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Abogados consultados por este Diario indicaron que la presentación de un documento falso en una conferencia de prensa, como lo hizo César Acuña con la resolución rectoral, configura un delito contra la fe pública que se sanciona hasta con cuatro años de cárcel, según el Código Penal.
“El delito contra la fe pública tiene varias modalidades: la falsificación y quién hace uso [de ella]. Hay dos momentos”, explicó el experto en derecho penal Luis Lamas Puccio.
En esa misma línea, el abogado penalista Carlos Caro precisó que si bien no está claro cuándo ni dónde se falsificó el documento “pudo ser hace años u ayer”, sí está demostrado quién usó la resolución para presentarla como verdadera.
“Tendría que investigarse tanto al autor de la falsificación como al usuario del documento, que sería César Acuña”, indicó.
Otra investigación
El 15 de febrero, el Ministerio Público abrió investigación por el presunto delito de plagio en agravio del profesor universitario Otoniel Alvarado Oyarce.
Esta indagación preliminar fue abierta por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual. El fiscal a cargo tiene 60 días para realizar las diligencias.
Para Lamas Puccio, tras la denuncia de El Comercio de ayer, el Ministerio Público debería abrir una investigación paralela debido a que no es un caso de propiedad intelectual, sino de falsificación.
“La fiscalía tendría que hacer un peritaje de oficio para verificar cuál es la antigüedad de la firma, sin perjuicio de la autenticidad de la misma”, dijo. Agregó que se trataría de un “elemento indiciario” en la investigación sobre el libro “Política educativa”, de Alvarado.
Caro afirmó que son hechos “separables y diferenciables”. El abogado consideró que la firma falsa en la resolución hace que el argumento de César Acuña sobre la coautoría del texto “pierda valor” y ayuda a la defensa del docente.
“Significa que César Acuña no tiene una teoría del caso ni de la defensa frente a lo que es el agravio a los derechos de autor”, añadió Caro.
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— Política El Comercio (@Politica_ECpe) febrero 23, 2016








