Fiscalía investiga desaparición de pruebas en Petro-Perú

Unidad de Investigación

Después de varias semanas de investigación, el despacho de la fiscal anticorrupción Norah Córdova ha encontrado nuevos elementos que le permiten concluir que se sustrajo información relacionada a los ingresos al edificio de Petro-Perú.

Fuentes de este Diario confirmaron que existen dos testigos claves en esta indagación fiscal. Ambos permitirán conocer cómo se dieron las coordinaciones para modificar el registro de visitas a esa institución. Uno de ellos entregó documentos que avalan su versión sobre la desaparición de pruebas, material que está siendo corroborado por las autoridades.

En las diligencias realizadas en diciembre pasado, la fiscalía encontró que faltaban hojas de los cuadernos de visitas, que se habían modificado las horas y los días de los reportes de ingresos y salidas del edificio de Petro-Perú, y también se eliminaron archivos de video de las cámaras de seguridad. En el documento fiscal, se apuntaba lo siguiente: “Se deja constancia que […] se ha sustraído una hoja de este cuaderno del registro de visitas de piso 20 donde se ubica la gerencia general de Petro-Perú”. Ahora, hay más elementos que consolidan la hipótesis del Ministerio Público.

En tanto, este Diario comparó el registro oficial de visitas proporcionado por Petro-Perú a El Comercio con la resolución de ampliación de diligencias preliminares elaborado por la fiscal Córdova el 3 de enero y que consta de 42 páginas. Ambos documentos no consignan los mismos datos.

En el informe fiscal, la magistrada detalla cronológicamente las visitas que ha podido documentar con los cuadernos de registros de la empresa de seguridad Seguroc, que brinda servicios a Petro-Perú, así como las acciones que realizó cada uno de los investigados, para la suscripción del contrato con la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. (HPO S.A.).

Por ese motivo, la fiscalía ha dispuesto la ampliación de las diligencias preliminares contra Hugo Chávez, Gunther Documet, Muslaim Abusada Sumar, Roger Liy Lion, en calidad de presuntos autores, y Karelim López Arredondo, Gregorio Sáenz, Samir Abudayeh y Carlos Siles, en calidad de presuntos cómplices.

También se ha dispuesto la programación de las declaraciones testimoniales de los investigados y empleados de Petro-Perú, el levantamiento de sus secretos bancarios y de las comunicaciones, así como el impedimento de salida del país de los investigados.

Los hechos recopilados en la resolución emitida por la magistrada Córdova comprenden el período entre el 15 de octubre y el 9 de noviembre, fechas en las que se realizó el proceso para la adquisición del biodiésel B100 que fue adjudicada a la empresa HPO S.A.

—Inconsistencias—

Antes de asumir el cargo de gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos de Petro-Perú, Roger Liy Lion se reunió con funcionarios de esa institución, entre ellos, Muslaim Abusada y el propio presidente de la compañía estatal, Hugo Chávez Arévalo. Ocurrió en cuatro oportunidades: el viernes 22, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de octubre. Estas visitas fueron reconocidas por el propio Liy Lion en declaraciones a El Comercio. Sin embargo, no están consignadas en el registro oficial que la empresa estatal proporcionó a este Diario a través de una solicitud formal.

Otro hecho que llama la atención está vinculado a los ingresos de Karelim López a las oficinas de Petro-Perú. La gestora de intereses visitó esta institución en seis oportunidades, según la información recopilada por la fiscalía. Pese a ello, las dos últimas reuniones que López sostuvo con Chávez Arévalo –el 27 y 28 de octubre pasado– no figuran en el documento oficial de visitas entregado por la compañía petrolera a El Comercio.

En este punto, es necesario mencionar que la fiscalía destaca algunas coincidencias. La lobbista López ingresó el 25 de octubre para reunirse con el gerente general Chávez Arévalo. Ese mismo día, Liy Lion visitó por segunda vez las instalaciones de la compañía estatal. Él también fue recibido por el mismo funcionario que minutos antes estuvo reunido con López.

Sin embargo, la omisión de los datos mencionados anteriormente no es la única inconsistencia que existe en el reporte oficial de visitas a Petro-Perú.

Por ejemplo, según este documento, Muslaim Abusada –cuando todavía no había sido nombrado gerente de Cadena de Suministros– llegó el 18 de octubre a las 11:52 a.m. y se retiró un día después, el 19 de octubre, a las 6:53 p.m. Sucede lo mismo con otras cinco personas que ingresaron ese mismo día y que, según el reporte oficial, salieron al día siguiente.

Según el Ministerio Público, los investigados habrían incurrido en el delito de colusión desleal y negociación incompatible. Así consta en la disposición fiscal: “Hugo Chávez Arévalo, Gunther Documet Celis, Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy Lion en complicidad con Karelim López Arredondo y Gregorio Sáenz Moya, se habrían coludido y/o interesado indebidamente con/en provecho de Samir Abudayeh Giha y Carlos Alberto Siles Chehade, gerente general y gerente, respectivamente, de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., con la adjudicación irregular […] Adquisición de Biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022″.

—Petro-Perú responde—

Este Diario consultó a la empresa estatal, a través del área de prensa, por la omisión de datos en los reportes de visitas oficiales.

Al respecto, señalaron en un documento: “Petro-Perú ha entregado la información disponible en su registro digital. Sobre lo consultado, es un tema que se encuentra en investigación por parte de la fiscalía, de manera reservada”.

“Podrían afrontar pena de hasta 20 años”

Para la abogada penalista Rommy Chang, los funcionarios o empleados que hayan intervenido en la sustracción total o parcial de documentos estarían incurriendo hasta en tres delitos: falsedad ideológica, encubrimiento real y falsificación de documentos.

Consultada por las omisiones en el registro oficial de visitas que pudo constatar este Diario, dijo lo siguiente: “No solo se trata de que el reporte esté alterado, sino que tiene la calidad de un documento público. Los funcionarios de Petro-Perú tienen la obligación de cautelar dicha información. Cuando pides información por transparencia, la información debe ser real, no alterada, cambiada o suprimida. Si eso ocurre, se le conoce como delito de falsedad ideológica que podría ser sancionado con una pena de tres a seis años”.

Como se observa en los documentos, tanto las visitas de Karelim López como las de Roger Liy no fueron debidamente consignadas en el reporte oficial que la institución pública otorgó a El Comercio.

En otro momento, Chang precisó sobre la máxima pena que podrían recibir por la sustracción o eliminación de pruebas.

“Los funcionarios de Petro-Perú podrían afrontar una pena de hasta 20 años por sustraer, modificar, cambiar, borrar información, es grave lo que están haciendo, porque están desapareciendo pruebas en una investigación penal”, apuntó.

Agregó que la sanción por encubrimiento real podría ir de dos a cuatro años de cárcel.

Chang explicó que todos estos delitos serían acumulables en caso de que se compruebe la eliminación de pruebas y se identifique a los responsables.

“Por estos delitos también te inhabilitan para el ejercicio de la función pública”, aclaró.

La sanción no solo recae por fabricar un documento, sino también por hacer uso de este.

Testigos claves

Las declaraciones de los testigos en la sustracción de pruebas por parte de funcionarios de Petro-Perú están en curso.

Diligencias programadas

La fiscalía programó para los próximos días recoger las declaraciones testimoniales de funcionarios y exfuncionarios de Petro-Perú.

La fiscalía solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los involucrados en esta millonaria licitación.

También se ha dispuesto solicitar impedimento de salida del país por 8 meses para los investigados.