PPK es el cuarto ex presidente del Perú que ha sido privado de su libertad

Este miércoles, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La medida se dio como parte de las investigaciones en su contra por el Caso Odebrecht.

Esta figura legal, de acuerdo con especialistas, se da para que se pueda cerrar la etapa preliminar de las pesquisas fiscales y así formalizar la acusación en su contra.

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PPK es el cuarto ex presidente peruano que ha sido privado a su libertad. En esta lista figuran: Augusto B. Leguía, Alberto Fujimori y Ollanta Humala.

Sin embargo, a poco de cumplirse 200 años de historia republicana, son más los ex jefes del Estado son investigados por diversos motivos. A continuación un breve recuento:

1. Augusto B. Leguía
Llegó al poder en 1908 y estuvo al mando del país durante 15 años casi ininterrumpidos. Ha sido el presidente que más años ha podido gobernar a la nación.

Sin embargo, en 1930, ante la presión de la fuerza revolucionaria proveniente del sur (que dio la asunción del comandante Luis M. Sánchez Cerro), Augusto B. Leguía fue detenido y encarcelado.

Aunque se encontraba enfermo por su avanzada edad, se dio la orden  de internarlo en la isla de San Lorenzo y posteriormente en la Penitenciaría Central de Lima (el Panóptico), en donde hoy está ubicado el Centro Cívico. Murió en un hospital del Callao.

2. Alberto Fujimori Fujimori
Gobernó el país desde julio de 1990 hasta noviembre del 2000, cuando renunció desde Japón en medio uno de los más grandes escándalos de corrupción de la historia detonado por los Vladivideos.

En 2007 fue extraditado por orden de la Corte Suprema chilena he internado en el penal de la Diroes, en Ate. Meses más tarde se inició el juicio oral en su contra por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En 2009, el ex mandatario fue sentenciado a 25 años de prisión efectiva como autor mediato de homicidio calificado, alevosía, lesiones graves y secuestro.

Fujimori venía cumpliendo esta condena ─la más alta ordenada en su contra─ en el penal de la Diroes, hasta que el ex presidente Kuczynski le otorgó un indulto humanitario en diciembre de 2017.

Sin embargo, en octubre de 2018, el Poder Judicial anuló esta gracia al considerarla irregular y ordenó que el ex mandatario vuelva a prisión, donde permanece hasta la actualidad.

3. Ollanta Humala
Fue presidente del Perú entre 2011 a 2016. En julio de 2017, al cumplirse un año de haber culminado su gestión, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó una orden de prisión preventiva de 18 meses para Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia por presunto lavado de activos.

Así, se convirtió en el tercer ex presidente de Perú en ser privado de su libertad. 

En 2016, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, mencionó a fiscales peruanos que había aportado US$3 millones para la campaña nacionalista. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó el pago.

Sin embargo, en abril del 2018, el Tribunal Constitucional revocó la orden de prisión preventiva. Actualmente el proceso sigue en curso.

4. Pedro Pablo Kuczynski
Sucedió a Ollanta Humala en la Presidencia de la República. Fue electo para el periodo 2016-2021; sin embargo, tuvo que renunciar a su cargo en marzo de 2018, ante una inminente vacancia promovida en el Congreso.

Por esos días, se desató un escándalo de presunto tráfico de influencias y compra de votos, luego de conocerse sus vínculos con la constructora Odebrecht.

En junio de 2018, la fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por presunto lavado de activos, por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña para su campaña presidencial.

Hoy miércoles, el Ministerio Público solicitó su detención preliminar tras concluir en las investigaciones que ayudó a materializar el acuerdo ilícito entre el ex directivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata y el ex mandatario Alejandro Toledo, a cambio de la licitación de los proyectos Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y Olmos.

Otros casos

Francisco Morales Bermúdez
Formó parte del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Si bien asumió el poder en 1975 y gobernó hasta 1980, la sentencia en su contra llegó recién hace dos años.

En 2017, con 95 años, la Corte Penal III de Roma lo condenó a cadena perpetua junto a otros ex altos mandos militares de Bolivia, Chile y Uruguay por el denominado Plan Cóndor.

Se le acusó del asesinato y desaparición de una veintena de argentinos descendientes de italianos.

Hasta el momento no ha sido extraditado al referido país para que cumpla la orden de prisión dada en su contra.

Alejandro Toledo
Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, se convocó a elecciones generales y Alejandro Toledo fue electo para el periodo 2001–2006.

Años más tarde, en febrero de 2017, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Esto, luego de conocerse que habría recibido US$20 millones de la constructora Odebrecht ─durante su gestión─ para la licitación de la carretera Interoceánica Sur. El ex gobernante niega los cargos.

Al momento de darse la orden judicial, el ex presidente Toledo se encontraba en los Estados Unidos. Desde esa fecha, la justicia peruana busca lograr su extradición. El proceso, a la fecha, todavía sigue en curso.

Alan García Pérez
El líder del Partido Aprista Peruano fue presidente del Perú por dos periodos: 1985-1990 y 2006-2011. En marzo 2017, la fiscalía inició una investigación preliminar en su contra por el Caso Odebrecht y el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.

En noviembre de 2018, la fiscalía decidió ampliar los delitos que se investigaban a colusión agravada y lavado de activos, luego de conocerse que Odebrecht también le habría pagado US$100.000 por una conferencia, proveniente de fuente ilícita.

El 18 de noviembe, Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses, y ese mismo día Alan García solicitó asilo en la embajada de Uruguay.

Sin embargo, semanas más tarde, su solicitud fue rechazada y tuvo que abandonar la sede diplomática y permanecer en territorio nacional afrontando las acusaciones que pesan en su contra.