Resguardo Buenavista: las luchas de los siona para proteger su territorio

* Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Zona Franca

Unas 90 casas separadas entre sí por pocos metros y rodeadas de árboles de canangucha, arazá, pomoroso, cocona, copoazú, carambolo y otros frutos amazónicos albergan a los habitantes del resguardo Buenavista de Puerto Asís. Se trata de la comunidad del pueblo siona más grande de las doce que sobreviven al borde de los ríos Putumayo y Piñuña Blanco, del lado colombiano. Son un poco más de cien familias que se mantienen entre el agua, la selva y los rezos de los taitas o mayores que intentan proteger la tierra en la maloca, la casa que abriga sus tradiciones y que se levanta en la frontera con el bosque.

En el centro de la comunidad hay una cancha de fútbol de tierra, con los arcos levantados con unas cuantas varas, junto a un salón comunal que durante el día es el sitio en donde reciben a los visitantes. También es el lugar de reunión y diversión de este poblado al que se llega por tres caminos diferentes: desde el municipio de Puerto Asís, en lancha por el río Putumayo o en tramos, primero por una maltrecha carretera y luego por el agua. La tercera opción es desde Ecuador, por la provincia de Sucumbíos, a unos 15 minutos del sitio en donde ocurrió la operación Fénix, en la que en 2008 fue asesinado Raúl Reyes, uno de los máximos comandantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una incursión ilegal de las Fuerzas Militares colombianas en territorio del vecino país.

Los siona han tenido que acostumbrarse a vivir cerca de esos eventos de la guerra, de los cuales no han sido ajenos. Ellos, de ninguna manera, piensan en irse del sitio en donde el agua es parte de su cosmogonía y su medio de subsistencia, al ser la pesca una de sus actividades.

En esta enormidad de tierra de unas 4500 hectáreas ha vivido siempre Mario Erazo, coordinador del territorio y exgobernador del resguardo Buenavista, el líder más representativo del pueblo siona desde hace casi una década, cuando comenzó su lucha en contra de las empresas petroleras; una batalla a las que ahora se suman conflictos con los colonos y campesinos por las afectaciones provocadas por los cultivos de coca, la ganadería extensiva y la tala ilegal.

Hoy los siona no han cesado en su lucha contra la petrolera, pero en el pasado, a inicios del siglo XX, lidiaron con los proyectos extractivos de quina y de caucho en el resguardo Buenavista y San José de Wisuya en Ecuador.

Mario Erazo está acostumbrado a luchar, como también a responder a periodistas o productores de documentales. Además, poco a poco se va acoplando a un nuevo rol: el de ser papá. En estos días sus “salidas a cámara” son para el cineasta independiente Tom Laffay, quien graba desde hace varios años un documental sobre la guardia indígena siona que lidera Erazo.

Una de las labores de Erazo es consolidar la guardia indígena con nuevos liderazgos, como los del gobernador Alonso Tabares; el alcalde César Piaguaje y la exalcaldesa Adiela Mera. Margarita Chaves, antropóloga e investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y quien ha conocido a los siona desde la década de los ochenta, explicó que aunque Erazo tiene un liderazgo de años y es difícil encontrar otros voceros como él, poco a poco han ido surgiendo nuevos. Lo que más le ha sorprendido es la puesta en marcha de la guardia siona: “Eso es algo relativamente nuevo, de los últimos cinco años, y dice mucho de la importancia que le están dando al control territorial”.

Armados con sus bastones de mando, los guardias indígenas  —cuiracuas en su lengua tradicional— son quienes han tenido que enfrentar a los actores armados, a los cuya (foráneos a la comunidad) que rodean el territorio indígena, así como a los proyectos petroleros y a los cultivos ilegales de coca que van en aumento en las zonas circundantes a su resguardo.

Una de las diez mujeres de la guardia indígena, la exalcaldesa Adiela Mera, explica que “antes la defensa del territorio se hacía espiritualmente, ahora toca físicamente, a través de nosotros pero siempre guiados desde lo espiritual, para poder salvaguardar estos espacios que aún nos quedan. Seguimos persistiendo para poder convivir con nuestras generaciones”.

Veinte años de ruido

La llegada de los proyectos petroleros comenzó en 2004, con la autorización de la exploración en la zona, luego en 2009 Amerisur consiguió la licencia de explotación, desde entonces los indígenas que han ocupado ancestralmente estas tierras comenzaron su oposición al proyecto petrolero.

César Piaguaje cuenta que los proyectos extractivos y los cultivos ilícitos han afectado la espiritualidad de las comunidades. “Nos hemos sentido atropellados por el sonido de ese gran aparato, nosotros le decimos elefante grande porque las 24 horas está encendida”, dice al hablar sobre el ruido permanente que se escucha desde la plataforma petrolera. “No es solo un perjuicio espiritual sino también auditivo y ambiental para los animales. Nosotros preservamos, cultivamos, protegemos nuestro territorio desde nuestra parte espiritual, pero ya no podemos concentrarnos, nos estamos debilitando”, agregó.

En 2015 se produjo uno de los hechos más graves en la zona. Un atentado terrorista causó uno de los varios derrames que se han registrado en la región. Por las afectaciones a las comunidades del Putumayo, se inició un juicio en Inglaterra contra la petrolera, como lo documentaron Mongabay Latam y Cuestión Pública en marzo de 2022.

Actualmente los pozos circundantes al resguardo son de Geopark, compañía que compró a Amerisur 12 bloques petroleros en la cuenca Putumayo y uno en los Llanos Orientales. Al bloque vecino de Buenavista le mantuvo el nombre de Platanillo, y a todo el proyecto de explotación en el Putumayo lo llamó  “Nueva Amerisur”.

La organización no gubernamental Ambiente y Sociedad documentó en una de sus investigaciones que Amerisur Exploración Colombia Limited, la que le vendió a Geopark todas sus operaciones, es la compañía con más hectáreas en operación en la Amazonía colombiana: 793 343. Le sigue Ecopetrol con 742 015.

Las afectaciones al resguardo no se detuvieron después de 2015. Erazo cuenta que hubo otro derrame unos tres años después en la zona de El Palmar, pero no existe documentación sobre el caso. Asegura que ahora se ven menos animales en las zonas en donde tiene presencia la compañía petrolera. Erazo se queja sobre todo de que la quebrada Sinquiyá, sagrada para los siona, cada vez tiene menos agua.

El exgobernador también señala que Amerisur instaló un tubo gigante, de orilla a orilla, en el río Putumayo para transportar el crudo desde el lado colombiano hacia Ecuador. Esta obra, menciona, se realizó sin que se hubiera consultado a las comunidades. Así lo certificó la Defensoría del Pueblo de Ecuador en un informe donde asegura que Amerisur, en asociación con Resources PLC (privada) y Petroamazonas EP (pública), “construyeron entre el 2015 y 2016, sin proceso de consulta previa, libre e informada, el Oleoducto Binacional Amerisur (OBA) de 17 kilómetros, que parte en el bloque Platanillo en Colombia, hace un cruce por debajo del lecho río Putumayo (1450 metros) y avanza por el territorio ecuatoriano hasta conectarse en la estación Víctor Hugo Ruales, en Ecuador, a la Red de Oleoductos Secundarios (ROA)”.

Mongabay Latam intentó ir al lugar en donde se encuentra esa obra. Las condiciones de seguridad de la zona, por presencia de grupos armados ilegales que tienen el control de los territorios, no lo permitieron.

En respuesta a un cuestionario enviado por Mongabay Latam, Geopark respondió que todas las operaciones de la compañía cumplen con los estándares exigidos en la licencia ambiental y no tienen relación alguna con lo que pueda haber ocurrido a la quebrada Sinquiyá, porque “ese cuerpo de agua se ubica en el casco urbano del municipio, a más de 22 kilómetros en línea recta y aguas arriba del bloque Platanillo, por lo cual las actividades del proyecto no pueden tener ningún tipo de afectación en las condiciones de este cuerpo de agua”. Resaltan que no tienen sanciones en sus operaciones.

Y sobre el tubo que cruza el Putumayo, Geopark asegura que la construcción de esa infraestructura se realizó mediante “el método de perforación horizontal dirigida”, por lo que  no se intervino el cauce del río Putumayo.

Sobre las afectaciones ambientales del proyecto petrolero en territorio siona hay varios estudios. Ninguno es lo suficientemente concluyente como para iniciar acciones legales, según cuentan los representantes de la comunidad. Eso no significa que detendrán la búsqueda de pruebas sobre los daños a los ecosistemas que se encuentran en su territorio.

En 2017, una comisión estatal —conformada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, Descontamina Colombia y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República— realizó una visita de verificación al resguardo Buenavista y constató la ruptura del corredor biológico del nacedero de agua de cananguchal. En su informe aseguró que se dio una afectación ecosistémica y sociocultural para la población y recomendó hacer un estudio de impacto ambiental; algunas instituciones (Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y Corpoamazonía) se comprometieron a realizarlo. Hasta principios de noviembre, no se sabe nada del informe prometido, según relata Lina Espinosa, abogada de los siona, tanto en Ecuador como en Colombia.

Después del derrame de 2015, no se han realizado estudios técnicos sobre el estado de las aguas. Faltan investigaciones  científicas que corroboren si los ríos y otros afluentes están contaminados y en qué grado.

La organización no gubernamental Ambiente y Sociedad ha dado seguimiento a los proyectos petroleros que se desarrollan en la Amazonía y, en especial, aquellos que se encuentran en los resguardos indígenas. En 2020 documentó el caso de Putumayo y a comienzos de 2022 publicó un informe más general sobre el impacto de la actividad petrolera en la Amazonía. En ese estudio se identifican varios problemas medioambientales, como la deforestación que causan las empresas al abrir paso para sus actividades, sumada a la que provocan la tala comercial, la ganadería y la agricultura extensiva, además de “la contaminación por los altos niveles de residuos químicos y sedimentos que enturbian las aguas, lo que causa la migración de la fauna silvestre, peces y animales pequeños y la disminución de plantas medicinales y de otras clases, por los cambios en los ecosistemas del territorio”.

Además del resguardo Buenavista hay otras dos comunidades siona, Bajo Santa Elena y Santa Cruz de Piñuña Blanco, que han dado la lucha contra las actividades petroleras. Las exgobernadoras de esos resguardos, Milena Payoguaje y Martha Liliana Piaguaje, explicaron que en la consulta previa se sintieron engañadas porque no tuvieron suficiente información.

No todo es por el petróleo

El impacto petrolero es solo uno de los frentes con los que tienen que lidiar en Buenavista. En una comunidad que ve el agua como sagrada y proveedora de alimentos, los ríos viven la amenaza kilómetro a kilómetro. Durante los recorridos por los ríos Putumayo y Piñuña Blanco, en los que Mongabay Latam acompañó a la guardia indígena y que solo es posible hacer cuando el caudal es muy alto, se observaron manchas aceitosas flotando, producto de las actividades cocaleras de los vecinos del resguardo.

Los siona han visto el aumento de los cultivos ilícitos de coca alrededor de su territorio. De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), Putumayo es uno de los departamentos en donde se concentra el mayor número de hectáreas cultivadas.

Puerto Asís, en donde se ubica el resguardo Buenavista, es el municipio con más cultivos de coca del departamento: 7469 hectáreas.

En el resguardo, los mayores decidieron prohibir la siembra de coca desde 2019. Para los líderes es muy complejo manejar la situación. En ciertas zonas del resguardo hay presencia de las disidencias de las FARC y los paramilitares.

El 1 de julio de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para las comunidades del Bajo Putumayo, entre ellas las del resguardo de Buenavista, por el riesgo que representa para la vida de sus habitantes y de sus líderes, la disputa del Frente primero Carolina Ramírez y los Comandos de la frontera que intentan controlar el territorio en las cuencas de los ríos Putumayo y Caquetá.

“En el ejercicio del monitoreo adelantado por la Defensoría del Pueblo también se ha encontrado que los actores armados ilegales vienen presionando los territorios de los pueblos étnicos, particularmente a las poblaciones indígenas, para hacer aprovechamiento de la protección especial con la que ellas cuentan, con el fin de hacer uso de sus territorios principalmente para cultivos de uso ilícito y de afectar los mecanismos de consulta previa para toda actividad que se desarrolle en estas comunidades. Con ello han afectado a su población, su autonomía, el ejercicio del gobierno propio, la protección de su territorio y la pervivencia de su identidad étnica”, se señala en la alerta.

Al realizar un recorrido por el río Piñuña Blanco se observan hombres en lancha que aceleran la velocidad y pasan una y otra vez para marcar su presencia en la zona.

Producto del conflicto armado, el resguardo y sus alrededores, además, están contaminados con minas antipersonales que han sido sembradas desde hace años. En la última década, la comunidad fue testigo de la muerte de la abuela Eloisa Payaguaje, una siona respetada. La mayor quiso ir a pescar a orillas del Piñuña Blanco; en una bajada empinada pisó una mina antipersonal. Actualmente el territorio sigue en proceso de desminado humanitario.

En la alerta de la Defensoría se llama también la atención por “el aparente incremento de la contaminación del territorio por armas, especialmente minas antipersonal, municiones sin explotar y remanente de guerra en zonas con presencia de estos cultivos (ilícitos de coca)…”.

Además de las consecuencias de la guerra, los siona están preocupados por los residuos y contaminantes que los cultivos ilegales de coca están generando. En el camino recorrido con la guardia, es fácil comprobarlo. Se ven unas canecas (contenedores de plástico) junto al río Piñuña y envases  de fungicidas y herbicidas que usan los colonos en sus cultivos de coca.

En la más reciente alerta temprana de deforestación hecha por el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), en el segundo trimestre de 2022, se identificaron seis núcleos en el país en los que va en aumento la pérdida de cobertura forestal, uno corresponde a Putumayo y abarca a Puerto Asís: “La expansión generalizada de los cultivos de uso ilícito sobre los ríos de la zona y en áreas de resguardos indígenas, representó la principal causa de deforestación en este núcleo. La praderización con fines de expansión ganadera o de acaparamiento de tierras también representan causas relevantes”­.

Los campesinos, colonos y otras comunidades que rodean el resguardo Buenavista tienen actividades de ganadería que, sumadas a la tala ilegal, están dejando manchas de deforestación enormes, la mayoría ligadas al negocio del narcotráfico.

Hace dos años, el Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes realizó un estudio para responder a una pregunta: ¿Los cultivos de coca causan deforestación en Colombia? La publicación señaló que la expansión de la siembra de coca es un síntoma y no la causa de la deforestación porque, como lo explicó a Mongabay Latam Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, los cultivos de coca, además de la afectación ambiental provocada por la pérdida de bosque, van acompañados de  la ganadería extensiva y de procesos de control territorial de grupos armados ilegales.

Un problema de tierras

Los indígenas siona no se dan por vencidos e intentan ver salidas. Mario Erazo explica que el problema de los cultivos de coca cercanos al resguardo podría tener una solución y se requiere un fallo de la Unidad de Restitución de Tierras.

Desde hace más de cinco años, el resguardo siona tiene un proceso para recuperar la porción de territorio que décadas atrás le perteneció a sus ancestros. Actualmente el resguardo cuenta con 4500 hectáreas, pero con la reclamación quedaría en más de 50 000 hectáreas.

“Nuestros antepasados —señala Erazo— fueron los dueños y cuidadores de este territorio que estamos reclamando. Muchos colonos se nos fueron metiendo poco a poco”.

Las comunidades en Buenavista no saben si podrán recuperar su tranquilidad y, al contrario, ven nuevas amenazas. El gobernador siona Alonso Tabares dice que por donde se mueven “ya la gente nos mira mal, el Ejército nos mira mal, todos nos miran mal porque estamos reclamando. Eso nos afecta. Sabemos que esa va a ser la amenaza más tarde porque nos van a tildar como enemigos. Pero nosotros, firmes, firmes a lo que los mayores nos piden que hagamos, a nuestra espiritualidad, porque lo único que nos queda es reclamar el derecho a la vida en el territorio”.

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

* Imagen principal: Los taitas son la guía y protección espiritual de las y los los líderes y guardias indígenas del Pueblos Siona de Putumayo. Mateo Barriga / Amazon Frontlines.

El artículo original fue publicado por Óscar Felipe Agudelo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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