El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional levantó el impedimento de salida del país que pesaba contra la excongresista Luciana León, investigada por el caso “Los Intocables Ediles”, y le devolvió su pasaporte diplomático.
Como se recuerda, León Romero afronta una investigación preparatoria por el delito de tráfico de influencias agravado y otros en agravio del Estado, por presuntamente pertenecer a dicha organización criminal del distrito de La Victoria.
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El juzgado dispuso dicha medida al haberse vencido el plazo de 36 meses de la medida restrictiva contra la exintegrante del Partido Aprista, por lo cual se ordenó la devolución de su pasaporte diplomático.
Cabe recordar que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional impuso el impedimento de salida del país contra León Romero 31 de enero de 2020, la misma que fue ratificada el 12 de noviembre de 2021.
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Tras ello, se informó que no se presentó ningún requerimiento de prolongación de la medida contra la exlegisladora y que el plazo venció el 30 de enero del 2023, razón por la cual corresponde levantar de oficio la restricción.
El Ministerio Público le imputa a Luciana León cinco hechos. Uno de ellos es presuntamente haber gestionado ante funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el financiamiento de obras públicas de la Municipalidad de La Victoria, entre los años 2017 y 2018.
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Según la tesis de la investigación, dichas obras luego eran adjudicadas para su ejecución a empresas y consorcios vinculados con Alexander Peña Quispe, presunto financista de la organización criminal.
Otro hecho que se le atribuye a León Romero son los actos de intermediación para viabilizar la implementación de una fábrica de ladrillos a través de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de favorecer a Juan Peña Quispe, hermano de Alexander.
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El tercer hecho es haber gestionado a través de Betsy Cecil Matos Franco, asesora principal del Congreso, una reunión en junio de 2017 entre Alexander Peña Quispe y funcionarios del Cuartel General del Ejército, para presuntamente coordinar negocios ilícitos.
Del mismo modo, se sindica a Luciana León de haber recibido sumas de dinero por parte de Peña Quispe a cambio de gestiones que se habrían dado desde marzo del 2017 hasta mayo del 2018.
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Finalmente, se le atribuye a la exparlamentaria haber contratado personal de confianza, el cual no habría prestado servicio al Congreso de la República. Pese a ello, sus remuneraciones habrían sido entregadas a León Romero en 50 sobres.
En junio del 2023 el pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente a la exparlamentaria por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.
