Pedro Castillo: Poder Judicial amplía por 14 meses prisión preventiva por golpe de Estado

Esta nota fue publicada el jueves 6 de junio tras conocerse el pedido fiscal y actualizada este 10 de junio con la decisión del Poder Judicial.

El Poder Judicial amplió por 14 meses la prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo en su proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El expresidente es acusado por rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión que está en fase de control de acusación, la etapa previa al juicio.

La solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios fue evaluada el 6 de junio por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.

En respuesta, su defensa pidió que se rechace la ampliación y sugirió que sea procesado en libertad, bajo comparecencia con restricciones.

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Aquel día, durante la audiencia, Galinka Meza Salas, fiscal adjunta suprema y representante del Ministerio Público en la audiencia, argumentó que el plazo de 18 meses requerido es “razonable” por tratarse de un proceso judicial complejo. “Es necesario asegurar la presencia del acusado Castillo Terrones toda vez que aún el proceso se encuentra en etapa intermedia [control de acusación] y esta podría prolongarse”, afirmó.

ASÍ FUE LA AUDIENCIA

También dijo que la prolongación requerida también abordaría la duración del eventual juicio oral por este caso, donde declararían los más de 40 testigos ofrecidos por la fiscalía en su acusación y se evaluarían múltiples pruebas. “Y luego vendrá la sentencia, porque a criterio de la fiscalía [...] se tienen elementos suficientes de culpabilidad del acusado Pedro Castillo. Existe un alto grado de probabilidad de que se alcanzará una sentencia condenatoria”.

La fiscal añadió que su pedido también considera el plazo que tomaría resolver la apelación que, anticipó, seguramente presentará la defensa de Pedro Castillo con una futura condena por este caso. “No solo se pretende asegurar su presencia hasta la emisión de sentencia, sino hasta que esta quede firme”, afirmó. “Es una causa compleja. Hay en total ocho acusados. Se prevé que ambas etapas demandarán un plazo razonable que comprenderán los 18 meses que solicitamos”.

Por otro lado, sostuvo que “sigue latente” el peligro de que Pedro Castillo fugue del país si no está en prisión, tomando en cuenta que su esposa y sus hijos están en México desde diciembre del 2022. “Es un hecho notorio que su familia nuclear (esposa e hijos) se encuentra asilada en el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”. Incluso citó los informes periodísticos que dan cuenta de que su esposa, Lilia Paredes, recibiría US$ 10,000 dólares mensuales de ese gobierno.

“Al no tener a su familia en el Perú, no tendría arraigo familiar [...] Ante un riesgo de imposición de una pena de 34 años que solicita la fiscalía suprema, podría rehuir a la justicia para refugiarse en un país como México. Dada las notorias simpatías mostradas por el gobierno mexicano hacia la familia Castillo Terrones, aparece como un riesgo [que] si el procesado se encuentra en libertad, buscaría el asilo político de ese país”, dijo.

El Ministerio Público reportó al juzgado que, según información del Instituto Nacional Penitenciario, distintos congresistas han visitado al expresidente en Barbadillo a lo largo de estos 18 meses. De ello advierten que Pedro Castillo mantiene “influencia y poder con altos funcionarios del Estado, que podría ser presuntamente usado para eludir la justicia”, ya que “se espera una sentencia condenatoria en el futuro”.

Finalmente, también señaló que la defensa de Pedro Castillo ha presentado diversos recursos contra la investigación, que han resultado ser repetitivos y fueron todos desestimados por el juzgado. Incluso remarcó que dentro de las sesiones del control de acusación, uno de sus abogados dio información falsa, lo que “genera dilaciones en el desarrollo de las audiencias”. “El comportamiento procesal del acusado y de su defensa técnica no son adecuados”.

La defensa de Pedro Castillo, a cargo en esta audiencia del abogado Walter Medrano, negó que se hayan dado actos para retrasar el proceso y dijo que las demoras en el proceso no se pueden atribuir al acusado. Citó los ejemplos de la inclusión de más investigados en el caso, la ampliación del plazo de investigación que otorgó el Poder Judicial y la demora del propio juzgado para convocar al inicio de las audiencias del control de acusación (unos tres meses).

En cuanto al riesgo de fuga, sostuvo que la posibilidad de que sea condenado por este caso es “una especulación” y que los reportes de pagos del gobierno mexicano a Lilia Paredes no tienen un sustento: “Es chismosería barata, casera y doméstica”. Además, planteó que Pedro Castillo sí tiene arraigo familiar porque sus padres y sus hermanos están en el Perú, y porque “el hecho que estén allá, no significa que no puedan volver su esposa y sus hijos”.

Medrano afirmó luego que no existió un pedido de asilo político a México. Esto a pesar de que lo informado por el propio presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Pedro Castillo llamó para avisar que iba a la embajada de México para solicitar asilo. El entonces embajador mexicano en el Perú también confirmó esa información y detalló que el pedido fue ratificado por el expresidente desde prisión.

“No existe ningún pedido de asilo demostrado, todo es especulación”, insistió el abogado. Sin embargo, el 8 de diciembre del 2022, uno de los entonces abogados de Pedro Castillo, Víctor Pérez Liendo, dirigió una carta al presidente de México para dejar por escrito el pedido de asilo. Ese documento fue hecho público poco después por el embajador mexicano.

Sobre esa carta, Medrano afirmó que Pedro Castillo “ni siquiera conoce” a Pérez Liendo, “ni sabe quién es”. “Ahora resulta que mi patrocinado es responsable porque terceras personas hacen cartas cuando él está detenido y no tenía contacto con terceras personas”, afirmó el abogado. Lo cierto es que Víctor Pérez Liendo sí fue uno de los 26 abogados que ha tenido el expresidente desde que está detenido y hay evidencia de que Pedro Castillo lo conoce y lo recibió en prisión.

Pérez Liendo fue el abogado que sustentó ante el propio juez Checkley su oposición a que se confirme su detención preliminar del 7 de diciembre del 2022. La audiencia fue al día siguiente, el 8 de diciembre. El abogado participó en esta desde la sede policial junto al propio Castillo. Pese a ello, la actual defensa del expresidente ahora dice que no lo conoce.

Por otro lado, Medrano dijo que si el expresidente saliera en libertad, retornaría a su trabajo como profesor, por lo que sí tiene arraigo laboral. Sobre las visitas de los congresistas, defendió que su cliente “tiene derecho a recibir, sea quien fuera. Esa visita no significa que van ayudarlo a fugar del país si es que obtiene su libertad”.

Finalmente, el juez dio la palabra a Pedro Castillo. El expresidente recordó que estaba cumpliendo 18 meses desde su detención y afirmó que “solamente en el Perú primero se detiene al presidente y luego se le vaca”. “Están diciendo que hay peligro de fuga. Juro por mi patria, por mi familia, por los maestros del Perú: jamás se me ha cruzado por la cabeza. Porque estoy demostrando que todas las imputaciones solamente corresponden a un libreto”.

El expresidente cerró su participación con una referencia a la apariencia de la presidenta Dina Boluarte: “las imputaciones que me hace el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz que la ‘pinocho’ que está en Palacio, avalada por el hampa que está en la plaza Bolívar”.

Luego de esa frase, el juez Checkley cerró el debate y anunció que comunicará su decisión por escrito. Se espera que la resolución del juez se conozca en los próximos días. Sin embargo, Pedro Castillo seguirá detenido ya que tiene una segunda orden de prisión preventia por 36 meses en su proceso por organización criminal y corrupción (casos Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía).

Esa segunda orden de prisión preventiva también fue dictada por el magistrado Juan Carlos Checkley y está vigente desde marzo del 2023. Por lo tanto, se prevé que dure hasta marzo del 2026.

Dentro del proceso por el golpe de Estado, en diciembre del 2022, el juez Juan Carlos Checkley impuso prisión preventiva a Pedro Castillo por 18 meses. Desde entonces, el expresidente está recluido en el penal de Barbadillo. La decisión luego fue confirmada en segunda instancia ese mismo mes por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Checkley dictó esa orden de prisión preventiva contra Pedro Castillo el 15 de diciembre de ese año. Sin embargo, el plazo se cuenta desde el 7 de diciembre previo, fecha en que el expresidente fue detenido en flagrancia cuando se dirigía a la embajada de México luego de su mensaje golpista. Por lo tanto, vence este jueves 6 de junio.

Actualmente, el proceso por el golpe de Estado se encuentra en etapa de control de acusación, donde el juez Checkley evalúa la acusación fiscal y los recursos de las defensas para definir si el caso avanzará a juicio. El magistrado ha estimado que esta etapa podría cerrarse en julio próximo, fecha en que se definirá si el expresidente irá a juzgamiento.

Recién en el eventual juicio se determinará si Pedro Castillo y el resto de acusados son culpables por delitos relacionados al golpe de Estado. La expectativa del Ministerio Público es que la prisión preventiva se amplíe y que el caso resulte en una sentencia antes de que esta medida se venza.

El expresidente y su exministra Betssy Chávez son los únicos acusados por este caso que son procesados bajo prisión preventiva. El resto, entre ellos los exministros Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta, enfrentan la acusación penal bajo libertad con restricciones.