La Corte Suprema emitió un pronunciamiento sobre la crisis institucional y el problema de orden público y seguridad ciudadana que atraviesa nuestro país. (Foto: Poder Judicial)
La Corte Suprema emitió un pronunciamiento sobre la crisis institucional y el problema de orden público y seguridad ciudadana que atraviesa nuestro país. (Foto: Poder Judicial)

La Sala Plena de la invocó a preservar los principios de separación de poderes y la colaboración entre estos, así como el respeto a la legalidad y el pluralismo político y social.

En un pronunciamiento, advirtió que nuestro país atraviesa una grave crisis institucional y un serio problema de orden público y seguridad ciudadana, y que el índice de homicidios también ha enlutado al Poder Judicial con el asesinato de dos jueces de paz.

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Héctor Villalobos
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“No debemos renunciar a principios pétreos de una democracia, tales como la separación y colaboración entre los poderes públicos, el respeto de la legalidad y el pluralismo político y social”, señaló.

“La tutela de la seguridad ciudadana demanda no solo un fuerte compromiso del Estado con la sociedad y sus actores, sino también, por parte de la autoridad, el respeto a los derechos de los ciudadanos, en especial a la protesta y a las libertades de reunión y de expresión”, agregó.

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Asimismo, manifestó que la potestad jurisdiccional constituye pieza clave de un orden constitucional y republicano que expresa los valores superiores de justicia, seguridad jurídica, igualdad y desarrollo social pleno para el conjunto de los ciudadanos.

“Los jueces debemos tener presente el rol que desempeñamos y asumir, en todo momento, que la independencia que constitucionalmente se nos reconoce sirve para garantizar el respeto a la ley y tutelar los derechos de las personas”, acotó.

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Del mismo modo, remarcó que la protesta, como derecho fundamental, debe ejercerse dentro del respeto a los otros derechos fundamentales (vida, integridad corporal, dignidad y propiedad pública y privada) y su ejercicio, amén de ser pacífico por parte de quienes la ejercen, debe ser respetado por las autoridades, “llamadas a actuar con prudencia y proporcionalmente”.

Por ello, pidió evitar en todo momento atentados contra los derechos de los manifestantes pacíficos y contener con eficacia a los que, al margen de estos, vulneran las reglas de una protesta sin violencia y respetuosa de los demás.

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“La vocación de diálogo de nuestras autoridades nunca debe perderse de vista, al igual que una posición alturada y respetuosa, sin mengua de sus planteamientos, por parte de los ciudadanos que protestan y de toda la ciudadanía en general”, subrayó.

“En democracia siempre es posible lograr de manera consensuada objetivos de libertad, justicia y desarrollo social, y no podemos aceptar propuestas o asumir actitudes que nos encaminen al autoritarismo u otros sistemas políticos contrarios a las exigencias del bien común en libertad”, sentenció.

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