El Perú se encamina a registrar uno de los ciclos de inversión minera más relevantes de la última década, perfilando importantes oportunidades para el crecimiento económico, pero que también exige decisiones urgentes frente al avance de la minería ilegal del oro. Así lo advierte el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, en su más reciente columna para el Semáforo Minero.
De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank citado por Ortiz, la inversión minera en el país alcanzaría alrededor de US$6.400 millones en 2026, lo que representaría un crecimiento cercano al 10% y marcaría el nivel más alto de los últimos diez años. “Este nivel no solo superaría los registros prepandemia, sino que marcaría el punto más alto de la última década”, señaló el vicepresidente del IIMP.
Las cifras recientes confirman esta tendencia. Entre enero y septiembre de 2025, la inversión minera acumuló US$3.909 millones, un crecimiento interanual de 15,3% frente al mismo periodo de 2024. Solo en septiembre, las inversiones alcanzaron US$550 millones, el monto mensual más alto del año.
Ortiz destacó además el dinamismo de la exploración minera, que sumó US$527 millones en los primeros nueve meses del año, un aumento de 34,5%, lo que considera una “señal clara de confianza en el potencial geológico del país”.
Ortiz también advirtió que “este dinamismo de la minería formal convive con una amenaza creciente: la expansión de la minería ilegal del oro, que no tributa, no cumple estándares ambientales ni sociales”. Según el análisis citado del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, una mayor incorporación de la producción de oro al circuito formal permitiría incrementar significativamente la recaudación fiscal, en un momento de fuertes restricciones presupuestales.
El riesgo va más allá del ámbito económico. “La minería ilegal del oro se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado”, alertó Ortiz, quien señala que diversos análisis internacionales muestran que esta actividad ilícita está desplazando incluso al narcotráfico tradicional debido a su alta rentabilidad y bajo nivel de fiscalización.
“La llamada narco-minería no solo depreda el medio ambiente y vulnera derechos humanos; también erosiona la institucionalidad, alimenta la inseguridad y priva al Estado de recursos fundamentales para el desarrollo”, agregó.
Desde el IIMP, Ortiz señaló que ello requiere una respuesta integral del Estado. “Consolidar un sector minero fuerte, formal y competitivo permitirá generar riqueza, recaudar más impuestos, impulsar el desarrollo regional y cerrar el espacio a las economías criminales”, sostuvo.
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