La agenda pendiente del Congreso: proyectos de ley, investigaciones y más

Los congresistas retornan este lunes al Parlamento luego de la semana de representación, que es cuando viajan a sus regiones para estar en contacto con los ciudadanos. En la agenda del pleno hay varios temas pendientes que van desde debatir la libre disposición de la compensación por tiempo de servicios (CTS) hasta reformas constitucionales.

La lista de espera también es amplia en las comisiones de Constitución y Reglamento y Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

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Por ejemplo, hay diversos dictámenes pendientes de la Comisión de Constitución, algunos incluso están en la agenda del pleno desde hace varios meses, pero no se abordan, entre ellos el que plantea que estén impedidas de postular a cargos de elección popular (presidentes, vicepresidentes, congresistas, alcaldes y gobernadores) las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por delito doloso.

La iniciativa dice también que, en el caso de las personas condenadas por delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, poderes del Estado y el orden constitucional, el impedimento resulta aplicable hasta diez años después de haber sido rehabilitadas.

Esta norma cerraría el paso a una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005, donde fueron asesinados cuatro policías. La iniciativa se encuentra en cuarto intermedio desde diciembre del 2023.

De otro lado, en la lista también está la propuesta para impedir la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional, a través de una modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Esta norma pondría freno a situaciones similares al caso de Betssy Chávez, quien tiempo después de haber sido censurada por el pleno como ministra de Trabajo fue nombrada por el destituido Pedro Castillo como primera ministra.

Además, está el dictamen que propone que los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puedan ser acusados constitucionalmente por el Congreso.

Otro es el proyecto que plantea prohibir que los partidos políticos sean sancionados judicialmente. La norma es impulsada por Perú Libre, una agrupación que tiene como líder a Vladimir Cerrón, investigado por presunto lavado de activos y organización criminal. Él se encuentra prófugo de la justicia desde que fue condenado por el Caso Aeródromo Wanka en octubre pasado.

Asimismo, el pleno debe debatir y votar si aprueba o no la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales.

Además, está la propuesta de Fuerza Popular y Renovación Popular para que delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002 prescriban. En el tintero se encuentra también la propuesta para cancelar la inscripción de los movimientos regionales por no participar en la elección municipal de por lo menos cuatro quintos de las provincias y de, por lo menos, cuatro quintos de los distritos de la circunscripción regional en la que participa.

El pleno también deberá analizar el dictamen de reforma constitucional que plantea que este Congreso elabore y apruebe un nuevo reglamento debido a que a partir del 2026 este poder del Estado contará con dos cámaras.

Por otro lado, permanece en la agenda del pleno desde noviembre del 2022, el dictamen que busca la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos, elaborado por la Comisión de Descentralización. Estos cargos han sido blanco de polémicas durante el gobierno de Pedro Castillo y la gestión actual de Dina Boluarte. Este Diario dio a conocer que el hermano de la jefa de Estado organiza un partido político con prefectos y otros funcionarios.

En la lista de espera aguarda el tema del libre retiro de la CTS, que fue aprobado en las comisiones de Trabajo y Economía y Finanzas y está a la espera de que la representación nacional le dé luz verde.

De todos los proyectos mencionados, el especialista en temas parlamentarios y constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que son prioridad el proyecto para que se prohíba a sentenciados postular a puestos de elección popular y la eliminación de los cargos de prefectos y subprefectos.

En el primer caso, remarcó que, al tratarse de una reforma constitucional, requiere 87 votos en dos legislaturas diferentes o 66 y referéndum. Consideró que la iniciativa se mantienen en cuarto intermedio debido a que no habría los votos suficientes para aprobarla, pese a que es un proyecto imprescindible para “fortalecer la democracia”.

En el segundo, es importante porque se ha visto en las últimas gestiones que estos cargos son usados para acciones subalternas y genera un gasto innecesario de los recursos públicos.

Para Rospigliosi es “peligrosa” y “discriminataria” la iniciativa que plantea prohíbir que los partidos políticos sean sancionados judicialmente sin son usados para cometer delitos.

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A los integrantes de la Comisión de Ética, presidida por Diego Bazán (Avanza País), les corresponde continuar con las investigaciones a los congresistas Raúl Doroteo (Acción Popular), por el Caso ‘Mochasueldo’; Kira Alcarraz (Podemos Perú), por el audio contra Juan Carlos Lizarzaburu; y Darwin Espinoza (Acción Popular), por el mal uso de recursos del Parlamento. El grupo de trabajo aprobó recientemente investigar a este último.

Los trabajadores del despacho de Espinoza, quien ha sido blindado ya en Ética por el Caso ‘Los Niños’, fueron captados por “Punto Final” recolectando firmas para el movimiento regional Adelante Áncash en días laborables y utilizando el acceso al sistema del Reniec otorgado por el Parlamento para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.

Además, tanto él, como su colega Alcarraz podrían enfrentar un nuevo proceso por el presunto intercambio de favores revelado por “Punto Final”.

El grupo de trabajo tiene pendiente también culminar las investigaciones contra José Arriola por el Caso ‘Mochasueldo’.

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La lista de espera en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) es más amplia.

El grupo de trabajo que lidera Lady Camones (Alianza para el Progreso) tiene en fila diversas denuncias constitucionales. Están, por ejemplo, las demandas contra los expresidentes Martín Vizcarra, por el ‘Los Intocables de la corrupción’, etc.; y Pedro Castillo, por el Caso Ascensos y la orden de inmovilización social que dio el 5 de abril del 2022 en respuesta a un paro de transportistas y otros casos.

Además, una acusación contra la exprimera ministra Betssy Chávez por infracción constitucional debido al golpe de Estado. Se trata de la denuncia presentada por Patricia Chirinos, en marzo del 2023, quien pide que la exministra de la gestión castillista sea inhabilitada por 10 años. No es el único caso que tiene abierto la suspendida excongresista, en marzo de este año, el Ministerio Público la denunció por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Otro ministro castillista con proceso abierto en el grupo de trabajo es Geiner Alvarado, extitular de los sectores Vivienda y Transportes.

Están pendientes también las denuncias presentadas por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, contra las congresistas Heidy Juárez, Rosío Torres, Magaly Ruiz (APP) y Katy Ugarte Mamani (no agrupada) por el presunto delito de concusión, ello en el marco del Caso ‘Mochasueldo’.

Villena Campaña demandó constitucionalmente a Jorge Salas Arenas. Ello tras la investigación preliminar de la fiscalía por un hecho que remontan al 2017, cuando todavía no era titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los presuntos delitos negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Lo que se busca es que se le levante el antejuicio (inmunidad) que goza por ser integrante de la Corte Suprema.

Salas Arenas tiene otra demanda en la SAC, presentada por la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País), es por el presunto delito de colusión agravada.

El Ministerio Público también ha denunciado por el Caso ‘Los Niños’ a los legisladores de Acción Popular Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Elvis Vergara. La demanda fue declarada procedente por tráfico de influencias, pero no por organización criminal. Desde diciembre del 2023 no se conoce sobre el avance de la pesquisa.

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Este grupo de trabajo, presidido por Martha Moyano (Fuerza Popular), cuenta con una larga lista de iniciativas pendientes por debatir. Entre ellas, el retorno a la inmunidad parlamentaria.

También está la propuesta presentada por el Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción provisional de los partidos políticos que ya se encuentran en la etapa de tachas. Especialistas consultados por El Comercio consideraron la iniciativa “inoportuna” y que el JNE debe brindar más detalles de los alcances del proyecto.

Además, figura el proyecto de ley que propone incorporar la remoción por falta grave de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Otra iniciativa pendiente es el proyecto de resolución legislativa para establecer el reglamento de la Cámara de Senadores y la cámara de diputados del Congreso. Como se recuerda, en marzo, la representación nacional aprobó el retorno a la bicameralidad.