El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, oficializó la reincorporación de Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular del Ministerio Público mediante la resolución 2013-2026-MP-FN, en estricto cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su reposición.
La designación formaliza la designación de Rodríguez Monteza en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Desde este despacho, el magistrado tendrá competencia sobre investigaciones que involucran a altos mandatarios y miembros del sistema de justicia.
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El retorno establece una recomposición de la Junta de Fiscales Supremos, al reintegrar a un miembro previamente destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El fallo del Tribunal Constitucional se fundamentó en la vulneración del debido proceso administrativo y la caducidad del procedimiento sancionador.
El máximo intérprete de la Constitución determinó que el procedimiento disciplinario contra el fiscal había vencido antes de la emisión de la sanción de destitución. En consecuencia, la Junta Nacional de Justicia rehabilitó el título del magistrado el pasado 7 de julio en cumplimiento del mandato judicial. Este paso administrativo permitió que la Fiscalía de la Nación procediera con los movimientos internos necesarios para su inmediata reincorporación.
Reestructuración tras el retorno de Víctor Rodríguez Monteza
La incorporación de Rodríguez Monteza generó cambios estructurales en otros despachos de alta jerarquía. La fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, quien encabezaba la plaza asignada al magistrado, fue trasladada a la Primera Fiscalía Suprema Penal. Asimismo, se dispuso el nombramiento de Gilmer Robinson Jara Vergara como fiscal supremo provisional para ejercer funciones en la Primera Fiscalía Suprema Especializada.
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La destitución original ocurrió en noviembre de 2021 por decisión unánime de la Junta Nacional de Justicia. En aquel entonces, se le acusó de alertar a la red criminal sobre interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Sin embargo, la actual sentencia constitucional ha priorizado el respeto a las garantías procedimentales y los plazos legales por encima del control de fondo de la sanción.
