Sala evalúa apelación de Villarán a prisión preventiva por aportes de OAS y Odebrecht

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo ayer que por “precaución” la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán de la Puente y el ex gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez deben permanecer en prisión preventiva.

Durante una audiencia pública de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia contra el Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, el magistrado afirmó que existen nuevos elementos de convicción que agravan la situación de ambos investigados.

Según las indagaciones del Ministerio Público, Susana Villarán, junto a Castro Gutiérrez, habría solicitado US$10 millones a las constructoras OAS y Odebrecht para sus campañas contra la revocación del 2013 y su reelección en el 2014.

En esta investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos, está incluido Luis Gómez-Cornejo, quien estuvo a cargo de la Asociación Amigos por Lima.

—Un caso grave—
Para sustentar su requerimiento, el fiscal Vela sostuvo que la investigación seguida a Susana Villarán y otros se trataba de “un gravísimo caso de lavado de activos y corrupción de funcionarios”.
Presentó los audios que grabó el ex funcionario municipal Gabriel Prado, de una conversación con Villarán y Castro en el 2017. En estos, la ex alcaldesa les advierte que la empresa Odebrecht ya había admitido que le entregó US$3 millones para el No a la revocación.
“[Estos audios] les dan contexto a otros que están vinculados a elementos de pertenencia a una organización criminal [...] La sospecha grave ahora existe”, dijo Vela.

Alegó que el acuerdo de los tres para guardar silencio –evidenciado en los audios– revelaba la obstaculización y poca disposición para colaborar con la investigación.

Sobre Castro Gutiérrez, el fiscal sostuvo que se encontraba en el mismo nivel de responsabilidad que Villarán, pues los dos habrían urdido un plan para permanecer en el poder municipal.

Añadió que el caso está estructurado sobre la base de una organización criminal que recibió aportes de dinero de origen ilícito.

Vela remarcó que los aportes que dieron las empresas no fueron por una cuestión de “ideología”, sino porque tenían obras públicas con la municipalidad y que Villarán era consciente de ello.

El fiscal indicó además que Gómez-Cornejo se encuentra no habido.
Solicitó que, debido a la complejidad del caso, se eleve de 18 a 36 meses la prisión preventiva contra Villarán, Castro y Gómez-Cornejo.

—Cuestionan medida—
Iván Paredes Yataco, abogado de Susana Villarán, pidió que se ordene la comparecencia restringida de su patrocinada. Alegó que no existían nuevos elementos de convicción contra ella y que esta había cumplido las reglas de conducta que se le impuso en agosto del 2018.
Paredes cuestionó la presentación de los audios de Prado, pues alegó que estos habían sido desestimados inicialmente por la fiscalía.

Benji Espinoza, abogado de Castro, consideró que los elementos que se admitieron para dictar la prisión preventiva ya habían sido usados cuando se ordenó la comparecencia de su cliente. Además, dijo que este había mostrado disposición a colaborar con la justicia.

Finalmente, el abogado Karl Borjas, defensor de Gómez-Cornejo, indicó que su cliente es una persona de 72 años y que no ha sido mencionado por los aspirantes a colaboradores.

El tribunal dejó al voto los pedidos y anunció que resolverá en el plazo de ley.