Daniel Salaverry y Martín Vizcarra: ¿De qué se les acusa en el Congreso de la República?

Por los cargos que desempeñaron, Salaverry y Vizcarra tienen protección constitucional y derecho a antejuicio, que significa que primero el Congreso -tras un largo proceso en varias instancias- debe aprobar una denuncia por presuntos delitos (ya sea a pedido de la fiscalía de la Nación o de terceros). Este beneficio alcanza a determinados exfuncionarios hasta cinco años después de dejar el Estado.

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En el caso de Salaverry, recientemente designado como presidente del directorio de Perú-Petro, se concluyó que debía ser acusado ante la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica por información falsa al sustentar viajes de representación cuando fue congresista.

Vizcarra Cornejo es acusado de haber omitido información sobre su participación societaria en la empresa constructora C y M Vizcarra SAC y, por ello, se ha propuesto que se le imponga una sanción de inhabilitación por cinco años.

No es la primera vez que el destituido expresidente recibiría una sanción como esta, ya en el 2021 fue inhabilitado para el ejercicio de cargo público tras el escándalo del ‘Vacunagate’ por haber dispuesto que se le inocule la vacuna contra el Covid-19 de manera secreta e irregular.

Los informes fueron tramitados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

¿Cuál es el detalle de las imputaciones contra Martín Vizcarra y Daniel Salverry?

Salaverry y los recibos irregulares

El caso de Daniel Salaverry corresponde a la acumulación de tres denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades al sustentar sus viajes y actividades oficiales de representación, como congresista, de enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017, y de enero, febrero y marzo de 2018.

El 3 de enero del 2019, el expresidente del Congreso fue denunciado por Carlos Ernesto Quispe Gonzales en base al reportaje emitido por el programa “Panorama” donde se analizaba diversas fotografías que Daniel Salaverry había presentado para sustentar sus viajes de representación en la Región La Libertad.

Dichas actividades, en diversas oportunidades, fueron delegadas a su entonces asesor Geanmarco Quezada Castro.

Sobre esta denuncia, se puso en evidencia que diversas fotografías correspondían a actividades privadas del exasesor, a viajes de campaña electoral de Salaverry y a reuniones de hasta cuatro años de antigüedad y que ninguna de ellas correspondía a la la semana de representación.

En una segunda denuncia, presentada por la expresidenta de la Comisión de Ética, Yaneth Emilia Sánchez Alva -el 06 de setiembre de 2019- se imputó a Salaverry presentar informes de representación parlamentaria en los que señalaba “visitas a lugares que no se realizaron y consignando fotografías trucadas que corresponderían a otras actividades” realizadas por su exasesor Geanmarco Quezada Castro en fechas anteriores.

Dichas actividades además, también fueron consignadas en el Informe de Gestión Anual del citado congresista, por lo que presuntamente se habría cometido el delito de falsedad genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal.

Lee aquí el informe completo sobre Salaverry

Finalmente, el 16 de julio de 2020, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, interpuso una tercera denuncia constitucional.

Según Ávalos, Salaverry “se apropió para sí de los caudales públicos (importes dinerarios)” que le fueron entregados por la Dirección General de Administración del Congreso de la República, por concepto de “gastos de semana de representación”.

También de gastos como el alquiler de vehículos para realizar dichas labores y que se sustentaron de manera documentaria para su reembolso, pero que “no se realizaron”.

De acuerdo con la tesis fiscal, se valieron de facturas proporcionadas por una persona de su confianza (el exasesor) para sustentar “servicios simulados o inexistentes” y así apropiarse de fondos públicos.

Por ello, lo denunció como presunto autor de los delitos de peculado doloso por apropiación y por apropiación a favor de terceros, contra la fe pública y falsedad ideológica y genérica.

Tras analizar los diversos casos presentados, se determinó que Salaverry insertó de manera sistemática informes de semana de representación de actividades oficiales que no se realizaron o que fueron delegadas a terceros.

Así, se determinó que a través de dicha modalidad, el expresidente del Congreso habría presentado siete comprobantes para reembolso entre el 2017 y 2018 por la suma de S/17,450 para beneficio personal.

Mientras que, también habría usado su cargo para beneficiar a terceros; es decir su asesor, el asistente y un técnico por el monto de S/20,800 durante el mismo periodo de tiempo.

Por ello, la fiscalía consideró que existen indicios razonables para formalizar investigación en contra del excongresista Daniel Salaverry y se realicen las investigaciones para un posterior juzgamiento ante el Poder Judicial.

“Acusar por antejuicio político al denunciado Daniel Enrique Salaverry Villa, en su condición de excongresista por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 387, 428 y 438 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado peruano”, se indicó.

En julio del 2020, cuando la fiscalía de la Nación presentó la denuncia en su contra, Salaverry rechazó los cargos.

Este jueves, un día antes de que el Congreso debate su acusación constitucional, Salaverry Villa reiteró su renuncia al antejuicio político ante la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

La omisión de Vizcarra

El 30 de enero del 2019, la excongresista Yeni Vilcatoma interpuso una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, en su calidad de exministro de Transportes y Comunicaciones por la presunta infracción al artículo 126 de la Constitución.

Según la denuncia, bo habría renunciado a su condición de miembro de directorio y gerente de operaciones de la empresa C y M Vizcarra SAC., al asumir el cargo de ministro entre 2016 y 2017.

Los documentos analizados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señalan que en julio de 1990, Martín Vizcarra junto a César Vizcarra, constituyeron la empresa C y M Vizcarra SAC y según la junta extraordinaria de accionistas del 15 de marzo del 2004, el exfuncionario tenía la calidad de miembro de directorio y gerente de operaciones de dicha sociedad.

Ya el 28 de julio del 2016, Vizcarra juró como ministro de Transportes, ejerciendo hasta el 25 de mayo del 2017, advirtiéndose que durante ese tiempo no renunció a su cargo en la empresa y siguió como miembro del directorio y gerente de operaciones de la sociedad.

Inclusive, señala la acusación, ejerció dicho cargo societario cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, vicepresidente del Perú, embajador del Perú en Canadá y los primeros meses como presidente de la República.

Vizcarra trató de desvirtuar las imputaciones alegando que, desde diciembre del 2015, se desvinculó de la empresa familiar al renunciar a su cargo y para ello presentó un escrito firmado por su hermano en enero del 2021.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinó que los descargos eran “insuficientes” pues los documentos con los que Vizcarra pretendía demostrar que renunció a sus cargos -la carta firmada por su hermano- eran de “carácter privado” no tenían valor probatorio.

También rechazó un comprobante de información de la Sunat mediante el que se daba de baja ante dicha institución. Para el grupo de trabajo, ello no era suficiente para demostrar que no existía vinculación como accionista, miembro del directorio, ni como gerente general de la empresa.

Además, desestimó la versión de Vizcarra respecto a que no desempeñaba cargo alguno dentro de la empresa. Esto, debido a que, según una partida registral de la Sunarp, del 7 de agosto del 2018, la empresa revocó sus poderes y dispuso su remoción como director y gerente de operaciones.

Por ello, consideró que quedó “evidenciado” que Vizcarra omitió informar en su declaración jurada de intereses que ejercía dichos cargos en la empresa C y M Vizcarra SAC., cuando asumió el cargo de ministro. Y, por el contrario, quedó establecida la relación del exfuncionario con dicha constructora.

“Declarar la infracción constitucional del artículo 126 de la Carta Magna por parte del señor Martín Vizcarra Cornejo durante el periodo en el que ejerció el cargo de ministro de Estado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, en cuando a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones probadas”, se concluyó.

También se le denunció por presuntamente haber favorecido desde su cargo ministerial los intereses de la empresa Obrainsa; sin embargo ello no fue acogido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Lee aquí el informe completo

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