Plan Impulso Perú representaría para el gobierno un costo de S/14.905 millones, según la CCL

El plan de crecimiento económico denominado Impulso Perú, que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representaría para el gobierno un costo de unos S/14.905 millones entre gastos reales, subsidios, garantías y lo que dejaría de recaudar, sostuvo la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Cabe señalar que Impulso Perú consta de 28 medidas dirigidas a la inversión y ocho al consumo privado. En ese sentido, Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la CCL, detalló que -según el MEF- la mitad de las 36 medidas propuestas deben ser aprobadas por el Congreso de la República, por lo que la implementación y resultados de este programa se verán en 2023.

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Además, explicó que en el caso de la promoción del financiamiento productivo donde se creará el programa de impulso empresarial, la promoción e impulso de un mayor crédito a las mypes; el impulso al crédito para pequeños agricultores y apoyo financiero para las campañas agrícolas y el fondo mipyme emprendedor, se gastará alrededor de S/2.000 millones bajo la forma de garantías de los préstamos.

Señaló que para el tema del soporte temporal a hogares vulnerables el gobierno ha establecido ocho medidas entre subsidios, programas y bonos.

Para el caso de subvenciones se tiene el subsidio al GLP para uso doméstico, subsidio a la tarifa eléctrica para hogares vulnerables y el subsidio al transporte urbano para rutas concesionadas y autorizadas.

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En programas está el de empleo temporal para la contratación de trabajadores jóvenes, la implementación del bono alimentario, habitacional y de alimentación complementaria para poblaciones vulnerables.

“Cabe precisar que solo el Bono Alimentario le costará al gobierno S/1.600 millones que serán asignados a través de un subsidio de S/270 por cada beneficiario”, indicó.

En esa línea, Chávez manifestó que las medidas de soporte temporal para hogares vulnerables si bien son necesarias para apoyar a los hogares más pobres afectados por la inflación, se necesita una correcta focalización para evitar filtraciones.

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Medidas tributarias

El Iedep sostuvo que en las medidas tributarias para la inversión privada el Estado dejaría de recaudar S/6.859 millones en cinco iniciativas: depreciación acelerada para edificaciones y otras construcciones; depreciación acelerada para los vehículos eléctricos; incentivos a la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+I); impulso a la inversión en exploración en minería e hidrocarburos y prorrogar la exoneración del IGV de los apéndices I y II del TUO del IGV.

“Respecto a estas medidas tributarias, resulta positivo la depreciación acelerada en la construcción que incentiva el mercado de oficinas, centros comerciales, etc. Lo mismo corresponde a la prórroga de la devolución del IGV a la exploración minera e hidrocarburos. Aún está pendiente la presentación de la mayoría de medidas para ser aprobadas en el Congreso. Falta saber cómo se implementarán las distintas propuestas”, comentó.

Asimismo, el ejecutivo mencionó que por las medidas para la aceleración y destrabe de la inversión pública, así como por las medidas de recuperación de la confianza, el gobierno asignaría recursos por S/323 millones y S/40 millones, respectivamente. “Parte de estos montos comprenden la mayor asignación de recursos humanos”, puntualizó.

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Fortalecer capacidades de gobiernos subnacionales

La CCL consideró importante la repotenciación del equipo de Conectamef del Ministerio de Economía y Finanzas no solo por la baja ejecución del presupuesto destinado a la inversión pública, sino también porque en el 2023 habrá nuevos alcaldes y gobernadores regionales que tendrán a su cargo recursos públicos.

El Conectamef es el Centro de Servicios de Atención al Usuario del MEF que brinda los servicios de mesa de partes, atención de consultas, capacitación y asistencia técnica a funcionarios de los gobiernos regionales y locales, así como a organismos públicos y entidades de tratamiento empresarial.

Al respecto, Óscar Chávez aseguró que esta baja ejecución se debe, entre otras cosas, a las débiles capacidades técnicas de los funcionarios. “Esta medida cobra relevancia especialmente para el siguiente año porque el 49% del presupuesto de inversión pública lo concentrarán los gobiernos subnacionales, con un presupuesto de alrededor de S/26.581 millones”, acotó.

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También indicó que es necesario que el Congreso apruebe en segunda votación el proyecto de ley N° 1762/2021-PE, que busca reactivar 1.170 obras públicas paralizadas a nivel nacional y que intenta corregir las debilidades del DU N° 008-2019 que solo logró reactivar 90 obras, de las cuales apenas 54 han finalizado.

Asimismo, el Iedep señaló que es importante la modificación de la Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01 para garantizar que los proyectos priorizados en la Programación Multianual de Inversiones respondan al cierre de brechas y no al rédito político de las autoridades de turno.

“Por otro lado, consideramos que hubiese sido fundamental anunciar medidas para reactivar o acelerar la ejecución de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad para los cuales se han asignado S/2.340 millones del presupuesto público 2023″, explicó.

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