“Curul vacía”: Constitución aprobó sancionar a congresistas

Los congresistas que estén involucrados en los delitos de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y trata de personas perderán definitivamente su escaño y el partido político por el cual fue electo no podrá reemplazarlo con el accesitario, según el proyecto de ley que fue aprobado ayer en la Comisión de Constitución del Legislativo.

Esta iniciativa plantea la figura de la creación de la “curul vacía”, que es aplicada en otros países de América Latina, como Colombia.

Este mecanismo permite retirar definitivamente del Congreso a los legisladores involucrados en delitos e impedir su reemplazo con el accesitario del mismo partido, tal como ocurre hasta el momento.

El proyecto de resolución legislativa había recibido el respaldo de diversos sectores, especialmente de la sociedad civil, quienes consideraron necesario aplicar la modificación al Reglamento del Congreso con la finalidad de definir una sanción firme contra los parlamentarios involucrados en actos de corrupción.

Por ejemplo, la Asociación Civil Transparencia subrayó que este mecanismo de sanción obligará a los partidos políticos a ser más rigurosos en la selección de sus candidatos al Congreso, lo cual a la larga redundará en una mejora en la calidad de los parlamentarios.

PPC Y APRA  EN CONTRA
Durante el debate en la Comisión de Constitución, el parlamentario del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya de Vivanco, expresó su desacuerdo con la propuesta luego de considerar injusto sancionar a toda una organización por el delito cometido individualmente por uno de sus miembros.

“¿Por qué la comisión de  un acto individual debe recaer sobre toda una comunidad política y una circunscripción, dejando a esta sin representación?”, se preguntó.

Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista), quien votó con reserva a favor del dictamen, respaldó la posición de su colega, reiterando que las normas condenatorias son individuales, no colectivas.

No obstante, tras un arduo debate, el proyecto recibió el respaldo de siete miembros de la Comisión de Constitución, y solo una abstención.

Para entrar en vigencia, el dispositivo deberá también ser aprobado en el Pleno del Parlamento.