una entrevista con El Comercio, que “es absolutamente lógico pensar en el endurecimiento de las penas para los funcionarios públicos que resulten responsables de latrocinios que se dan en emergencias, porque no solo roban dinero, sino en muchos casos están robándole la vida a la gente”.

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