Entre 1990 y el 2019, el PBI del Perú ha creció alrededor de 765% (en términos nominales), más que duplicando el ingreso per cápita. Asimismo, la distribución de este ingreso se ha vuelto menos desigual: el coeficiente Gini ha pasado de 53,3 (1997) a 40,7 (2023) (a menor valor, mayor igualdad en la distribución de ingresos).
Entre 1990 y el 2019, el PBI del Perú ha creció alrededor de 765% (en términos nominales), más que duplicando el ingreso per cápita. Asimismo, la distribución de este ingreso se ha vuelto menos desigual: el coeficiente Gini ha pasado de 53,3 (1997) a 40,7 (2023) (a menor valor, mayor igualdad en la distribución de ingresos).
Nuestro modelo económico –basado en la apertura al mundo, fomento y garantías a la inversión privada, estabilidad en las cuentas macroeconómicas y de nuestra moneda, el control de la inflación y un BCR autónomo– ha logrado que el país crezca significativamente, que se reduzca la pobreza y se genere mayor bienestar para todos los peruanos. Todos logros notables, pero el modelo no ha sido perfecto y hay, entre otros, dos temas clave que se deben corregir.
La informalidad, medida como el número de empresas informales respecto al total de empresas, o como el porcentaje de empleos informales, no se ha reducido en estos 30 años. Alrededor del 70% de los empleos son precarios, sin beneficios y ofrecen poca seguridad (en todo sentido) a quienes los llevan a cabo.
Por otro lado, la calidad de los servicios públicos, con la única excepción de las telecomunicaciones y la energía (ambos sectores en manos de empresas privadas en su mayor parte), continúa siendo muy pobre. La educación pública, la salud, la seguridad, la infraestructura, el agua y el saneamiento siguen siendo tremendamente deficientes a pesar de haberse destinado el doble o incluso el triple de recursos a estos sectores en los últimos 30 años. El peruano promedio no percibe ninguna mejora en este terreno. Por ejemplo, solo el 48% de los hogares urbanos tiene agua las 24 horas.
La realidad de los últimos 30 años nos dice que el crecimiento económico no ha sido suficiente para resolver ambos problemas.
La informalidad es resultado de una combinación de excesiva regulación laboral, de permitir o tolerar el desarrollo de actividades ilícitas, la falta de demanda de empleo por parte de empresas formales, así como de una educación deficiente y una baja productividad de la PEA. Se requiere decisión y trabajar en todos estos aspectos para reducirla.
En cuanto a la calidad de los servicios públicos, se necesita una reforma total y profunda del Estado. No puede ser que los ingresos tributarios del Gobierno Central se hayan más que sextuplicado entre el 2002 y el 2024 sin que ello se refleje en mejoras tangibles y significativas en el ornato y limpieza de las ciudades, en las vías de comunicación, en la calidad de la educación y la salud, y, sobre todo, en seguridad ciudadana.
En las próximas elecciones debemos de elegir una propuesta que defienda y refuerce el modelo económico, que ha sido tan exitoso y ha logrado reducciones significativas en los niveles de pobreza y desigualdad. Pero a la vez es indispensable que exijamos que el próximo gobierno tenga una agenda que complemente el modelo, orientada a la reducción de la informalidad y a la mejora de los servicios públicos. No podemos seguir avanzando sin resolver estos dos problemas.
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