Ante la suspensión provisional del cobro de peaje en las garitas del peaje Chillón por parte del Poder Judicial, la Asociación para el fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN, señaló que dicha decisión representa un mal precedente para el sistema de concesiones viales.
Indicó que ello traerá consecuencias en el sistema de concesiones que aseguran carreteras en buen estado, y por ende la competitividad del país.
De otro lado -expresó- según nuestra Constitución, ningún contrato puede vulnerarse y una medida como la mencionada no solo no es competencia del Tribunal Constitucional ni del Poder Judicial, sino que, además, genera inestabilidad a la inversión en general.
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“Un concepto que todos olvidamos es que la tarifa de peaje es por el uso y desgaste de las vías. De no existir este pago, todos los peruanos tendremos que pagar con nuestros impuestos para que existan unas pocas carreteras, incluso sin usarlas. Las cifras para mantener las vías no concesionadas es una clara muestra: en 2023, el gasto de mantenimiento de vías, gestionadas por el Estado, disminuyó 20% respecto al 2022 y fue 6% menor que en 2019, en términos nominales. Entre 2015 y 2022 el gasto de mantenimiento vial representó el 0.3% del PBI. Esto implica que hay una menor atención al mantenimiento y pronto necesitaremos reconstruir las vías existentes”, remarcó.
AFIN precisó que las tarifas siempre se ajustan por inflación para mantener el valor del dinero, y que si se requieren otras vías alternas, que no son de responsabilidad de los concesionarios, estas deben ser ejecutadas por el Estado.
“Sin peaje, la inversión y mantenimiento se ven afectados. Y somos todos los peruanos quienes sufriremos las consecuencias, no sólo porque terminaremos pagando la deuda que los tribunales arbitrales competentes han establecido por casos previos, sino las que se generen por lo que se deje de recaudar durante el periodo que dure la medida cautelar o cualquier decisión de este tipo”, dijo.
“Exhortamos a la reflexión de las autoridades y todos los actores involucrados, a fin de llegar a consensos para garantizar el mantenimiento y operación de las vías concesionadas y, además, continuar con la inversión para el desarrollo de obras pendientes importantes, como, por ejemplo, el caso de La autopista Ramiro Prialé que está inconclusa y casi en abandono, afectando a miles de personas de la zona y otras que hacen uso de la Carretera Central”, finalizó.
