Vladimir Cerrón: Poder Judicial rechazó levantar inhabilitación de líder de Perú Libre

El Poder Judicial (PJ) rechazó la solicitud del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que se declare cumplida la inhabilitación de un año que se le impuso como parte de su condena por corrupción; y de esta manera pueda ejercer algún cargo público.

El juez Wilder Camarena Madrid del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín resolvió “declarar infundado la solicitud de levantamiento de inhabilitación presentado por la defensa técnica del sentenciado Vladimir Roy Cerrón Rojas”, según la resolución obtenida por El Comercio. La decisión fue emitida el 2 de setiembre, pero notificada hace dos semanas.

LEE TAMBIÉN: Los Dinámicos del Centro: juez asegura que audios y mensajes confirman existencia de una organización criminal

Esta es la segunda vez que la justicia desestima este tipo de pedido presentado por el exgobernador regional de Junín. El pasado mes de febrero, otro juez también declaró “improcedente” la pretensión; sin embargo la Sala Superior anuló dicha decisión alegando que no se había fundamentado la resolución.

Cerrón Rojas fue condenado el 5 de agosto del 2019, a cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva, un año de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de S/850 mil como reparación civil, tras ser hallado culpable de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

MIRA: Pedro Castillo renovó su Gabinete: de una reunión frustrada al cambio de siete ministros

No obstante, el 18 de octubre de ese mismo año, la Sala de Apelaciones de Junín reformó la condena a cuatro años de pena suspendida (por el periodo de prueba de tres años), un año de inhabilitación para ejercer cargo público y al pago de S/850 mil como reparación civil.

Proceso aún no concluye

Según los argumentos de la defensa de Cerrón Rojas, la pena de inhabilitación de un año para el ejercicio de cargo público ya se cumplió. Ello, debido a que la contabilización del plazo empezaba desde que se dictó la sentencia de primera instancia y fue suspendido de sus funciones como gobernador de Junín (agosto 2019).

Por ello, consideró que ya recuperó los derechos que se le habían suspendido a causa de la inhabilitación y solicitó que dicha pena se levante judicialmente, “a efectos que dicho levantamiento tenga vigencia real y efectiva”.

“Solicita que se emita la resolución correspondiente a efectos de dar por concluida la referida pena de inhabilitación y se notifique esta resolución al Gobierno Regional de Junín, al Jurado Nacional de Elecciones y a todas las instituciones a las cuales se notificó la sentencia condenatoria para los efectos correspondientes”, requirió.

Sin embargo, para el Camarena Madrid consideró que los argumentos de la defensa de Cerrón no pueden ser atendidos pues si bien se emitió condena en primera y segunda instancia; aún el caso no ha concluido.

El magistrado explicó que según lo establecido por el Tribunal Constitucional un proceso concluye cuando adquiere firmeza dentro del Poder Judicial. Sin embargo, en el caso de Cerrón Rojas, se advirtió que la Sala Penal de Apelaciones de Junín elevó un recurso de casación del Ministerio Público en junio del 2021, impugnado el extremo de la pena y de la inhabilitación.

“De lo anotado, es posible advertir que a la fecha, el recurso de Casación, se encuentra pendiente de resolución; esto es que aun no se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnar, existiendo posibilidad real de revertir los efectos de la resolución que fue materia de impugnación; consecuentemente nos encontramos frente a una situación donde existe pronunciamiento judicial que no ha adquirido la calidad de firme”, resolvió el magistrado.

Camarena Madrid también rechazó que la suspensión de funciones del exgobernador regional de Junín sea a consecuencia del proceso penal que concluyó en una condena. Por el contrario, dijo, fue a consecuencia de una decisión administrativa tomada por Acuerdo Regional y el Jurado Nacional de Elecciones que decidió retirarle sus credenciales como gobernador.

Finalmente, el magistrado aclaró que el pedido para levantar la inhabilitación -como lo solicitó Cerrón y su defensa- no tiene amparo legal en nuestro ordenamiento adjetivo penal. No obstante, agregó el juez, se entiende que lo que se estaría pretendiendo es “la extinción de la ejecución de la pena, en el extremo de la inhabilitación, por la causal de cumplimiento de pena”.

Sin embargo, por los argumentos antes expuestos, el pedido fue declarado “infundado”.

VIDEO RECOMENDADO