Formalización minera en la encrucijada

El aporte de la minería para el desarrollo del Perú se ha venido debilitando en el caso específico de la minería artesanal y de pequeña escala (mape). Esto debido a su desarrollo desordenado, su asociación con la informalidad e ilegalidad y los impactos ambientales negativos que ha generado. Es así como la minería no formal se ha convertido en una actividad que genera más dinero ilícito que el narcotráfico y es percibida como el segundo sector más poderoso del país detrás del Congreso.

Aunque el Estado ha tratado de regular la mape, no ha podido transformarla en una actividad formal, productiva y sostenible. Se ha generado un ambiente propicio para el incremento de actividades ilegales que se disfrazan de informales durante el proceso de formalización. De hecho, este proceso ha fracasado: se cuentan con 86.140 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y únicamente con 2.065 formalizados.

En un estudio elaborado por Videnza para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, encontramos que una de las principales falencias del proceso de formalización minera es la débil rectoría del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Dicho proceso es ejecutado por cada gobierno regional (GR), sin mecanismos de fiscalización sobre sus resultados y dejando al Minem la labor pasiva de actualizar el Reinfo de acuerdo con la información otorgada por los GR.

El proyecto para una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal presentado por el Ejecutivo y que se discutirá en esta legislatura no contempla un proceso de formalización como tal, sino solo establece plazos específicos para concluir el proceso actual. Se sigue dando la facultad a los GR de autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades de la mape, lo que representa un peligro de mantener el statu quo.

Resulta indispensable que se fortalezca la rectoría del Minem para que sea vinculante y con la asignación de partidas presupuestarias y la capacidad de gestión suficientes. Si bien el proyecto de ley dispone el uso de recursos del canon minero (hasta el 10%), es fundamental que los dos programas presupuestales existentes sean potenciados.

Otra crítica es la falta de trazabilidad, la interoperabilidad de la información y de los procesos entre las distintas entidades involucradas, y la deficiente fiscalización que existe para asegurar que mineros ilegales, encubiertos de informales bajo el manto del Reinfo, puedan limitar sus actividades. El proyecto de ley propone establecer medidas de debida diligencia y trazabilidad para las actividades de comercialización de oro. Además, plantea la implementación del Sistema Nacional Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que deberá integrar la información relacionada con la mape. Más allá de los esfuerzos de coordinación, la relación entre el Minem y los GR suele ser compleja (y en ocasiones conflictiva), pues hay clara evidencia que muestra que la gestión de algunos GR tiende a ser capturada por grupos de interés donde priman móviles particulares. La norma podría resultar en letra muerta por los enormes intereses económicos en juego.

Por último, el proyecto de ley establece plazos para finalizar el proceso de formalización minera. Esto es clave porque se ha venido interrumpiendo y retrasando en muchas oportunidades debido a las constantes prórrogas de plazo. El Congreso continúa ampliando los plazos (el actual vence a fin de año) y permitiendo la inscripción de nuevos mineros. Urge recuperar este carácter excepcional y dar punto final a nuevas extensiones. Veremos si la Mesa Directiva del Parlamento está realmente a la altura de las circunstancias y le pone un pare a la impunidad que prevalece en esta delicada materia.