El nuevo Gobierno –Senado, Parlamento y Ejecutivo– debe ser consciente de su tremenda buena suerte. El país que recibirá en julio muestra indicadores bastante positivos. En el 2025 las exportaciones alcanzaron un récord histórico de poco más de US$90 mil millones; se proyecta llegar a los US$100 mil millones este año. El crecimiento económico llegó al 3,4% el año pasado, y la proyección para el 2026 es de 3,2% (BCR). Por si fuera poco, nuestra inflación es una de las más bajas y menos volátiles de la región.
Aunque los riesgos fiscales son los más advertidos, el riesgo inflacionario ha comenzado a asomarse, tímido, pero latente. Muchos consideran el bloqueo del Estrecho de Ormuz como un shock puntual, no duradero. Todo depende del tiempo que tome restablecer el flujo de los barcos cargueros de petróleo y gas natural. El obstáculo: si el crudo se mantiene por encima o bordeando los US$100 el barril de manera sostenida por meses, las consecuencias serán múltiples.
El impacto en el transporte es inminente. Las cadenas logísticas trasladarían los sobrecostos al precio final de los productos y servicios. Los más afectados serán los alimentos y, por tanto, las familias más vulnerables. También, el transporte aéreo se vería obligado, tarde o temprano, a elevar los precios de los pasajes, y ya en marzo, los precios internacionales de los fertilizantes –el petróleo y el gas natural son insumos clave para su producción– reaccionaron al conflicto en Medio Oriente. La urea, uno de los insumos más utilizados en el Perú, subió más del 70% en lo que va del año.
El escenario internacional se va complicando después de un 2025 bastante bueno. Localmente, no se trata solo de no abusar de nuestra suerte, sino de no dejarnos arrastrar por nuestro expertise en pilotear en automático y nuestra capacidad real –pero finita– de que la economía no se vea afectada inmediatamente por un mal manejo interno. Consecuencias siempre hay, sea a mediano o largo plazo. Así, antes de entregar el país al nuevo Gobierno, el MEF tiene la oportunidad de observar más de una norma, el Ejecutivo debería respetar el DU que reestructura Petro-Perú, y el Congreso podría devolver a la Comisión de Energía y Minas el dictamen que perjudicará al sector minero formal. La gestión actual debe entregar el mando en julio sin abusar de su privilegio y poder.
