“La ATU podría representar legalmente a cualquier víctima de un delito en el transporte público”

-¿Qué es el PMU y cómo va a ayudar a la movilidad de los ciudadanos?

Lo que va a lograr el PMU es que los ciudadanos de Lima y Callo se desplacen en sistemas de transportes seguros y eficientes. Este plan implica mirar cómo la lógica de desplazamientos de la ciudad tiene que apoyarse con lo que ya existe, lo que puede ser promovido y lo que podría lograrse en el futuro.

En una ciudad activa, los ciudadanos se movilizan por sus necesidades de trabajo, estudios, recreación (...) y hay zonas que brindan mejores ofertas de transporte que otras. Entonces, se necesita mejorar las condiciones de la oferta de los servicios de transporte para satisfacer las demandas.

Es un plan que ha recibido mucho respaldo de la ciudadanía, porque no solo te dice cómo se mueve la gente de un lado a otro. Este plan identifica desplazamientos y tiene una mirada de crecimiento sobre dónde podrían haber espacios que tengan las condiciones que valora la ciudadanía para desarrollarse y necesitar un transporte.

-¿Cómo sabe que ha recibido respaldo de la ciudadanía?

Porque hemos hecho consultas a los colegios de arquitectos e ingenieros de Lima y Callao, hacemos convocatorias al público interesado, a entidades de representación ciudadana. Adicionalmente, hemos tenido mesas de trabajo en el momento de la construcción y luego hemos tenido mesas posteriores a ellas.

-¿En qué etapa está el plan actualmente?

Ya estamos cerrando el documento. Lo que necesitamos es que instituciones como la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao y los colegios profesionales den su visto bueno o propongan mejoras técnicas para que el documento pueda pasar a ser aprobado por el Consejo Directivo de la ATU. Si no hubiera algún planteamiento, estaríamos en condiciones de aprobarlo en diciembre.

-Aproximadamente, ¿en qué año estarán implementadas todas las propuestas del PMU?

La visión es implementarlas progresivamente en 20 años, de cara al 2045.

-¿Y cuánto dinero se invertirá?

Se requiere una inversión aproximada de 40 mil millones de dólares para toda la cartera de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Con la formulación del plan en el 2026, se realizará un análisis más a detalle de cada proyecto y esta cifra puede modificarse.

-A partir de todo lo que han trabajado hasta el momento, ¿cuáles son los 3 cambios más importantes que necesita el transporte de Lima y Callao?

El primer punto fundamental es que la Línea 1 debe llegar a mover un millón de pasajeros por día. La Línea 1 tiene que crecer para dar mejores condiciones de movilidad y desplazamiento. El PMU contempla asegurar una conexión de mayor velocidad entre San Juan de Lurigancho, Jicamarca y Huarochirí a través de una integración intermodal con la Línea 1 y los buses del corredor morado.

El segundo punto es la necesidad de la Línea 3 y la Línea 4, porque estarán en zonas que hoy tienen altos niveles de desplazamientos y necesitan con urgencia un transporte masivo de calidad: la zona norte y la zona sur [Línea 3], y la zona de Javier Prado hacia el Callao [Línea 4]. Si no le damos a los ciudadanos sistemas de transporte público de calidad, seguirán aumentando los autos y vamos a terminar asfixiándonos en nuestros propios vehículos.

Otro punto interesante es el teleférico para que el ciudadano viaje directo de San Juan de Lurigancho a Tomás Valle en San Martín de Porres. Esto también le va a permitir interconectarse con el servicio de transporte interprovincial y hacia el aeropuerto a través del Aerodirecto.

El teleférico es fundamental no como un modelo de distribución final de viaje, sino como una integración de una red multimodal. Con ella, por ejemplo, podremos conectar rápidamente la zona más alejada de San Juan de Lurigancho con el eje de Callao para que los ciudadanos dejen de perder casi dos horas de viaje.

-¿Qué herramientas existen para garantizar que los proyectos se cumplan incluso cuando cambien los líderes de la ATU o el propio gobierno?

Un primer cambio en la estructura de la ATU es que ahora trabajamos bajo un modelo de gestión por resultados, que establece indicadores de impacto concretos por cumplir. Por ejemplo, reducir el tiempo de viaje, aumentar la cobertura de la flota de transporte y bajar la siniestralidad. De esa forma, coincidimos entre todos en la forma de medir las cosas.

Los equipos técnicos son el segundo paso que hemos dado en la ATU. Tenemos un modelo claro de lógica y meritocracia en el cual las posiciones son llevadas adelante por un equipo profesional técnico.

El tercer punto es tener clara la lógica de los modelos de contratación y ejecución de los proyectos. La ATU ve los temas de gestión de la ciudad y ProInversión es nuestro socio y brazo técnico, porque es un ente altamente especializado en implementación de proyectos. Eso permite que podamos trabajar de manera conjunta.

-En junio de este año informaron que “desde agosto instalarían más de 16 mil cámaras en 8 mil buses y 100 taxis para reforzar la seguridad”, pero el proceso de contratación fue declarado nulo por deficiencias. ¿Saben ya cuándo van a retomar el proceso de contratación?

Ahora estamos evaluando entre mantener un proceso de contratación directa, como el que se avanzó en su momento, o ir a un modelo competitivo de contratación. Tenemos claro que se necesita una respuesta y por eso creo que el anuncio no va a pasar de este mes. La evaluación técnica es importante para definir en qué plazo colocaremos las cámaras.

-¿Qué otras medidas propone la ATU ante la inseguridad en el transporte público, que todos los días mata y hiere a conductores y pasajeros?

El primero es el programa Asyste, que ayuda a los operadores de las empresas de transporte en la coordinación con la Policía Nacional, brindándoles un acompañamiento en la formulación y tramitación de denuncias. Ya se está ejecutando.

Se tiene también una propuesta de proyecto legislativo que permita que la ATU, en su condición de gestor, también pueda constituirse como parte agraviada ante un delito en el transporte público. La ley hace que el agraviado de un delito en el transporte sea la persona que sufre el daño y el propietario del vehículo. Como la ATU no es propietaria de los vehículos ni agraviada ante un delito, nos sacan del proceso judicial. Entonces, buscamos que haya un cambio en el proceso judicial-penal que permita que nosotros seamos parte del proceso como parte agraviada y podamos ejecutar el seguimiento de las denuncias.

-En ese caso, por ejemplo, si dos delincuentes suben a un bus y roban los celulares de todos los pasajeros e incluso el del chofer, ¿todos ellos pueden recibir la protección de la ATU?

Así es. Al convertirnos en la parte agraviada, la ATU podría representar legalmente a cualquier persona que sufra un delito en el transporte público y mantener la continuidad del proceso de denuncia con nuestros abogados hasta que haya una sanción.

-¿Cuál considera que ha sido el principal aporte de la ATU en seis años a cargo del del transporte público en la ciudad? Viajar en el Metropolitano sigue siendo un caos, cada vez hay más colectivos, los buses de los corredores van repletos...

Voy a responder en proporción a los periodos de gestión. Entre el 2019 y el 2024, tuvimos una ATU centrada en la parte normativa y legal. Desde el 2024 y con visión al 2029, nos centramos en la recuperación de títulos habilitantes, estabilidad para los operadores, inversión y renovación de flota. No hemos estado más cerca que hoy de tener la Línea 3 y la Línea 4, porque hemos sentado las bases con el modelo de estructuración que tenemos y el convenio con ProInversión.

Quizá puedan decir que ‘eso hoy en día no soluciona el transporte público’, pero es la base de la solución. Si no hubiéramos empezado con esa estrategia el año pasado, no estaríamos hablando de tener nuevos vehículos en el transporte dentro de los próximos cuatro años.