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La presidenta Dina Boluarte declaró que con S/10 se puede hacer sopa, segundo y postre; mientras que no hace mucho el titular del Midagri indicó que en el Perú no se pasa hambre. Estas afirmaciones del Ejecutivo no solo subestiman el gasto real para la alimentación de las familias, sino que ignoran que más de un tercio de los peruanos no satisfacen sus requerimientos nutricionales. Asegurar una alimentación adecuada para los más vulnerables requiere de mayor inversión privada para generar crecimiento y empleos de calidad, además de estrategias e intervenciones públicas focalizadas y oportunas.
La presidenta Dina Boluarte declaró que con S/10 se puede hacer sopa, segundo y postre; mientras que no hace mucho el titular del Midagri indicó que en el Perú no se pasa hambre. Estas afirmaciones del Ejecutivo no solo subestiman el gasto real para la alimentación de las familias, sino que ignoran que más de un tercio de los peruanos no satisfacen sus requerimientos nutricionales. Asegurar una alimentación adecuada para los más vulnerables requiere de mayor inversión privada para generar crecimiento y empleos de calidad, además de estrategias e intervenciones públicas focalizadas y oportunas.
El hambre en el Perú
Según cifras del INEI para el 2023, alimentar a una familia de cuatro personas en situación de pobreza requiere de un gasto de S/22 diarios. Dicha cifra, que puede llegar a S/30 en Ica y S/18 en Cajamarca, es más de dos veces la mencionada por la presidenta. Al margen de ello, lo grave es que ese gasto resulta insuficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales de estos hogares vulnerables. Según el INEI, en el segundo trimestre del 2024, el 36,5% de la población (12,5 millones de personas) presentó déficit calórico. Es decir, más de un tercio de los peruanos no consumen las calorías suficientes para cubrir el mínimo saludable. Además, las cifras reflejan un incremento de casi tres millones de personas en comparación con el segundo trimestre del 2019.
Haciendo uso del Índice Global de Hambre se verifica que, luego de una mejora entre el 2010 y el 2019 en la seguridad alimentaria en el Perú, persiste un deterioro desde entonces. Así, el Perú ocupa en el 2024 la posición 38 de 127 países, por detrás de Colombia (28), Brasil (33) y México (31). Estos retrocesos también se evidencian por regiones. Así, con excepción de Áncash, Piura, Cajamarca, Cusco y Ucayali, las 20 regiones restantes se encuentran en peores condiciones de hambre que en el 2019, y 8 de ellas registran incluso un peor resultado que en el 2010 (por ejemplo, Lima y el Callao).
El incremento en la inseguridad alimentaria en el Perú está asociado con la mayor pobreza y la lenta recuperación económica tras la pandemia. Según el INEI, en el segundo trimestre del 2024, el 29% de hogares enfrentó una disminución de sus ingresos o pérdida de su patrimonio, porcentaje superior al del mismo período en el 2019 (22%). Frente a esta situación, el 21% se vio obligado a reducir su consumo de alimentos, cinco puntos porcentuales más que hace cinco años.
En Lima Metropolitana esta reducción en el consumo de alimentos asciende a 26% producto del aumento de la pobreza en el ámbito urbano tras la pandemia, especialmente en la capital (de 14% a 29%, entre el 2019 y el 2023). Así, el déficit calórico (39% en el segundo trimestre del 2024) aumentó más de 10 puntos porcentuales respecto al promedio 2010-2015, superando al resto urbano (36%) y al ámbito rural (33%).
Entre el 2009 y el 2014, mientras el Perú crecía en promedio 5,8% anual, la desnutrición y la pobreza se reducían en 1,9 y 2,2 puntos porcentuales cada año, respectivamente. Sin embargo, conforme la economía perdió dinamismo, el ritmo de mejora de dichos indicadores se desaceleró. Tras la pandemia, la reducción de la desnutrición consolidó su estancamiento y la pobreza aumentó. Volver a reducir la pobreza monetaria y el déficit calórico requiere de un mayor dinamismo económico que se logrará solo con mayor inversión privada. De esta manera, las familias podrán satisfacer sus requerimientos nutricionales gracias a empleos de calidad.
La inseguridad alimentaria es un problema grave que afecta a un gran parte de la población. El desconocimiento o minimización de este problema por parte de las autoridades es muy grave. Se afirma que una alta rotación de los ministros les impide articular una buena gestión. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social cumplirá 2 años de gestión en unos días. Corresponde entonces exigir que, en coordinación con el MEF y el Minsa, despliegue intervenciones adecuadas que respondan a las necesidades urgentes de la población.
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