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Contraloría afirma que fallo del TC es duro golpe a lucha anticorrupción

Según informó, funcionarios comprometidos en actos de corrupción se quedarían sin sanción

Contraloría de la República

Contraloría advierte riesgos en avance de lucha contra la corrupción. (Foto: GEC)

Contraloría advierte riesgos en avance de lucha contra la corrupción. (Foto: GEC)

La Contraloría General calificó como un "serio retroceso" en la lucha contra la corrupción la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que, según señaló, imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que incurran en una inconducta funcional.

“Esta sentencia constituye un duro golpe en la lucha efectiva contra la corrupción que supone, en primer orden, apartar de la administración pública a los malos funcionarios, sobre quienes ya no se podrá efectivizar la sanción, dejando únicamente que los procesos penales y civiles se mantengan en la vía judicial”, afirmó el contralor, Nelson Shack.

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Señaló que el fallo del TC deja sin marco legal a esta entidad y "estaría librando de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se determinó responsabilidad administrativa y se encuentran en pleno proceso sancionador".

El Tribunal Constitucional publicó en su portal web una sentencia que declara la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

CONTRALORÍA

Resolución del TC

“La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones [...]. Con esta decisión los procesos administrativos sancionadores ya no podrán continuar”, advirtió el contralor.

Según indicó, no solo se suspenderán los procedimientos en marcha, sino que las infracciones por las inconductas funcionales atribuidas a los funcionarios comprendidos en los informes de control "desaparecen".

"En resumidas cuentas, solo se observarán los hechos irregulares, pero no podrán emitirse sanciones administrativas tal como de manera efectiva venía imponiendo la Contraloría”, puntualizó.

Dijo que resulta "sorprendente" que el Tribunal Constitucional, en su sentencia, reconozca que la Contraloría sí tiene facultad sancionadora, pero elimina las infracciones que motivan la sanción, impidiendo el ejercicio efectivo de dicha facultad.

"En pocas palabras nos inspira para ser maratonistas, pero nos cortan las piernas para correr”, refirió.

Puntualizó que quedarían sin sanción presuntos funcionarios corruptos vinculados, por ejemplo, al tramo 2 del Metro de Lima, al aeropuerto internacional de Chinchero y al Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. (Eslimp Callao).

El contralor señaló que si bien respetan la decisión tomada por el TC, presentarán una propuesta legislativa que garantice y restablezca el ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General.

Asimismo, exhortó al Ejecutivo y al Congreso a “unir esfuerzos” en las acciones e iniciativas legislativas para que los actos de corrupción e inconducta funcional no queden impunes.

Eloy Saldaña, miembro de TC, defendió el fallo. "No se le está quitando a la contraloría la facultad de sancionar, se le está diciendo que lo haga dentro del marco constitucional", indicó.

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