Gobierno ajusta postura y permite continuidad de mineras formales: los entretelones de un cambio de decisión

Como parte de las medidas dadas tras la muerte de 13 trabajadores de la empresa R&R al interior de un socavón ubicado en Pataz, región La Libertad, el Gobierno dispuso el último lunes la suspensión de toda actividad minera en dicha provincia por 30 días prorrogables, a fin de facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden en la zona. El anuncio dejó muchas dudas en gremios empresariales y el sector formal de la minería que opera en el lugar pues no precisaba si incluía a este último.

Al respecto, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, precisó el martes que la decisión de suspender las actividades mineras en Pataz no involucra a las empresas formales que operan en la zona. Señaló que solo en el rubro de pequeña minería y minería artesanal que actúan de acuerdo a ley existen más de 200 negocios.

“La disposición de suspender las actividades no involucra a las empresas formales. En la zona de Pataz hay 200 empresas de la pequeña minería y la minería artesanal formales que ya cumplieron con su proceso de formalización. A esas empresas no les alcanza la suspensión de las actividades mineras”, explicó.

Asimismo, Montero indicó que solo las empresas que no estén formalizadas deberán suspender sus actividades y su tránsito durante los próximos 30 días, mientras agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional toman el control del territorio e inician la búsqueda y captura de delincuentes y organizaciones criminales.

Cabe mencionar que durante el referido plazo, según informó la presidenta Dina Boluarte, también se procederá con la exclusión de aquellas personas que figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) bajo la condición de suspendidos.

A través de una conferencia, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el último lunes, una serie de medidas con el propósito de hacerle frente a la criminalidad en Pataz: el toque de queda en el distrito de Pataz entre las las 6pm y las 6 am, la instalación de una base militar en la zona, el pedido de facultades legislativas en materia de terrorismo urbano y la suspensión de actividades mineras en el sitio de conflicto.

“Se suspenderá toda actividad minera en la provincia de Pataz por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Durante este plazo, se va a proceder con la exclusión de todos los Reinfos en condición de suspendidos”, precisó la jefa de Estado respecto a la última medida.

Minutos después, en la misma conferencia, el titular del Minem, Jorge Montero, reiteró lo dicho por Boluarte. No obstante, lejos de aclarar si la disposición incluía al sector minero formal, acrecentó la incertidumbre.

“Reafirmar nuevamente lo indicado por la presidenta, en el sentido de que durante 30 días prorrogables se suspende en la provincia de Pataz toda actividad minera. No se va a permitir ninguna actividad ni tránsito de material minero ni de insumos durante dicho aplazo, que puede ser prorrogable dependiendo de las circunstancias y la evolución de los hechos”, refirió.

Del mismo modo, en la tarde, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, terminó por confundir a todos con su respuesta a la misma interrogante durante su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

Durante su intervención, se le consultó a Díaz Zulueta sobre si la suspensión de la actividad minera en Pataz incluía a las empresas formales, a lo que respondió que creería que sí, pero que no estaba seguro del todo.

Díaz Zulueta había asistido al Legislativo con el fin de responde una serie de preguntas sobre el asesinato de 13 personas en Pataz y a exponer las medidas preventivas que tiene el Mininter para disminuir el riesgo de que ocurran nuevos actos de violencia en la zona.

De acuerdo con el ministro Montero, la medida de suspensión de actividades mineras en Pataz alcanza a todas las empresas que no están formalizadas a la fecha. En ese sentido, precisó que las empresas formales de minería en la zona se encuentran perfectamente reconocidas e identificadas. “A ellas no se les va a suspender las actividades, precisamente porque gozan del beneficio de la formalidad”, agregó.

“Se suspenderán las actividades (de empresas no formalizadas) mientras las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales toman control del territorio e inician su labor de búsqueda y captura de delincuentes y organizaciones criminales. Estamos decididos a retomar el control del territorio“, enfatizó.

El Comercio pudo conocer que el Gobierno tuvo que retroceder en su anuncio original de suspensión de actividades mineras en Pataz, ya que carecía de cierto sentido: era evidente que en la practica la disposición solo iba a recaer en las empresas formales, como Poderosa (en el caso de la gran minería), pues los informales e ilegales actúan al margen de la legalidad y no obedecen ninguna orden.

Por otro lado, si desde un inicio dicha medida se había pensado solo para el sector informal, carecía de toda lógica por lo ya explicado. De todas formas, el anuncio originó que gremios empresariales y el sector minero formal de Pataz se pronuncien al respecto, mostrando su desacuerdo por los perjuicios que una probable suspensión les acarrearía.

“De haber sido para todos, la medida hubiera afectado indudablemente al sector formal, pues el informal e ilegal se aleja de cualquier regulación. El ilegal está prohibido de operar, pero lo hace igual, con prohibición o sin ella“, explicó Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, a El Comercio.

No obstante, este diario pudo conocer a través de fuentes cercanas al sector minero que la incertidumbre generada por el anuncio motivó una serie de conversaciones y pedidos por parte de diferentes gremios sobre el alcance de la medida. Todo ello se dio durante la tarde del lunes.

Debido a la premura con la que se realizó el anunció, se indicó, no hubo forma de precisar la medida. Por ello, la mañana del martes el ministro Montero tuvo que hacer la aclaración.

Por su parte, tras el anuncio, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que “suspender la actividad formal que cumple con las normas ambientales, de seguridad y tributarias sería contraproducente”, sostuvo.

En tanto, Pablo De la Flor, representante de minera Poderosa, dijo a este Diario que la empresa espera confirmar los reales alcances del anuncio sobre la suspensión de la actividad minera en Pataz, pues señaló que de alcanzar al sector formal sería desfavorable y conllevaría a un significativo un perjuicio económico.

“Sería contraproducente suspender las operaciones de los formales, algo que precisamente vienen buscando los ilegales hace años. Ello entrañaría no solo enormes pérdidas para las empresas formales que operan en la zona, sino también una menor recaudación para el fisco”, indicó.

En diálogo con El Comercio, la presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, mencionó que es importante que las empresas formales que están autorizadas por el Minem sean las que continúen sus operaciones, sin embargo, aguardarán a que esto sea precisado en la norma a publicar ya que por el momento todo resulta confuso.

“Cuando veamos el detalle de lo que vayan a publicar ahí podemos comentar con más profundidad. Pero sí, estoy de acuerdo en que no pueden paralizar las empresas que tiene autorización, las cuales son supervisadas por el Minem“, manifestó.

En tanto, Torreblanca detalló que su gremio ha puesto a disposición sus expertos para que puedan apoyar en la redacción de la norma. “Todavía no hemos logrado reunirnos con el ministro ni conversar con él. Para medir el impacto de una posible suspensión a empresas formales tendrían que calcularse las toneladas de libras de oro no producidas, no exportadas, impuestos no pagados y divisas no recibidas. Espero que no sea el caso“, expresó.

El ministro Montero anunció este martes, la próxima instalación de un grupo de trabajo multisectorial para abordar el desarrollo y la formalización de las actividades mineras en Pataz.

Detalló que los primeros convocados para integrar esta mesa de diálogo serán las rondas campesinas, las organizaciones de base, así como las autoridades elegidas por voto popular, como alcaldes distritales, provinciales y el gobernador regional.

En tanto, Torreblanca resaltó que en el proceso de redacción de la norma que contempla las medidas anunciadas el Gobierno debería tomar en cuenta la opinión de las empresas mineras que conocen la zona de Pataz y que operan allí, pues es una sector complicado. Por ello, sugirió que se las invite para que puedan aportar conocimiento al plan que se está preparando.

“Entiendo que los formales no deberían estar impactados, si hubiera alguna medida que involucre transporte y otros se puede revisar, pero creo que necesitamos sentar en la mesa a las empresas junto con el Gobierno para que puedan diseñar la mejor estrategia sin impactar las operaciones”, señaló.