Madre de Dios: minería ilegal amenaza a indígenas del Pariamanu

Alfredo no recuerda bien la fecha exacta, pero sí que a fines del año pasado, en un punto cercano a puerto Pastora, en Puerto Maldonado, región Madre de Dios, alguien le puso precio a su vida. Ese día había comprado medicinas que debía llevar con urgencia a Boca Pariamanu, la comunidad indígena donde vive desde que nació, hace 51 años. Nativo de la etnia amahuaca, como casi todos en su pueblo, Alfredo era el único que podía brindar atención médica básica a sus vecinos. Nunca hubo en Boca Pariamanu un médico o enfermero permanentes y hasta ahora la posta de salud sigue abandonada. Él estudió para ser técnico sanitario, pero por estos días es más que nada catequista y agricultor. A sus conocimientos de salud se suman los patrullajes que realiza una vez al mes por el río Pariamanu, con un grupo de indígenas amahuacas y de otras etnias, para detectar los daños que causa la minería ilegal en las proximidades de su comunidad. Por eso, cuando aquella noche en Puerto Maldonado dos hombres lo interceptaron en la calle, Alfredo no tardó en darse cuenta de lo que estaba por venir.

Uno le cerró el paso y otro, desde atrás, le increpó: “Tú eres el que avisas para que no se haga minería; sigue y en cualquier rato te vamos a matar”. Alfredo reconoce que el miedo no le permitía recordar con detalle lo ocurrido. Días después, sin embargo, supo que los dos hombres que lo amenazaron habían sido vistos maniobrando motobombas en algunos de los patrullajes a canoa por los contornos de Boca Pariamanu. Ambos eran propietarios de maquinaria y dragas, y operaban en la extracción de oro sobre una concesión de castañas situada río arriba, a unos 20 minutos de su comunidad.

El hermano menor de Alfredo es Gerardo y también ha sido amenazado de muerte, casi con las mismas palabras: “En cualquier ratito los vamos a matar”. A Gerardo no lo encararon como a Alfredo, pero comuneros de otros sectores del Pariamanu le advirtieron que los mineros ilegales alardeaban aquella frase contra él y también contra uno de los dirigentes de la comunidad indígena de Boca Pariamanu, a quien identificaremos como José. A ellos también los acusan de informar sobre los nuevos campamentos mineros que se van instalando en la zona y el estado en el que va quedando el río que irriga las fronteras de Boca Pariamanu. Ahora, temen que sus familias sean atacadas, que sus cultivos de plátano y yucas queden destrozados. Temen por sus bosques de castañas, temen por su vida, por ello sus nombres han sido cambiados por seguridad.

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Una comunidad en peligro

Boca Pariamanu es una de las 37 comunidades nativas de Madre de Dios, la región amazónica del Perú más devastada por la minería ilegal. Las casi 4 500 hectáreas de esta aldea, ubicada a una hora y media en bote desde Puerto Maldonado, se extienden por la margen derecha del río Pariamanu hasta su desembocadura en el río Las Piedras. Boca Pariamanu fue fundada en 1986 por indígenas de la etnia amahuaca, pero recién en junio del año pasado la comunidad recibió su título de propiedad de parte del Gobierno Regional de Madre de Dios. Hoy viven allí unas 25 familias dedicadas a la agricultura para el autoconsumo, y a la recolección de castañas entre los meses de diciembre y marzo. La comunidad de Boca Pariamanu está situada en una zona íntegramente castañera. Parte de su territorio y los alrededores albergan amplias extensiones de estos árboles, una de las especies más grandes en la Amazonía. Sin embargo, muchos de los castañales ubicados fuera de los límites del territorio nativo están concesionados por el Estado. Y este es parte del riesgo que hoy enfrentan los amahuacas.

José explica que hace dos semanas un grupo de médicos llegó a la comunidad para realizar pruebas rápidas de descarte de Covid-19, y que más de 30 amahuacas resultaron portadores del virus. O sea casi el 70% de la población. El presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Julio Cusurichi, tiene registrados más de 320 indígenas infectados de coronavirus en esta región.

En Boca Pariamanu no hay luz eléctrica. Tampoco agua potable. Los indígenas amahuacas han instalado un sistema propio para tener agua en sus casas todos los días. La succionan desde un punto alejado del río Las Piedras donde creen que la contaminación es menor en comparación con el río Pariamanu, de corriente turbia por la cantidad de mercurio que emana de los campamentos mineros cercanos. Pese a que el Pariamanu no es un sector de concesiones mineras, el incremento de esta actividad ha obligado a que los indígenas dejen la pesca como actividad diaria para su alimentación. Alfredo dice a Mongabay Latam que los zungaros, bocachicos o carachamas que pescaban, les producían graves infecciones estomacales por varios días. Ahora ya no los consumen.

“Antes era nuestro alimento favorito, pero ahora los peces están enfermos por el azogue y nos enferman a nosotros”, lamenta Alfredo.

José estima que los primeros campamentos mineros de la zona empezaron a asentarse hace unos cinco años en la margen izquierda del Pariamanu, es decir, del otro lado de la comunidad. Cuenta que al principio los mineros operaban cerca de la orilla pero con el tiempo fueron penetrando en las concesiones de castañas buscando nuevos puntos de extracción y también para encubrir su actividad. Con ello, la depredación del bosque se tornó avasalladora. Gerardo indica que los focos de minería ilegal ya están dispersos en la selva boscosa y que en cada uno de estos sectores hay deforestación de cinco, ocho o diez hectáreas. El punto de operación minera más cercano a la comunidad nativa está a no más de 20 minutos en bote. Gerardo cree que se trata del campamento de extracción más grande por la enorme superficie ganada al bosque.

“Ya no podemos ver a los mineros con facilidad, están adentro. Solo miramos con pena que esta tierra no es más como antes”, señala Gerardo.

Ninguno de estos indígenas tiene claro cuántos focos mineros hay ahora en la zona del Pariamanu, pero suponen que son al menos ocho enclaves por los ruidos de los motores que escuchan día y noche desde distintas direcciones. Los habitantes de la zona han podido establecer que el tiempo mínimo que los mineros dedican para drenar un terreno en busca de oro es 15 días. Si en ese periodo no encuentran el ansiado metal, se mueven a otros castañales y así extienden la deforestación. Otro indicador para los indígenas de que los campamentos están incrementándose es la cantidad de botes que recorren el Pariamanu. Hasta hace unos años pasaban dos o tres botes al día, sobre todo, en época de recolección de castañas. Actualmente los nativos llegan a ver a diario hasta 70 botes llenos de pasajeros, en idas y vueltas frecuentes. El tránsito por el río Pariamanu no se detuvo ni en los meses de inmovilización social obligatoria a causa del coronavirus. En el curso de la pandemia, el flagelo medioambiental incluso habría crecido en lo que se denomina el bajo Madre de Dios.

Hace unas semanas, José regresaba a su comunidad desde Puerto Maldonado en una embarcación con motor fuera de borda y con capacidad para 20 personas. Llevaba alimentos para algunas familias en cuarentena, pero era el único en el bote con ese tipo de carga. El resto trasladaba combustible, cervezas y diversos víveres. El dirigente amahuaca no identificaba a ninguno como comunero de alguna de las localidades aledañas a los ríos Las Piedras o Pariamanu, tampoco como uno de los concesionarios de castañas. En el camino, cuando los vio descender de las embarcaciones cerca de las zonas deforestadas, confirmó que eran mineros ilegales. José tiene información de que en los sectores de excavación ya hay tiendas, bares, y que incluso se han registrado varios asaltos a mano armada. Por eso, los indígenas de Boca Pariamanu ya no tienen dudas. Han ajustado una denominación para esta área de crecientes focos de extracción de oro que alude a ese infierno de minería ilegal, trata de personas, sicariato y prostitución conocido como La Pampa, sector ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios.

“Antes decíamos, con algo de duda, que aquí había una pequeña Pampa. Ahora estamos seguros: esta es ‘la nueva Pampa’ “, indica José.

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Colusión y amenazas

Gerardo descarta que entre los ocupantes de las embarcaciones que casi a diario surcan el río Pariamanu haya por estos días concesionarios de castañas o agricultores que laboren en la recolección de este fruto seco. Hace una ecuación rápida y señala que los últimos recolectores de esta temporada debieron ingresar en los bosques hacia mediados de abril como máximo. La caída de castañas es muy estacional: empieza con fuerza en diciembre y concluye casi siempre en marzo. El dirigente José está convencido de que el aumento de los focos de minería ilegal deviene de la colusión entre concesionarios de castañas y los dueños de motores y dragas para la extracción de oro.

“Los concesionarios invitan a los mineros para que operen en sus terrenos. O a veces los mineros se presentan con el fin de excavar ahí. Si hay acuerdo, los castañeros cobran sus regalías”, explica José.

En este lado de la Amazonía peruana, los castañeros están dispersos por casi toda la cuenca del río Pariamanu. José sostiene que el Estado ha otorgado allí concesiones por 30 años, pero el progresivo cambio de uso de algunas de esas tierras ahora es alarmante. El efecto inmediato de esta actividad ilegal está en los suelos perforados y en los enormes charcos repletos de fango y mercurio que parten casi desde las riberas del Pariamanu hacia los castañales, apunta Gerardo. También, en el acecho continuo contra los indígenas.

Cuando no son amenazados de muerte por reportar lo que ocurre en su pueblo, los amahuacas son tildados de vagos y conformistas. Los mineros les recriminan por no sacar el oro que está en sus suelos y contentarse apenas con los que les dejan sus chacras. Les dicen que no trabajan ni dejan trabajar, que los van a esperar algún día cerca de la comunidad y que entonces no van a poder escaparse. El ingeniero agrónomo y especialista en conservación y comunidades nativas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Eddy Peña, remarca que ahora los indígenas se sienten intimidados incluso para hacer sus recorridos normales con el fin de salvaguardar su territorio. “Mientras más cerca esté la actividad minera, ellos (los nativos) van a tener más complicaciones para todo porque cada vez va a ser más latente el riesgo”.

“El tema es que muchos de los concesionarios de castaña permiten o se dedican a otras actividades como la minería ilegal”, sentenció Peña.

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Delito en migración

Los habitantes de las comunidades de Pariamanu han sido testigos de cómo los mineros trasladan el oro hacia Puerto Maldonado por río. Allí, los acopiadores informales pagan, en promedio, S/160 por onza (aproximadamente 31.1 gramos), de acuerdo con información del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Al término de julio, el precio internacional del metal subió a US$1 926 por onza. Este aumento se reflejó en el recrudecimiento, aún en tiempos de pandemia, de la minería ilegal en diversas zonas de Madre de Dios y, en particular, dentro del Pariamanu. Los amahuacas creen que el escaso control policial en su territorio ha generado la migración paulatina de los mineros que operaban en La Pampa, donde la actividad extractiva ilegal y sus delitos conexos habían sido descomunales hasta hace un año y cinco meses. En febrero de 2019, el gobierno peruano ejecutó la intervención militar y multisectorial denominada Operación Mercurio, para erradicar la minería ilegal de aquel sector ubicado a la altura del tramo comprendido entre el kilómetro 98 y el 115 de la vía Interoceánica.

El último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation Association (ACA), que midió el impacto de la minería ilegal desde inicios del 2017 hasta fines de mayo del 2020, da cuenta de que la tasa de deforestación en La Pampa cayó de casi 175 hectáreas por mes a menos de 20 hectáreas por mes. Es decir, hubo una reducción del 92%. “El reporte apunta a focalizar el avance de la minería ilegal post [Operación] Mercurio y en los meses de cuarentena”, dijo a Mongabay Latam el biólogo Sidney Novoa, director SIG y Tecnología para la Conservación de ACCA.

El informe también revela que en la zona del Pariamanu el aumento de deforestación, a consecuencia de la minería ilegal, fue del 70%. Entre el 2017 y 2018, la tasa de hectáreas depredadas por mes era de 2.5, pero creció a 4.2 durante el 2019. Sidney Novoa señaló que el Pariamanu configura el sector de Madre de Dios que ha presentado el incremento más importante en cuanto a minería que ocasiona deforestación. El biólogo precisó que si bien se trata de una tasa todavía baja, existe pérdida de bosques porque hay mineros ilegales operando. “Si ahora detectamos una pérdida ahí (Reserva Tambopata) es por causa natural; pero en el caso del Pariamanu no”, anotó.

Según el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (Minam), entre el 2001 y el 2018 se perdieron 209 733 hectáreas de bosques en Madre de Dios. Sidney Novoa estima que en el 2019 habrían sido deforestadas unas 20 mil hectáreas más en esta región. Con ello, hoy en día la cantidad de bosques depredados en Madre de Dios bordea las 230 mil hectáreas. El 30 de junio, el Programa Bosques reveló que la Amazonía peruana perdió 7 119 hectáreas de bosques durante los dos primeros meses de cuarentena a causa del Covid-19 (15 de marzo – 15 de mayo).

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El bosque Papa Francisco

A unos 25 minutos en peque peque desde Boca Pariamanu está el bosque Papa Francisco (Nihii Eupa Francisco, en la lengua de la etnia amahuaca). Una superficie de 1 800 hectáreas que alberga árboles de castaña, cedro, caoba, lupunas y shihuahuaco. También jaguares, tapires, huanganas, venados, maquisapas, entre otras especies animales. A fines del 2017, la comunidad indígena nombró Papa Francisco a esta parte de su enorme extensión boscosa en reconocimiento a la preocupación por el medio ambiente del Sumo Pontífice, quien entonces había incluido a Madre de Dios como parte de su primer periplo por el Perú. Boca Pariamanu inició desde ese momento una serie de gestiones para que el bosque Papa Francisco sea reconocido como un área de conservación privada. Alfredo dice que aquella denominación daba a su comunidad la seguridad de que el bosque estaría bien protegido de taladores o mineros. Ahora todos en Boca Pariamanu son conscientes de que la deforestación ya está muy cerca de esas 1 800 hectáreas, apenas del otro lado del río.

Pero si los mineros ilegales aún no irrumpen en el Papa Francisco es en gran medida por el patrullaje periódico que los indígenas de las comunidades cercanas realizan. Algunos incluso permanecen en los límites del área que buscan establecer como zona de conservación a la expectativa del avance de los extractores de oro. José tiene hace seis años el rol de veedor forestal en su comunidad. Afuera de los límites, tiene a cargo monitorear los índices de tala ilegal, minería y otros delitos. La comitiva de los pueblos indígenas que realiza las rondas por el Pariamanu envía luego un reporte a la Fenamad, y esta a las autoridades correspondientes. Julio Cusirichi dice que, como José, hay 21 veedores forestales en 21 comunidades nativas de Madre de Dios. Pero toda organización y esfuerzo parecen hasta ahora insuficientes.

José advierte que las interdicciones demoran mucho en concretarse. Que si se desarrolla un operativo, basta que pasen tres o cuatro días para que las operaciones mineras retornen con total normalidad. “Solo hay que cruzar el río para ver tierras llenas de mercurio sobre lo que era bosque puro”, refiere. Para Eddy Peña, de la SPDA, a los mineros ilegales de este sector les favorece que normalmente no haya ningún tipo de control en ríos chicos como el Pariamanu o Las Piedras. A diferencia del río Madre de Dios, añade, la Marina no tiene mucha presencia en sus afluentes pequeños.

La fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en Madre de Dios, Karina Garay, informó a Mongabay Latam que su despacho tiene conocimiento desde el año pasado sobre la presencia de mineros ilegales en la zona del Pariamanu y en Apaylon, otro sector que también aparece con crecimiento de deforestación en el reporte de MAAP. Indicó que por ello la fiscalía sí ha estado realizando operativos en ambos lugares y que, como parte de aquellas acciones, hace dos meses fueron destruidas 19 balsas utilizadas por los mineros asentados en el Pariamanu. Garay descartó que los indígenas de Boca Pariamanu hayan presentado alguna denuncia en torno a actividad minera cerca de esta comunidad. El titular de la Fenamad, no obstante, asegura que incluso las amenazas contra los amahuacas han sido reportadas a las autoridades.

“Lo cierto es que el minero no siempre se va al primer operativo. La experiencia nos enseña que se tienen que hacer operativos constantes y mantener el control en el lugar si no queremos que regresen”, apuntó la fiscal.

El pasado 7 de julio, la FEMA de Madre de Dios intervino tres campamentos de minería ilegal instalados en el sector de Apaylon, correspondiente a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Balsas, motores y más de 30 galones de combustible fueron decomisados. Semanas después realizó otra interdicción en la misma zona. Sin embargo, a juicio del presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano, acciones como estas han sido desarrolladas solo de manera muy puntual y sin generar impacto contra los mineros ilegales que continuaron operando durante estos más de 150 días de pandemia. Lo grave y triste, subraya, son los esfuerzos aislados de las comunidades nativas por defenderse. Y en el caso particular de los indígenas de Boca Pariamanu, por proteger su recurso estratégico más importante y el que más han conservado: los árboles de castaña.

Sin resquicio de duda, Víctor Zambrano detalla que el Pariamanu es otro de los sectores de Madre de Dios donde la actividad extractiva ilegal arrecia con mayor fuerza desde los últimos meses. Cree que nadie como los mineros de la selva peruana aprovechó el larguísimo periodo de aislamiento social que decretó el Estado para detener la propagación del coronavirus. Por eso no es extraño ni nada descabellado para él que los mismos indígenas de Boca Pariamanu hayan rotulado a su zona como ‘la nueva Pampa’. Una especie de grito de socorro o el intento de hacerse visibles en su lucha contra la adversidad. Los amahuacas confían en la reivindicación de sus bosques, de su seguridad; aunque aquello que más protegen, y más quieren, es justo lo que están perdiendo sin tregua.

El artículo original de Enrique Vera fue publicado en Mongabay Latam.

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