La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) advirtió, mediante un comunicado, que los proyectos de Ley N° 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR, que buscan castigar con cárcel a directores y gerentes de empresas de telecomunicaciones por la promoción, distribución y contratación se servicios móviles en las calles no detendrán las extorsiones.
Según el comunicado, frenan el acceso a servicios móviles e internet por parte de los peruanos, especialmente en zonas alejadas. El gremio sostiene que no hay relación entre las actividades que se proponen penalizar y la extorsión o la comisión de otros delitos.
“Los criminales ya usan otras vías más difíciles de rastrear, como llamadas por internet desde otros países con numeración alterada, líneas móviles en roaming, redes informales de fibra óptica sin regulación o la reventa ilegal de internet usando antenas WiFi para conectar incluso a las cárceles. Penalizar a los directivos o al vendedor o comprador que adquirió un chip a unos metros del punto de venta no resolverá esto”, sostuvo AFIN.
Además, señalaron que la medida ahuyentará la inversión, afectará la estabilidad del sector y retrasará la llegada de internet a los 3 millones de peruanos que aún no tienen acceso. Asimismo, estos proyectos de ley frenarán la implementación de nuevas tecnologías como el 5G.
“Es injusto responsabilizar a las empresas móviles cuando son las que han llevado conectividad a los lugares más alejados del país, alcanzando más de 42 millones de líneas móviles activas”, agrega AFIN.
Por otro lado, mencionan que en países como México, Argentina y Chile no tienen leyes que castiguen penalmente a los directivos por ventas ambulatorias, por el contrario ocurren sanciones administrativas y los esfuerzos se centran en mejorar los controles.
Finalmente, AFIN exhortó al Congreso a reconsiderar estas propuestas y enfocarse en soluciones reales que fortalezcan la verificación de datos y que ataquen la raíz de la criminalidad.
