Martín Vizcarra y el Caso Chinchero: ¿Puede ser investigado el presidente?

La participación del hoy presidente Martín Vizcarra en la concesión del proyecto del nuevo aeropuerto internacional Chinchero (Cusco) al consorcio Kuntur Wasi S.A. —cuando se desempeñó como ministro de Transportes entre julio del 2016 y mayo del 2017— reaparece en el escenario actual a raíz de una decisión desde el Ministerio Público, que tiene a la persecución del delito como una de sus funciones.

El Comercio informó este miércoles que la Fiscalía de la Nación determinó “reexaminar” la situación legal del hoy mandatario al encontrar diversos hechos vinculados al mandatario, y con el fin de determinar si estos constituyen nuevos elementos de convicción contra él.

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La medida se da luego de que la fiscal Zoila Sueno Chirinos elaborara un documento en el que concluye que hubo un presunto “acto colusorio que favoreció al Consorcio Kuntur Wasi”, y que no se habría concretado con la suscripción del contrato, sino con la firma de la adenda que dispuso un adelanto de US$40’262.870 a la mencionada sociedad.

Como se sabe, en marzo del 2017, el procurador anticorrupción Amado Enco solicitó al Ministerio Público ampliar la investigación preliminar que había iniciado previamente —y que incluía a otros funcionarios— por el Caso Chinchero e incluir a Vizcarra, a quien imputó los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Esto por aprobar mediante una resolución ministerial el texto de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto y autorizar la suscripción de la misma a la entonces viceministra Fiorella Molinelli.

A juicio de Enco, la adenda suscrita en febrero del 2017 habría desnaturalizado el contrato de concesión convirtiéndolo en un nuevo contrato que generaba agravio al Estado. Sin embargo, el 12 de marzo del 2018, dos semanas antes de que Martín Vizcarra jure como mandatario, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió que no había elementos para continuar con la pesquisa contra el extitular del MTC y la archivó. Este es el escenario previo con el que la Fiscalía de la Nación realizará su evaluación.

Bajo ese contexto, especialistas analizaron el camino podría seguir la situación legal de Martín Vizcarra.

—¿Puede ser investigado?—
El artículo 117 de la Constitución Política del Perú establece causales específicas para que el jefe de Estado pueda ser acusado durante su período. El penalista Rafael Chanjan precisa que mientras Vizcarra sea presidente no se le puede realizar ninguna investigación formal ni acusación fuera de los supuestos establecidos en la Carta Magna.

“Pero el artículo 117 no impide, desde mi punto de vista, que el Ministerio Público, en este caso Fiscalía de la Nación, pudiera realizar lo que se denomina indagaciones previas, que son pesquisas muy iniciales que de manera autónoma y en uso de sus competencias constitucionales realiza el Ministerio Público para averiguaciones iniciales, preliminares de determinada noticia con connotación criminal”, apuntó.

A juicio del exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, hay suficientes indicios verosímiles para en el caso que, por supuesto, deberán ser probados más adelante. Y aunque consideró que la fiscalía no debería limitarse a ningún “pretexto constitucional ni moral” para realizar su labor y evitar impunidad, sostuvo que la institución “está procediendo correctamente, conforme a sus atribuciones legales”.

—¿La denuncia constitucional sería el camino?—
Chanjan refiere que sí, considerando que los hechos que vinculan a Martín Vizcarra con el Caso Chinchero se refieren a su condición de ministro de Estado en la cartera de Transportes. Por tanto, goza de la inmunidad del antejuicio político hasta cinco años después de haber dejado el cargo, según el artículo 199 de la Constitución.

“El Ministerio Público tendría que realizar alguna denuncia constitucional que tendría que ser luego remitida al Congreso para que siga el antejuicio”, manifestó.

En ese escenario, Maldonado señaló que Vizcarra ni el Congreso tendrían que invocar hechos referidos a decisiones de carácter político. “En este caso, estamos hablando de decisiones que podrían constituir delitos”, precisó.

—¿Cuánto lo protege el cargo de presidente?—
De acuerdo a Maldonado, tal posición protege a Vizcarra respecto de acciones tomadas en el curso de su mandato, mas no se trata de una protección retroactiva a hechos previos en los que como funcionario público hubiese intervenido.

Chanjan refiere que lo señalado por la Constitución no tendría que ser obstáculo para que el Ministerio Público realice indagaciones y, luego de terminado el mandato presidencial, estas sigan su curso y el trámite que corresponda. “La Constitución simplemente habla de durante su período. Esto ha sido entendido como una inmunidad que abarca cualquier tipo de proceso o acusación penal, no necesariamente que tenga que ver con hechos que han ocurrido durante el desempeño del cargo”, dijo.

—¿Hasta dónde podría llegar la actuación fiscal actualmente—
De acuerdo al penalista Rafael Chanjan, lo que podría hacer la fiscalía es realizar indagaciones iniciales o preliminares, recabar información y, terminado el mandato, formalizar alguna eventual acusación.

“Esa tendría que ser la vía que tendría que seguir el Ministerio Público. Y me parece que es la que viene siguiendo. No tendría que suponer un obstáculo para la función constitucional de investigación e indagación previa que realiza el Ministerio Público”, manifestó.

Para el exprocurador Antonio Maldonado, es debatible el alcance de la acción fiscal mientras Vizcarra ejerza como presidente, por lo que consideró que, de todos modos, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, no debería limitarse al escenario actual.

“Yo creo que no existe ningún impedimento legal para que el Ministerio Público lleve a cabo el ejercicio de la acción penal pública al máximo escenario posible”, sentenció.