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El sacerdote Marco Agüero, de 61 años, permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de San Borja tras ser denunciado por cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad, por presuntos tocamientos indebidos.
El sacerdote Marco Agüero, de 61 años, permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de San Borja tras ser denunciado por cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad, por presuntos tocamientos indebidos.
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El Ministerio Público dispuso siete días de detención preliminar mientras se realizan diversas diligencias para esclarecer las acusaciones contra el religioso, quien se desempeñaba como administrador temporal de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría.
Según informó la abogada de las denunciantes, Valeria Cabrera, tres de las menores ya han brindado su testimonio mediante cámara Gesell como parte del proceso de investigación.
“Hoy (Agüero) está detenido en virtud de la detención preliminar que ha ordenado el Ministerio Público, de acuerdo al plazo de siete días. Se están realizando todas las diligencias ordenadas también por el Ministerio Público y él está recluido en la sede de San Borja”, declaró a RPP.
Cabrera explicó que el avance de estas diligencias depende de la disponibilidad de horarios del sistema de cámara Gesell y de la carga de trabajo existente. En ese sentido, indicó que las otras dos denunciantes pasarán por este procedimiento el lunes 9 de marzo.
La abogada también señaló que todas las presuntas agraviadas formaban parte de grupos juveniles que participaban en actividades de la parroquia.
Denuncia previa y acciones de la Iglesia
En un comunicado, el Arzobispado de Lima informó que el 11 de diciembre del 2025 la Curia Arquidiocesana recibió una carta de 29 páginas firmada por varios fieles en la que se señalaba al sacerdote por “diversos comportamientos problemáticos”, incluyendo una acusación por “tocamientos no consentidos”.
De acuerdo con la institución, la denuncia fue remitida inicialmente a la Comisión de Escucha de la Arquidiócesis, la cual el 26 de diciembre trasladó el caso al Ordinario de Lima para que se realizara un primer juicio de verosimilitud.
Ese mismo día, el cardenal Carlos Castillo impuso un remedio penal de carácter formal al sacerdote y dispuso que un delegado iniciara una investigación previa sobre los hechos denunciados.
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Posteriormente, en febrero de este año, el arzobispado informó que se adoptaron medidas cautelares contra el religioso conforme a lo establecido en el Código de Derecho Canónico.
Finalmente, la institución expresó su solidaridad con las presuntas víctimas, pidió respeto al desarrollo de las investigaciones y aseguró que colaborará con las autoridades judiciales para esclarecer el caso.
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