Las transiciones de gobierno suelen someter el país a un examen silencioso. No lo toman los analistas, sino los directorios y actores del mercado quienes deciden dónde comprometer su capital de largo plazo. Por eso, la inversión privada ya no es una variable macroeconómica exógena a la realidad del ciudadano, sino más bien un termómetro más honesto de la confianza en el futuro.
El nuevo gobierno asumió el 28 de julio con un mandato implícito de continuidad macroeconómica, pragmatismo y velocidad regulatoria. Las cifras son alentadoras: el BCRP proyecta que la inversión privada registrará en 2026 su mayor expansión en catorce años, con un crecimiento de 12,5%. Sin embargo, las decisiones no responden a titulares, sino a señales concretas como la estabilidad de las reglas tributarias, la seguridad jurídica, la predictibilidad y la capacidad de ejecución.
Y es allí donde se define la competencia por el capital, que es fundamentalmente escaso. Según CEPAL, América Latina recibió más de US$ 194.000 millones de inversión extranjera directa en 2025, de los cuales Brasil y México concentraron el 62% y el Perú apenas el 6%. Mientras Argentina redujo su tasa impositiva efectiva minera de 47% a 38%, Chile trabaja para agilizar su ‘permisología’. En ese contexto, nuestro mayor costo diferencial se mide en tiempo, donde un proyecto minero en el Perú puede tardar entre 10 y 15 años desde la exploración hasta la producción, frente a un estándar competitivo cercano a siete.
Nuestra propuesta de valor sigue siendo poderosa con una cartera minera de más de US$64.000 millones, anunciada por Ministerio de Energía y Minas este año, un potencial de US$ 40.000 millones en Alianzas Público- Privadas para 2026-2028 según Proinversión, términos de intercambio en sus máximos históricos y una plataforma portuaria con capacidad de reordenar el comercio del Pacífico.
Solo una agenda concreta puede convertir una cartera en cronograma. Una ventanilla única con plazos exigibles, licencias sociales gestionadas desde el diseño del proyecto, la seguridad como política de Estado, reglas que trascienden los ciclos políticos y una interlocución efectiva entre Estado, empresas y las comunidades son variables indispensables para lograrlo.
Ninguna de estas condiciones exige refundar el modelo, sino gestionarlo mejor. En un momento donde el Perú busca reinventarse, quizá el desafío más urgente sea simplemente ejecutar. El capital ya está mirando, nos toca darle razones para quedarse y apostar por el país.
