Hace pocas semanas, el Poder Judicial dio a conocer que de enero a octubre del 2020 en el distrito judicial de Lima se encontraron en trámite 27.589 procesos laborales judiciales. La cifra en diez meses es bastante menor al total de casos laborales atendidos en los años 2018 y 2019, que llegaron a 63.996 y 64.098, respectivamente.
Aracelli Morales, líder del Equipo Procesal Laboral de Miranda & Amado Abogados, lo atribuye a que el año pasado fue diferente en varios aspectos. El principal cambio, indicó, fue que el Poder Judicial se vio obligado a suspender labores por varias semanas por la pandemia, y en ese tiempo no se podía interponer demandas ni hacer seguimiento a los casos.
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Luego, cuando las labores se reactivaron, se adoptó la mesa de partes virtual y se pensó que habría un desembalse de las demandas de nuevos procesos que no se pudieron interponer. Pero no es lo que sucedió.
“Las personas muchas veces no saben interponer demandas por mecanismos virtuales, por desconocimiento, desconfianza o dificultad en el acceso”, afirmó Morales. Si bien las cifras son del distrito judicial de Lima, hay una disminución en el número de procesos en todos los distritos judiciales.
Respecto a los casos más recurrentes en materia laboral, la abogada precisó que el mayor número de procesos se concentran en impugnaciones de despido, pago de beneficios (sobretiempo o CTS), y también demandas de desnaturalización de contrato temporal.
Asimismo hay demandas de daños y perjuicios, que son recurrentes ya sea por accidentes, enfermedad, o daños por un despido mal realizado. O porque los trabajadores están desde sus casas, y al no tener las mismas herramientas y condiciones, pueden alegar una serie de daños, desde estrés laboral hasta daños ergonómicos.
A raíz de la pandemia, explicó la laboralista, también hay un mayor número de procesos contenciosos administrativos. Porque a muchas empresas se les denegó las solicitudes de suspensión perfecta de labores, y estas recurren al Poder Judicial para que determine si debieron ir a suspensión o no.
Morales estimó que es probable que para el 2021 el número de procesos se incremente. “Ya no estamos en el escenario anterior, las personas conocen mejor los mecanismos que se han habilitado y están más familiarizados”, apuntó.
A manera de recomendación sugirió que se ponga atención a los temas contingentes, porque no todo debe llegar a la vía judicial. Se puede dar una resolución antes que llegue a la vía judicial, de manera preventiva. Y para iniciar el proceso debe contar con asesoría jurídica.
Por su parte, Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de Sunafil, cree que este descenso en el número de demandas judiciales en materia laboral no es un producto del COVID-19, sino que viene de atrás. Porque ciertamente la conflictividad laboral no está bajando. Para muestra está el número de denuncias en Sunafil el año 2019 que fue de 39 mil y el 2020 fue de 43 mil.
Una de las razones es que la mayoría de controversias judiciales en la ciudad de Lima están mutando porque el distrito judicial de Lima se ha partido en Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. Y gran parte de la Lima Industrial se ha ido a Lima Este.
Otro motivo aparente, añade, es que los demandantes todavía no se sienten muy cómodos y les parece muy complicada la litigación oral, más aún en tiempos de COVID-19, cuando es más difícil presentar documentos. También se explica por la imposibilidad de los trabajadores de poder acceder a medios más sofisticados para iniciar demandas judiciales.
Cáceres coincide con Morales al puntualizar que el Poder Judicial es el último espacio de conflicto laboral, porque el primero debe ser la empresa, y los conflictos deberían resolverse en ese ámbito, y el segundo espacio debe ser Sunafil.
“El escalamiento del conflicto es el problema, porque debe resolverse en el espacio ideal, que es el espacio empresarial. Sunafil debería ser un filtro cuando el problema no se resuelve en la empresa”, acotó. Además, dijo que muchas veces los casos que llegan al Poder Judicial no son tan relevantes, porque no hubo un espacio anterior que lo pudiera resolver.
El presidente de la República, Francisco Sagasti anunció nuevas restricciones para frenar el avance de contagios del nuevo coronavirus. Las cuáles entraran en vigencia a partir del 31 de enero al 14 de febrero del 2021.
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