El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, anunció que en los próximos días se reunirá con el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, con el propósito de dialogar sobre los puntos más importantes respecto a la reglamentación de la ley que regula a los juegos y apuestas deportivas a distancia de manera online.
“Ayer miércoles conversé brevemente con el ministro Mathews y quedamos en reunirnos en los próximos días para ver detalles de la nueva reglamentación que elabora este portafolio, respecto a la nueva ley Nº 31806 que obliga a las empresas de juegos y apuestas deportivas a distancia a tributar en nuestro país”, comentó el dirigente.
Entonces “nos encontramos en plenas coordinaciones para que esta reunión se dé cuanto antes”, anotó.
Choy agregó que en su oportunidad, la Asociación de Bodegueros alcanzó al Mincetur 700 observaciones que pueden ser considerados en la nueva reglamentación de la referida ley.
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“Estas observaciones han sido formuladas por los distintos actores que dependemos de esta actividad. Queremos conocer si estas observaciones han sido acogidas y, sobre todo, cómo las han interpretado y planteado. Porque una coma en un reglamento puede cambiar totalmente el sentido de una norma”, comentó.
En ese sentido, anotó que “por un tema de transparencia de la administración pública el reglamento debe ser prepublicado para así tener la oportunidad de conocerlo y sobre todo alertar al Mincetur para que pueda subsanar aspectos lesivos que pudieran estar figurando en dicha norma”.
“Hemos planteado que nosotros podamos disponer de un espacio para realizar la venta de apuestas deportivas a distancia y de esta manera sobrevivir a la crisis actual. Lo que queremos evitar es que se cause un daño irreparable a los 500 mil bodegueros que se quedarían sin empleo porque nos quedaríamos sin un pequeño ingreso adicional que nos permita subsistir”, el dirigente.
Cabe recordar, que el pasado 28 de junio, el Poder Ejecutivo promulgó la ley Nº 31806 que obliga a que las empresas extrajeras dedicadas a esta actividad tributen en nuestro país, como sucede en países de primer mundo miembros de la OCDE.
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