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La ONP insiste en ser AFP pública

Sería la única alternativa para devolver ahorros a quienes no cumplen los 20 años de aporte

Los congresistas cuestionaron las bajas pensiones del sistema y la gran carga de procesos judiciales pendientes que tiene por resolver la ONP.

Los congresistas cuestionaron las bajas pensiones del sistema y la gran carga de procesos judiciales pendientes que tiene por resolver la ONP.

La precaria situación financiera de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se hace cada vez más evidente y, ante esta situación, el propio organismo reconoce que su mejor salida es convertirse en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) pública.

El jefe de la entidad, Alejandro Arrieta, insistió –ante la Comisión de Trabajo y Protección Social del Congreso– que la ONP abandone el sistema de reparto y adopte el esquema de cuentas de capitalización individual, tal como sucede en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

“La mejor solución para el país es convertir a la ONP en una AFP pública. El cambio debe ir acompañado con incentivos para tener una mejor pensión. Por ejemplo, el matching, un mecanismo mediante el cual el Estado aporta un adicional a la contribución que realiza el trabajador [esquema propuesto por la Comisión de Protección Social]”, anotó Arrieta.

La propuesta responde a uno de los principales problemas del sistema actual, que lleva a que muchas personas no reciban una pensión al no cumplir con el requisito legal de 20 años de aporte a la ONP.

En ese sentido, Arrieta recordó que, en la práctica, esto hace que nunca se gane el derecho a una pensión y, además, resaltó que sería “inviable” devolver los aportes a quienes no alcanzaron los 20 años de cotización.

TRABAS LEGALES

Las personas que aportaron, pero no pueden demostrar haber cumplido el requisito de los 20 años, terminan en procesos judiciales contra la ONP, reclamando dicho derecho.

Por esta razón, 1. El problema –observa Arrieta– es que son pocas las personas que realmente pueden ganar los litigios y, sin embargo, son alentados por abogados a continuar con las demandas.

Según calcula la ONP, solo el 40% de los procesos judiciales vigentes podría resultar favorable para los demandantes. En tal caso –estimó–, el costo para la entidad ascendería a unos S/300 millones.

“El principal obstáculo para el desistimiento es de los abogados. El asegurado sí quería que se desestime, pero el abogado no. Eso nos terminó costando”, dijo.

Tal como ha informado este Diario, la ONP gasta anualmente S/17 millones en contratación de abogados.

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