¿Cuánto nos cuesta la conflictividad social?, por David Tuesta

El gobierno viene mostrando una actitud lamentable frente al incremento de la conflictividad social en el país. Nadie dice que darle solución sea fácil, pues incorpora una serie de riesgos extremadamente sensibles. Pero lo que no es aceptable es ver a un gobierno que presenta un irrespeto absoluto a la institucionalidad, avalando sin pudor las actitudes violentistas y, cargando la responsabilidad de la situación al sector privado, cuando no es así. Los casos recientes de actos vandálicos en contra de la actividad minera y el discurso oficialista que los justifica no tienen precedentes.

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La paralización indefinida de actividades por parte de la minera Las Bambas, frente a la pasividad absoluta del Ejecutivo es la prueba máxima de nuestra precariedad gubernamental. Su actitud ha socavado la producción de una unidad minera que por si sola representa el 1% del PBI y más del 70% del PBI de Apurímac. De acuerdo con un estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC) de próxima publicación donde se calcula el impacto de la minería sobre la actividad económica e indicadores sociales regionales, se encuentra que, si la actividad minera no se hubiese desarrollado en la región desde el año 2000, hoy Apurímac tendría una tasa de pobreza que casi duplicaría la actual.

En un estudio Harvard Kennedy School del 2014, donde se analizaron 50 casos de conflictos en el mundo, se encuentra que los conflictos socioambientales pueden llegar a representar un costo de USD 20 millones a la semana -en valor presente- para proyectos mineros de entre USD 3 mil millones y USD 5 mil millones. Las pérdidas en Las Bambas se aproximan al último número. Asimismo, en el caso de la exploración minera inicial, los costos de suspender temporalmente un proyecto ocasionarían pérdidas cercanas a los USD 10 mil por cada día de demora, debido a la merma de salarios y los costos de mantenimiento de un campamento de exploración. Para la exploración avanzada, que implica la perforación y la delimitación geofísica de los cuerpos minerales, se pueden perder hasta USD 50 mil por día de demora.

Es delirante que el gobierno ponga en riesgo cerca de 50 proyectos de inversión en el sector minero por un valor cercano a los USD 60 mil millones. Se estima que estos proyectos generarían un crecimiento del PBI cercano a 25%. Asimismo, considerando los ingresos fiscales directos por rentas mineras y los ingresos por los encadenamientos productivos, se concluye que la puesta en marcha de esta cartera de proyectos generaría ingresos fiscales de más de S/300 mil millones; es decir, un promedio mayor a los S/.15 mil millones de ingresos tributarios por año si se consiguiera implementar estas inversiones en los próximos 20 años.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, existen más de 200 conflictos sociales activos y latentes en el país que no dejen de multiplicarse. ¿Pero cuáles son las causas de esta situación? De acuerdo con la literatura son múltiples, pero uno de los factores que suele estar detrás son los de carácter institucional, muy relacionados a la capacidad del Estado para gestionar el contrato social. El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) del CPC nos permite aproximarnos desde esta perspectiva, encontrándose que aquellas regiones con mayor nivel de conflictividad social registran peor gestión a nivel regional en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones. Es más, si se acotan los conflictos sociales a conflictos socioambientales, la relación se vuelve aún más negativa. A manera ilustrativa, fijémonos en el caso de los distritos mineros, que reciben ingresos importantes por la distribución del canon, pero que apenas pueden ejecutar la mitad de este presupuesto.

Pero los problemas no acaban sólo en la mala ejecución presupuestaria de las regiones. Estos se complican aún más cuando incluso las inversiones que se ejecutan se hacen con lentitud o mal, y se mezclan con conocidos actos de corrupción de funcionarios y autoridades subnacionales a cargo de la gestión de millonarios presupuestos. Y sobre esto, se suma también un mal esquema de distribución de los recursos del canon minero que trae no sólo problemas para el cierre de brechas, sino también serios desbalances sociales entre poblados vecinos que luego incentiva a que comunidades que se encuentran fuera del área de influencia minera se vean involucradas en situaciones de conflictividad.

Si bien la solución a toda esta problemática requiere acciones de carácter estructural que reformen el funcionamiento del Estado, las acciones de corto plazo del gobierno no pueden partir por negarlas y colocarse del lado de los grupos violentistas, cuyas protestas no tienen asidero dentro del marco institucional. Si se sigue obrando así, se terminará consumando una crisis de magnitud incalculable para el país.

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