El camino que cruza y carcome el Parque Nacional Sierra del Divisor en Loreto

Un camino abierto entre los densos bosques de la Amazonía puede convertirse a veces en una bomba de tiempo. La vía que se ha construido al norte del Parque Nacional Sierra del Divisor, en la región Loreto, es prueba de ello.

Nace en las orillas del río Ucayali, pasa por los límites de una población ribereña y una comunidad shipiba, y cruza las quebradas Chunuya, Maquía y río Buncuya hasta llegar a una concesión forestal otorgada a la empresa Consorcio Maderero SAC.

Lo que comenzó como un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros, que empezó a construirse en el 2012, fue expandiéndose a través de la selva con la aparición de caminos secundarios que terminaron por sumar 40 kilómetros más. Fue en ese momento que el velo de legalidad que parecía proteger a esta obra se cayó, pues un tramo invadió parte de la zona intangible de uno de los parques nacionales más biodiversos del Perú.

Este desvío ilegal terminó por afectar 1500 metros cuadrados del área natural protegida.

Al examinar la línea de tiempo de la construcción de este camino, con la precisión que ofrecen las imágenes satelitales, saltaron a la vista una serie de irregularidades que confirmaron la pérdida de bosque virgen.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) denunció la aparición de esta vía desde el inicio, cuando bordeaba los 20 kilómetros, pero Consorcio Maderero SAC siguió construyendo. Tres años después de la denuncia la vía cruzó un sector del área natural protegida y el Sernanp se vio obligado a multar a la empresa por un monto superior a los 290 000 soles (US$ 89 000), dinero que aún no ha sido pagado.

¿Cuál es el impacto que ha generado esta vía? ¿Quiénes lo han permitido?

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Una cicatriz en Sierra del Divisor
El primer hito de esta historia comienza en el 2011, cuando Sierra del Divisor era aún una Zona Reservada y estaba en proceso de alcanzar una protección legal definitiva. Esta clasificación no era suficiente para defender un ecosistema tan especial de peligros como la tala ilegal y el narcotráfico, pues si bien estaba en camino de convertirse en un parque nacional —lo que ocurrió en el 2015—, aún el territorio no tenía la particularidad de ser considerado un espacio intangible.

En ese tiempo, los guardaparques tenían que dedicar buena parte de su tiempo a explicarles a los pobladores locales que Sierra del Divisor debía ser respetada. Y esta fue una de las razones por las que, en julio de 2011, Sernanp le envió una comunicación a Leovigildo Guzmán Chávez, representante legal de la empresa Consorcio Maderero SAC, informándole sobre los límites geográficos y las exigencias propias de un área protegida.

Hasta ahí no había problema. Pero un mes después de que la empresa recibió la comunicación, como consta en la carpeta fiscal a la que tuvo acceso Mongabay Latam, la jefatura de Sierra del Divisor recibió una solicitud del Gobierno Regional de Loreto, en la que pedían verificar la compatibilidad para la construcción de un camino de extracción forestal cerca de la Zona Reservada. La empresa interesada en la apertura de esta vía era, precisamente, la de Guzmán Chávez, Consorcio Maderero SAC.

Sernanp negó de inmediato toda posibilidad, porque la vía no solo estaba situada muy cerca de la Zona Reservada —a dos kilómetros—, sino que se superponía con una propuesta para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Aguas Calientes, considerada, paradójicamente, por el Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto) un espacio prioritario para la conservación. Sernanp recomendó, por lo tanto, priorizar el transporte fluvial para trasladar la madera extraída.

A pesar de esta recomendación, el camino se abrió y la jefatura de Sierra del Divisor interpuso una denuncia, en julio de 2012, ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto. En ese momento, el camino se encontraba a 2 kilómetros del área protegida.

Para justificar la apertura de la vía y ante la negativa del Sernap, la empresa Consorcio Maderero SAC presentó un expediente ante la Gerencia Regional de Infraestructura en el que argumentaba que se trataba del mejoramiento de un camino que ya existía. El Gobierno Regional de Loreto aprobó esta figura de «mejoramiento» de un camino rural entre la comunidad ribereña Isla Baños, la comunidad shipiba Nuevo Canchahuaya hasta la concesión forestal Consorcio Madera SAC.

Las imágenes satelitales, sin embargo, se encargaron de traerse abajo este argumento. Como se observa en el mapa realizado por Rainforest Foundation, la deforestación avanzó paralela a la apertura de este nuevo camino que con el paso de los años llegó hasta la concesión. Este tipo de evidencia fue la que la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, en octubre de 2014, le hizo llegar a la fiscalía para demostrarle la destrucción del bosque a ambos lados del trazo del camino.

Cuatro meses después, en febrero de 2015, se abrió finalmente una investigación preliminar contra Consorcio Maderero SAC por el presunto delito de alteración del paisaje.

Hasta ese momento la carretera no había pasado por el Parque Nacional Sierra del Divisor. ¿Cómo continúo la obra?

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Un tractor en el área protegida
A la demanda del Sernanp, se sumaron otras voces. El consejero regional José Francisco Quispe y biólogos del Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto (Procrel) expresaron su rechazo frente a la apertura de un camino forestal por la empresa Consorcio Maderero SAC.

“Es una amenaza para lo que queremos hacer en esa área”, dijo Alicia Rengifo, bióloga del Procrel, organización que impulsa la creación de la ACR Aguas Calientes. “No debería prosperar esa vía”, agregó el consejero Quispe, como consta en un acta de una sesión del Consejo Regional de Loreto en junio de 2013.

Para proteger los intereses de Loreto, se aceleró el proceso para la futura declaratoria del área de conservación regional.

“El objetivo de conservación es la montaña Cerro de Contamana donde existen minerales y cuarzo, así como especies únicas”, agregó la bióloga Rengifo.

Para conservar la biodiversidad del parque y el espacio de la futura ACR necesitaban también que la investigación preliminar avance y para ello el fiscal a cargo del caso, Pablo Ormeño, debía inspeccionar la zona. Ormeño llegó el 26 de agosto de 2015, con apoyo logístico de la empresa Consorcio Maderero SAC, y allí lo esperaban los fiscales de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente.

Durante la diligencia se halló nueva evidencia: el camino se había expandido. La longitud de la vía principal era de 60.7 kilómetros y los caminos secundarios habían sumado 40 kilómetros más. En algunos tramos, la vía alcanza los 20 a 30 metros de ancho, según la denuncia adjunta a la carpeta fiscal.

Pero la visita aún tenía reservada una sorpresa más. Unos kilómetros antes de llegar al fin de la vía, que es el territorio donde opera la concesión de Consorcio Maderero SAC, los guardaparques del Sernanp encontraron un área de 1500 metros cuadrados deforestados dentro del ámbito de la Zona Reservada Sierra del Divisor.

El daño era evidente. El suelo estaba removido, la vía obstruida por trozas de madera que llegaban hasta una quebrada y un tractor en medio de la selva. Aunque el representante legal de la empresa, Leovigildo Guzmán, indicó que era un error y que la maquinaria se encontraba averiada, los guardaparques hallaron huellas del tractor dentro del área protegida.

Guzmán dijo, entonces, que el desbosque lo ocasionaron terceros y que la señalización de los límites de Sierra del Divisor no estaba clara, a pesar de que en el 2011 el Sernanp le envió un documento a Guzmán informándole de los los límites de la Zona Reservada.

“Los guardaparques pueden encontrarse haciendo cualquier actividad, pero si encuentran indicios de delito, tienen el deber de reportarlo”, dijo el director de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, José Carlos Nieto. Desde ese momento, no se registraron más ingresos al Parque Nacional.

Mongabay Latam buscó a Leovigildo Guzmán, representante legal de la empresa Consorcio Maderero SAC, y a su hijo, Nelson Guzmán. Este último respondió:  “Esos temas los ve mi padre. Nuestra carretera no pasa por el área protegida y nuestra concesión es antigua. Se nos cargan un montón de acusaciones y no nos dejan trabajar”. Se comprometió a ponernos en contacto con su padre, pero al cierre de esta nota no hubo comunicación alguna.

Con todas las evidencias reunidas, Sernanp sancionó a la empresa con una multa que bordea los 294 000 soles (US$ 89 mil). Consorcio Maderero SAC se negó a pagar e inició un proceso judicial.

En cuanto a la denuncia penal por alteración de paisaje, el fiscal en materia ambiental Pablo Ormeño se negó a formalizar y continuar con la investigación preparatoria hasta en dos oportunidades. Sin embargo, en mayo de 2017, la Primera Fiscalía Penal de Loreto le ordenó definitivamente a la FEMA formalizar esta investigación. Ha pasado ya un año y aún no hay resultados de este proceso, que de prosperar podría devenir en una pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.

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El último episodio
El último capítulo de esta tensa historia entre la empresa Consorcio Maderero SAC y Sierra del Divisor ocurrió hace menos de un mes. Fue cuando Kenjy Terán, gerente regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre de Loreto, le solicitó a la jefa del Parque Nacional Sierra del Divisor una nueva opinión técnica para la aprobación de un Plan General de Manejo Forestal y Plan Operativo de otra concesión colindante con la zona de amortiguamiento del área protegida. ¿Qué empresa sería la beneficiada? Consorcio Maderero SAC. El comunicado señalaba que ya se le había otorgado a la empresa un nuevo contrato de concesión, pero que para operar necesitaba que los planes contaran con una opinión favorable del Sernanp.

La gestión regional anterior le otorgó la concesión al consorcio sin preguntarle al Sernanp si esta actividad era compatible con el área. Y aunque la unidad de aprovechamiento de la concesión fue aprobada en el 2003, el Sernanp señala que ante una nueva actividad en el área colindante de un área protegida, es decir, una nueva actividad de extracción, les corresponde emitir opinión.

Mongabay Latam conversó con el ingeniero Terán, quien señaló que su despacho no ve necesario anular el proceso porque la zona ya estaba destinada para el aprovechamiento forestal. “Solo tenemos que regularizar con la opinión de Sernanp sobre los planes de trabajo de la maderera. No se necesita ningún pedido previo de compatibilidad”, dijo Terán.

“Se ha dado una autorización ilegal de derechos, ya que la ley establece que debe haber una opinión técnica de compatibilidad y luego otra sobre los planes operativos”, agregó Julio César Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente.

La versión completa de este reportaje de Vanessa Romo fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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