Dos mil agentes penitenciaros se sometieron al polígrafo: ¿Cómo se desarrolló el primer día de esta medida en Lurigancho?

Corrupción, pagos indebidos y favorecimiento al delito dentro de las cárceles. Son algunas de las acciones que se buscan detectar, y posteriormente erradicar, en los establecimientos de reclusión a nivel nacional con el inicio de las pruebas del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciaria (INPE). Fueron aproximadamente 2.000 agentes penitenciarios del penal de Lurigancho los que fueron sometidos a esta evaluación este jueves 20 de noviembre.

A través de la red social X, el presidente José Jerí informó durante la tarde que el establecimiento penitenciario de Lurigancho sería el primer penal donde se aplicaría esta medida. Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) precisó que la meta es realizar 78 evaluaciones por día.

Las evaluaciones se iniciaron con el personal de seguridad interna y externa del referido penal, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, quienes se encontraban en su día de franco. Según informó el MinjusDH, en las siguientes fases, se someterá a la prueba al personal de tratamiento y administrativo.

El sector ha proyectado culminar la aplicación de estas pruebas en el penal de Lurigancho durante el mes de diciembre. “El proceso garantiza la reserva, la confidencialidad y la plena protección de los derechos fundamentales de todos los evaluados”, indicó.

Esta evaluación fue dispuesta por el Decreto Supremo 27-PCM en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. El Gobierno dispuso que se realicen pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del INPE, así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

La última vez que se dispuso el uso del polígrafo en una institución pública fue en el 2019, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó esta prueba a funcionarios y servidores de confianza como parte de una iniciativa de lucha anticorrupción. La norma que aprobó la medida indicaba que la prueba sería voluntaria.

El polígrafo es también conocido como el “detector de mentiras”, ya que este instrumento puede detectar si la persona que se somete al escrutinio no dice la verdad a través de la medición de sus reacciones fisiológicas, como el ritmo cardíaco, la presión arterial y la frecuencia respiratoria.

Asimismo, una sentencia del 2010 del Tribunal Constitucional calificó al polígrafo como una técnica “que sirve para hacer un diagnóstico del apartamiento consciente de la verdad o no de una persona al momento de emitir sus respuestas”.

El polígrafo consta de varias partes: el neumógrafo para medir la respiración; el esfigmomanómetro (o cardiógrafo) para la presión arterial; el galvanómetro para la conductancia de la piel; y sensores de movimiento para detectar contramedidas.

Para iniciar con el registro de las reacciones, la persona es conectada a una máquina a través de brazaletes neumáticos, tubos torácicos y electrodos en los dedos. Estos sensores envían datos a una computadora que utiliza un software para elaborar gráficos y analizar las variaciones de las reacciones.

En tanto, sobre qué entidad o personal estará a cargo de llevara a cabo la prueba del polígrafo en los establecimientos penitenciarios del país, el mismo presidente José Jerí detalló que “el proceso de evaluación de credibilidad” será desarrollado por las Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

Esta primera etapa del uso del polígrafo se ejecutará exclusivamente en el penal de Lurigancho, en Lima, el más grande a nivel nacional y con una alta cifra de hacinamiento (casi 10 mil internos). De acuerdo con el INPE, dicho establecimiento concentra un alto nivel de riesgo debido a la existencia de redes dedicadas a extorsiones, tráfico de comunicaciones y coordinación delictiva hacia el exterior.

Asimismo, investigaciones periodísticas ha revelado anteriormente que, en penales como Lurigancho, existen delegados internos que administran el día a día en los pabellones, gestionan pagos, privilegios y acceso a bienes prohibidos. Incluso, esta estructura no solo controla el ingreso de nuevos internos a un sector, sino también la distribución de recursos y los sobornos a personal penitenciario.

En ese sentido, el uso del polígrafo surge en un contexto de críticas severas al sistema penitenciario por la presunta corrupción en puestos clave y su aparente incapacidad de contener las operaciones criminales que se organizan desde los penales, muchas de ellas ligadas a la extorsión y sicariato. Por ejemplo, recientemente se han incautado celulares que servían para fines ilícitos.

Según ha señalado el jefe del INPE, Iván Paredes, solo 30 de los 69 penales que hay en todo el país cuentan con bloqueadores de señal. Por si fuera poco, muchos de estos dispositivos se encuentran inoperativos o están diseñados para interferencias 2G y 3G, pese a que la mayoría de celulares incautados funcionan con tecnología 4G y 5G.

Aaron Aleman, socio fundador del Estudio Aleman y López, detalló que desde el plano constitucional y administrativo, el uso del polígrafo sí es posible de aplicarse de manera excepcional en entidades públicas cuando tiene por finalidad preservar el interés general (seguridad pública, integridad institucional, lucha contra la corrupción y criminalidad organizada).

Para ello, dijo, se debe respetar estrictamente los estándares establecidos por el Tribunal Constitucional: la notificación previa y razonada del examen, una explicación completa del procedimiento y los motivos específicos de su realización, la presencia de un abogado defensor o persona de confianza, y la entrega del resultado al examinado.

“En ese contexto, la aplicación del polígrafo en el INPE, especialmente en un contexto de emergencia y seguridad penitenciaria, resulta constitucionalmente viable como mecanismo administrativo de confiabilidad, la cual debe respetar los requisitos antes expuestos de manera concurrente y solo posible de practicarse con la anuencia de a quien se le va realizar dicha técnica“, sostuvo.

En tanto, Aleman precisó que las conclusiones del polígrafo solo pueden servir como elemento preliminar que justifique el inicio de indagaciones, más no como fundamento directo de sanciones o determinación de responsabilidad. “Deben existir más elementos que puedan acreditar o corroborar los cargos que se le atribuyen a los funcionarios o servidores públicos del INPE“, señaló.

Por último, el experto aclaró que aunque el polígrafo pueda operar válidamente en el plano administrativo, sus resultados no pueden trasladarse al proceso penal para efectos de determinar la responsabilidad de una persona, “solo siendo factible como punto de partida para abrir una investigación, nunca para desvirtuar por sí misma la presunción de inocencia del investigado”.