La voz de los escolares de Puno: el impacto de las huelgas y protestas va más allá de la pérdida de clases

Más de 20 huelgas, paros y movilizaciones alteraron el desarrollo del calendario escolar en Puno entre el 2025 y el 2026. Las suspensiones de clases obligaron a varias instituciones educativas a recurrir a la virtualidad, reorganizar horarios y acelerar el desarrollo de contenidos para recuperar el tiempo perdido. Aunque estas medidas buscaron reducir el impacto en el aprendizaje, no todos perciben sus efectos de la misma manera.

El derecho a la protesta está reconocido en la Constitución Política del Perú como un mecanismo legítimo para defender intereses laborales y sociales. Sin embargo, cuando las movilizaciones interrumpen un servicio esencial como la educación, surge una pregunta: ¿cómo garantizar el derecho a protestar sin afectar el derecho de los estudiantes a recibir una educación continua y de calidad?

Para una docente de la I.E. Santa Rosa de Puno -que evitó dar su nombre-, algunas de las suspensiones estuvieron relacionadas con un paro de transportistas y con movilizaciones del sector educación que exigían el pago de la deuda social a los maestros. Desde su experiencia, las estrategias aplicadas por los colegios permitieron mantener el proceso de enseñanza.

“No creo que pueda afectar el ingreso a la universidad. Con dos días que no puedan asistir las estudiantes, no va a disminuir su aprendizaje”, afirmó.

No obstante, los estudiantes tienen una mirada distinta. Una alumna de la misma institución señaló que las clases virtuales afectaron su concentración y dificultaron su rendimiento académico.

“Las huelgas en mi aprendizaje me afectaron mucho porque en las clases virtuales no lograba concentrarme adecuadamente”, señaló.

Las distracciones en casa, los cambios de enlaces para ingresar a las clases virtuales y las dificultades para mantener la atención redujeron su productividad.

A ello se suma la recuperación del tiempo perdido. Una integrante del Municipio Escolar explicó que, cuando las clases se reanudan, los docentes deben acelerar el desarrollo de los contenidos y asignar más tareas para cumplir con la programación anual. “Los maestros tienen que desarrollar las sesiones más rápido y dejar más tareas para recuperar los temas pendientes, lo que afecta nuestra planificación del tiempo”, comentó.

Según añadió, esta situación obliga a dedicar más horas a determinadas asignaturas, dejando menos espacio para otras y aumentando la carga académica.

¿Qué consecuencias habría para Puno?

Las preocupaciones de los estudiantes también encuentran respaldo en especialistas. Martín Valencia, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), advierte que las interrupciones frecuentes del servicio educativo pueden generar efectos que van más allá de la pérdida de días de clase.

El especialista explicó que una educación interrumpida disminuye las oportunidades de acceder a empleos de mayor calidad y mejores ingresos en el futuro. Además, señaló que, aunque Puno ocupa actualmente el tercer lugar nacional en rendimiento en Matemática y el sexto en Lectura, estos avances podrían verse comprometidos si las suspensiones de clases continúan.

“Existe el riesgo de que muchos de estos chicos deserten de la escolaridad y, al hacerlo, se dificulte su capacidad para conseguir mejores empleos y una mejor calidad de vida en el futuro”, advirtió.

Según datos del IPE, el 18% de los jóvenes puneños de entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja. Para Valencia, la educación constituye uno de los principales motores de la productividad, la innovación y el crecimiento económico, por lo que las interrupciones constantes representan un riesgo para el desarrollo de la región.

Los efectos de las paralizaciones tampoco se limitan al aula. Cuando se bloquean carreteras o se suspende el transporte público, muchos estudiantes y docentes tienen dificultades para llegar a sus centros educativos. En algunos casos, las familias optan por no realizar los desplazamientos por motivos de seguridad.

Problemática vigente

La problemática continúa vigente. El 11 de junio del 2026, dirigentes de organizaciones aymaras anunciaron una huelga indefinida y el cierre del Puente Internacional de Ilave con el respaldo de las 13 provincias de Puno. Aunque las demandas estaban relacionadas con otros temas, la movilización volvió a poner en evidencia cómo los conflictos sociales terminan afectando, de manera indirecta, el normal desarrollo de las actividades escolares.

Las distintas voces consultadas en este artículo muestran que no existe una única percepción sobre el impacto de estas paralizaciones. Mientras algunos docentes consideran que los mecanismos de recuperación permiten mantener la continuidad educativa, muchos estudiantes sostienen que las interrupciones alteran su organización académica y dificultan el aprendizaje.

Las huelgas y los paros constituyen una expresión legítima del derecho ciudadano a exigir respuestas frente a problemas que, en muchos casos, permanecen sin solución durante años. El desafío consiste en evitar que esa falta de respuesta termine trasladando el costo del conflicto a quienes menos capacidad tienen para asumirlo: los estudiantes.

Garantizar el derecho a la protesta sin comprometer el derecho a la educación sigue siendo una tarea pendiente para las autoridades y un desafío para toda la sociedad.