Advierten que peritaje complica situación de Santiváñez: ¿qué consecuencias tendrá y qué escenarios se presentan?

Según indicaron, el estudio refuerza la tesis sobre presunto abuso de autoridad por el que se le investiga y debe llevar a que se indaguen los hechos mencionados en la grabación, que comprometerían a las altas esferas del gobierno de Dina Boluarte.

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El último domingo, Cuarto Poder reveló los hallazgos de la pericia -a la que también accedió El Comercio- hecha por tres especialistas para determinar si la voz del ministro corresponde a los audios entregados por el oficial, presuntamente grabados por este durante una conversación en un chifa en mayo del año pasado. Por entonces, Juan José Santiváñez ya era ministro del Interior.

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El exministro ha rechazado en todo momento que sea su voz, pero se negó a pasar voluntariamente por el peritaje. Por ello, este se tuvo que realizar a partir de grabaciones de su voz en una presentación ante una comisión del Congreso, la cual se comparó con los audios atribuidos a él.

El resultado, según reveló el reportaje, es que “se establece que corresponden al mismo interlocutor con un nivel de identificación de alta probabilidad”. En otras palabras, los tres especialistas coincidieron de manera unánime que la voz de la grabadora corresponde a Juan José Santiváñez.

El Comercio buscó la versión de la defensa de Juan José Santiváñez, actualmente de viaje en Suiza, respecto a las conclusiones del peritaje; pero no hubo respuesta.

En un comunicado difundido por RPP, el ministro anunció que su abogado impugnará el peritaje “porque su contenido se contradice con las supuestas conclusiones en donde no se puede acreditar que es mi voz, pero que la dan por cierta por la probabilidad que alegan”.

Según dijo, presentará un peritaje de parte “que desestimará las supuestas conclusiones”. También sostuvo que “ninguna de las pruebas ha sido comparada con una muestra madre, sino que se trata de grabaciones extraídas de entrevistas” y que “esas muestras no son válidas, porque siempre se debe hacer del disco madre de grabación real”.

Más allá de lo alegado por el ministro, penalistas coincidieron en que el peritaje sí es una prueba importante dentro de la investigación contra Juan José Santiváñez por el delito de presunto abuso de autoridad.

Además, indicaron que es un elemento valioso para que se inicien o se refuercen investigaciones respecto a los hechos mencionados en el audio.

Allí, la voz atribuida a Santiváñez habla sobre un supuesto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón desde el gobierno, aludiendo a “cuatro grandazos” que estarían implicados.

Además, se menciona el supuesto uso del vehículo presidencial conocido como ‘cofre’ para ayudarlo; se habla del supuesto pedido de Dina Boluarte para desactivar la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac); y se alude a un aviso que le habría dado el jefe de la PNP, Víctor Zanabria, respecto a un allanamiento.

Los mencionados han rechazado la veracidad de esas afirmaciones y el ministro ha negado en múltiples ocasiones que la voz sea suya.

Si bien el plazo de la investigación inicial por el presunto abuso de autoridad expiró en abril de este año, luego de ocho meses de indagación preliminar iniciados en agosto del 2024, el Poder Judicial dio un tiempo adicional para que se realice la pericia hasta el pasado 5 de septiembre.

El peritaje tiene fecha del 29 de agosto del 2025, por lo que está dentro del plazo dado a la fiscalía por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Cumplidos los tiempos y ejecutada la pericia, la fiscal de la Nación debe definir si archiva la carpeta o si la formaliza para seguir investigando.

Para esto, sin embargo, la fiscalía está obligada a presentar primero una denuncia constitucional ante el Congreso a fin de que este autorice el levantamiento del antejuicio (inmunidad) de Juan José Santiváñez, que sería un delito presuntamente cometido durante su función como ministro.

Si el Congreso no da el permiso, el expediente va el archivo. Dicho de otra forma, el futuro del caso está en manos del Legislativo, que ha demostrado ser permisivo con Juan José Santiváñez y que suele archivar las denuncias de la fiscalía o tramitarlas de forma bastante lenta.

José Carlos Mejía, abogado del capitán Junior Izquierdo, comentó a El Comercio que la investigación aborda dos hechos en particular: el audio enviado a su defendido en el que la voz atribuida a Santiváñez habla sobre “controlar” a un periodista de La Encerrona y el inicio de una serie de procedimientos disciplinarios contra su cliente como supuesta represalia del entonces ministro, debido a que le atribuyó la filtración de los audios.

Como parte de la indagación, Izquierdo entregó la grabación de la conversación en el citado chifa de San Borja a la fiscalía, sobre el cual se hizo el peritaje, siempre con autorización del Poder Judicial.

Con el peritaje ya hecho, Mejía considera que la fiscalía tiene los elementos para presentar una denuncia constitucional contra el ministro.

El abogado afirma que hay testigos que corroboran el abuso de autoridad contra su defendido, pero que sus declaraciones deberán tomarse luego de que la investigación se formalice. “Por eso es importante que el Congreso apruebe la denuncia [constitucional], para seguir investigándolo. Ni siquiera es para enjuiciarlo o acusarlo. El que nada debe, nada teme, dijo.

También desestimó las críticas hechas por Santiváñez al peritaje, indicando que se intenta “tergiversar” el estudio y “confundir a la población”.

Más allá del caso en que su defendido figura como agraviado, el abogado consideró que lo concluido por el peritaje “sirve para otras carpetas fiscales, inclusive para nuevas” vinculadas a lo que se menciona en el contenido de la grabación.

“¿Quiénes son esos cuatro ‘grandazos’? Cuando él le cuenta [a su defendido sobre eso], tenía apenas cinco días como ministro del interior, venía de ser viceministro de Orden interno y había conformado un grupo de búsqueda de ubicación y captura de Vladimir Cerrón. Mi patrocinado le preguntó y él no quiso decir los nombres. Eso es promover la impunidad, se tiene que investigar quiénes son esas personas, a partir de esta prueba científica, investigar a los que resulten responsables de encubrimiento”.

En diálogo con El Comercio, el penalista Ricardo Elías consideró que, a partir de lo que se ha difundido, “el peritaje es altamente fiable” y “complica la situación de Santivañez o fortalece la tesis fiscal”.

“Con esto, la fiscalía tiene suficientes elementos como para presentar una denuncia constitucional, formalizar el caso y continuar. La defensa puede presentar un peritaje de parte, pero eso no resta en nada el contenido ni el resultado al cual ha arribado el peritaje oficial”, indicó.

El penalista Vladimir Padilla coincidió: “lo compromete más porque se está agregando una circunstancia sobre la responsabilidad penal suya respecto de los hechos. Ratifica por qué él no habría querido llevar a cabo la pericia”.

Elías estimó que si hay presuntos hechos delictivos en el audio más allá del presunto abuso de autoridad, se pueden derivar los hallazgos del peritaje a otras fiscalías o otras carpetas fiscales, sean nuevas o ya en curso.

El delito inicial de abuso de autoridad, agregó, es menor y no implica una pena efectiva. Sin embargo, llevó a que se haga el peritaje, que suele ser uno de los procedimientos que más demora dentro de una investigación fiscal.

Con esta evidencia, explicó, se abre el camino para indagaciones por delitos más graves relacionados a los hechos mencionados en el audio.

“En el contenido del audio hay información mucho más delicada [que el presunto abuso de autoridad], que puede originar investigaciones por delitos mucho más graves. Ya tienen el peritaje hecho, ya no tienen que invertir tiempo en un nuevo peritaje”, remarcó.

Padilla añadió que si ya se ha ratificado que la voz es suya, siendo él un alto funcionario, lo que dijo en esa grabación “preocupa y él tendría que dar las explicaciones”.

“Él, como persona natural, tiene todo el derecho a no autoincriminarse, pero otra cosa es su deber de información frente a la opinión pública y su deber de un adecuado comportamiento por ser un alto funcionario público”, consideró.

El penalista indicó que si se alega que lo dicho en los audios era mentira, aún debería ser objeto de investigación: “Digamos que él mintió. Lo cierto es que eso [el audio] tiene un contenido de relevancia penal. Entonces, vamos a ver si es verdad o no es verdad y abramos la investigación para salir de dudas”.

También apuntó que la pericia como tal puede servir para otras carpetas fiscales, ya que “hay una comunidad de prueba”. “Este peritaje se podrá compartir. Habrá que ver si lo va a cuestionar o no lo va a cuestionar. Si lo quiere cuestionar, veremos de qué manera quiere hacerlo”, señaló.

En ese sentido, consideró que el propio Santiváñez debería colaborar con esas indagaciones, porque “no es cualquier persona”, sino un alto funcionario.

Elías coincidió en que incluso si más adelante Juan José Santiváñez admitiera que sí dijo lo grabado en los audios, pero que estaba mintiendo o “fanfarroneando”, “eso no significa que no que la fiscalía no deba investigar”. “La fiscalía cotejará y dirá si lo que dije con lo que pasó, si se hizo o no se hizo”, indicó.

El penalista César Nakazaki comentó que el resultado del peritaje evidencia que “su defensa pública [respecto que no era su voz] no era cierta y que tampoco prosperó su defensa legal”, ahora se debe pasar a ver cómo la fiscalía prueba “las diversas hipótesis de delito” en torno al contenido de los audios.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que “la experiencia en los casos penales nos enseña que, normalmente, cuando una persona se niega a pasar por el peritaje es porque es su voz. Es un elemento más en la cadena de indicios”.

“Dependerá ahora de la hipótesis delictiva de la fiscalía. La sola conversación no prueba un delito, esto tiene que relacionarse con otro tipo de pruebas”, añadió

Sin embargo, también recordó que el destino de todos los presuntos ilícitos atribuidos al ministro pasará por el Congreso, en el contexto de un pleito institucional entre el Ministerio Público y el Legislativo.

Al margen de las consecuencias penales, el exministro del Interior Carlos Basombrío consideró que estos hallazgos confirman que “este señor [Juan José Santiváñez] nunca debió ser ministro” y que una posible postulación suya al próximo Congreso apuntaría a “protegerse varios años más” luego del actual gobierno.

“Todos sabíamos que era su voz [en los audios]. Los peritajes han demorado una eternidad porque el Ministerio Público está en ruinas económicas. Pero ya están hechos. Este señor viola sistemáticamente la ley a favor de él y de la presidenta, hay que decirlo. Llegó a ser ministro del Interior, dicho por él, porque le aceptó a la presidenta botar, por una venganza de ella, a lo mejor que teníamos en la Policía en lucha contra el crimen organizado”, declaró al programa ‘Tenemos que hablar’ de El Comercio.

Del contenido de los audios, el exministro consideró especialmente grave la mención a que se habría protegido a un prófugo de la justicia, como Vladimir Cerrón. “Él lo dice. Estaba tan fascinado con el poder que tenía que contar que en Palacio se concertaba la forma de impedir que lo capturen. Ese es un delito que involucra directamente a la presidenta”, dijo.

Antes de este peritaje, la presidenta y Juan José Santiváñez ya fueron objeto de una denuncia constitucional por el llamado ‘Caso Cofre’, referido al presunto encubrimiento a favor de Vladimir Cerrón. Sin embargo, el trámite de esta denuncia fue suspendido como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que limita las indagaciones a la mandataria. El extremo referido al ministro, sin embargo, sigue en trámite en el Congreso.